Las comisarías del hada buena
Mientras se investiga el rol de la policía bonaerense en la masacre de San Miguel de Monte, impulsan otra investigación contra la gobernadora María Eugenia Vidal y dos de sus ministros por el incendio de la comisaría de Echeverría que dejó diez muertos. “De las 272 comisarías provinciales que alojan detenidos, 105 tienen orden de clausura, pero hay personas que viven en esos lugares”, advierten desde el CELS.
Por Luciana Bertoia para El Cohete a la Luna
Mientras se investiga el rol de la policía bonaerense en la masacre de San Miguel de Monte, en la justicia federal de Lomas de Zamora, empieza a moverse otra investigación que puede llegar contra la gobernadora María Eugenia Vidal y dos de sus ministros, Cristian Ritondo y Gustavo Ferrari, por el incendio de la comisaría de Esteban Echeverría que dejó diez muertos.
El 15 de noviembre de 2018, ocurrió un incendio en la comisaría 3° de Transradio, en Camino de Cintura, partido de Esteban Echeverría. Había 27 personas apelotonadas en dos calabozos en condiciones de hacinamiento. Dos de ellas murieron por el fuego, las otras ocho, cuando llegaron a los hospitales de la zona para ser atendidas.
Fueron diez muertos por el incendio a pesar de que la comisaría está ubicada al lado de un cuartel de bomberos.
También sucedió pese a que el año anterior siete presos habían fallecido en la comisaría de Pergamino y que había más de seis órdenes judiciales ordenando que se desalojara la dependencia policial de Transradio. Dos meses antes, el ministro de Seguridad provincial, Ritondo, se había quejado de la «puerta giratoria» y había advertido: «Prefiero a los delincuentes amontonados que liberados». Así sucedió en Transradio.
Ahora, el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena investiga si Vidal, Ritondo y Ferrari estaban al tanto de la situación e hicieron caso omiso. El 10 de mayo pasado, la fiscal federal Cecilia Incardona le pidió al magistrado que tome una serie de medidas para determinarlo. En primer lugar, que le solicite al juzgado de garantías 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Javier Maffucci Moore, que mande todos los oficios en los que les informó a las autoridades acerca de la situación de los detenidos y ordenó trasladarlos. En segundo lugar, que los organismos provinciales manden copia certificada de los expedientes que debieron haber armado cuando el juzgado de garantías les ordenó, el 30 de enero de 2018 —diez meses antes del incendio—, que relocalizaran a los detenidos.
La decisión sobre avanzar o no con las medidas preliminares que pidió la fiscal la tiene el juez Villena, que, en las últimas semanas, estuvo en el ojo de la tormenta después de haber ordenado la intervención de los teléfonos del penal de Ezeiza que dio lugar a las filtraciones de conversaciones de ex funcionarios y presos ligados al kirchnerismo. La fiscal impulsó la acción penal el 28 de diciembre último, aunque todavía faltan resolver cuestiones relativas a la competencia.
La investigación se abrió con una denuncia del diputado Horacio Pietragalla Corti, que sostiene que Vidal y sus funcionarios podrían haber incurrido en abandono de persona al no haber atendido a las órdenes del juez de garantías. Por otro lado, tramita en la justicia provincial una causa por las diez muertes en sí.
Días atrás, la Comisión Provincial por la Memoria (CpM) recusó al fiscal que interviene en ese tramo, Fernando Semisa. Según explicaron, el funcionario incurrió en una serie de dilaciones y mostró una tendencia a responsabilizar a los propios presos.
En la comisaría, no existía red de prevención de incendio, no había colchones ignífugos y los dos matafuegos tenían las cargas vencidas, resaltó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un comunicado reciente. Y advirtió: “De las 272 comisarías provinciales que alojan detenidos, 105 tienen orden de clausura, pero hay personas que viven en esos lugares”.
*Por Luciana Bertoia para El Cohete a la Luna .Imagen de portada: La tinta
