Trump y su cuento de la criada
La administración Trump y sus aliados neoconservadores impulsan de forma sistemática la prohibición de las leyes estatales que permiten realizar abortos.
Por Juan Ignacio Aréchaga para L’Ombelico del Mondo
El Senado del estado de Alabama aprobó el martes 14 de mayo la prohibición del derecho al aborto que tienen las estadounidenses desde 1973, en una nueva oleada antiabortista que recrudeció desde la llegada de Donald Trump al poder. Georgia, Ohio, Kentucky y Mississippi ya han tomado medidas similares, y son por lo menos 16 los estados que están trabajando en la misma dirección.
En tanto que ningún tribunal la derogue -como suele ocurrir por ser inconstitucional-, la ley aprobada prohíbe la interrupción del embarazo incluso en casos de incesto o violación y solo lo permite en aquellos en los que corra peligro la vida de la madre. Además, le otorga 99 años de prisión al médico que lo practique, alzándose como una de las leyes más restrictivas de las últimas aprobadas.
“Le están diciendo (a mi hija) que está bien que la violen y que tendrá que tener un hijo si queda embarazada”, dijo entre lágrimas el senador demócrata Bobby Singleton en el recinto; a su vez, declaró más tarde en una cadena televisiva que el fin de semana había habido un fuerte lobby por la aprobación de la misma. Afuera, una multitud de mujeres se congregó para repudiar la medida con disfraces al estilo de Offred en la serie El Cuento de la Criada.
“Creo que toda vida es preciosa. Como gobernadora pro-vida, siempre pelearé por proteger a los no nacidos”, manifestó la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, quien se sumó a lista de republicanos que vienen pregonando por el fin del derecho al aborto en el país, y quien ya promulgó la ley hasta ahora más restrictiva.
Por su parte, la reverenda y presidenta de la Federación Nacional del Aborto (NAF, por sus siglas en inglés), Katherine Ragsdale, salió a responderle: “Los políticos han demostrado una vez más que preferirían promover su agenda personal extrema en lugar de garantizar la seguridad y el bienestar de sus electores. Están jugando juegos con la vida de las personas y sus derechos protegidos por la Constitución”.
A principios de mayo, el estado de Georgia cambió su ley vigente que le permitía a una mujer realizarse un aborto hasta la semana 20 de embarazo, para reemplazarla por una que prohíbe abortar si se detecta el latido del corazón del feto, situación que los especialistas indicaron que no se corresponde con la evidencia científica.
En abril, los legisladores de Ohio habían aprobado una ley similar, que prohíbe abortar a una mujer cuando se detecte el latido del corazón del feto, lo cual puede suceder en la semana seis de embarazo y requiere que las mujeres se sometan a una prueba de ultrasonidos en la vagina.
Elizabeth Watson, abogada del Proyecto de Libertad Reproductiva de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), presentó una demanda contra la nueva ley de Ohio, entendiendo que la prohibición del aborto a partir de la semana seis es, en realidad, una prohibición de casi todos los abortos. En tanto que antes de la semana seis, la mayoría de las mujeres ni siquiera saben que están embarazadas.
Según la ACLU, el 90 por ciento de los abortos en Ohio se practican en y después de la semana seis del embarazo. Además, destacaron que si la ley entrara en vigencia, las personas de color, las personas con dificultades financieras y las jóvenes, se verán “afectadas de manera desproporcionada”, siendo que las mujeres negras “tienen tres veces más probabilidades que las mujeres blancas de morir por causas relacionadas con el embarazo”.
Si bien desde 2011 los sectores conservadores -ligados a organizaciones religiosas-, vienen aprobando restricciones al acceso al aborto, desde la llegada de Trump ven una oportunidad fehaciente de prohibirlo. Para ello, los estados buscan presionar a la Justicia aprobando leyes inconstitucionales con el fin de que la batalla legal alcance a las esferas de la Corte Suprema, la que podría rever el histórico fallo de 1973, y en la que Trump ha nombrado a dos jueces conservadores: Neil Gorsuch y Brett Kabanaugh.
El aborto en Estados Unidos
Hacia fines de los años 1960, en pleno apogeo de las luchas por los derechos civiles, colectivos feministas y de la comunidad legal realizaron una campaña nacional para presionar a los estados para que legalicen el aborto. Y se presentaron una decena de juicios en distintos estados cuestionando la prohibición del mismo.
Para entonces, la mayoría de los estados lo habían prohibido y solo New York, Washington, Alaska y Hawai se hicieron eco del derecho al aborto, derogando su prohibición entre 1967 y 1973. Otros trece estados aprobaron también reformas limitadas.
En 1973 el aborto se volvió legal en todo Estados Unidos, a partir de un fallo de la Corte Suprema conocido como “Roe versus Wade”. En éste, la Corte estableció que el derecho a la privacidad “es lo suficientemente amplio como para incluir la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo”, y solo estableció como plazo para la interrupción hasta el momento en el cual exista una posibilidad razonable de supervivencia del feto fuera del útero.
Debido a su sistema judicial, el Common Law, el fallo de la Corte hizo que las legislaciones de todos los estados deban adecuarse, aprobándose así el aborto en todo el país.
Según un informe de la Planned Parnthood Federation of America, una de las organizaciones más importantes en el mundo en temas reproductivos y de los derechos de las mujeres -y a la cual Trump cortó su financiamiento-, en la actualidad el aborto “es uno de los procedimientos clínicos más frecuentes, y menos del 0,3 por ciento de las mujeres que se hace un aborto legal sufre una complicación seria”.
Sin embargo, desde el fallo de 1973 sectores conservadores han presionado para su reversión. Se han presentado múltiples demandas, juicios y leyes que, no obstante, no han logrado modificar sustancialmente el criterio que impuso la Corte Suprema sobre el derecho al aborto ligado al derecho de privacidad de las mujeres.
Sobre el acceso al aborto
Además de los claros beneficios del aborto legal en relación a la abismal reducción de las muertes maternas por casos de infección, a la posibilidad de la planificación familiar y al respeto en general del cuerpo de las mujeres, la legalidad es el aro protector de los efectores sanitarios que lo practican. Ya que es sabido que el aborto existe desde tiempos inmemoriales y que su prohibición no significa su desaparición.
En Estados Unidos existen numerosos grupos religiosos fanáticos que se movilizan en actos contra el aborto, presionan a las mujeres que esperan su turno incluso dentro de las clínicas abortistas, y hasta han cometido varios casos de extrema violencia contra mujeres que abortaron y médicos que los practicaron.
Uno de los casos más emblemáticos sea, tal vez, el del fugitivo del FBI James Charles Kopp, quien, enrolado en el grupo extremista anit-aborto “Los Corderos de Dios”, el 23 de octubre de 1998 asesinó de un disparo de francotirador al obstetra Barnett Slepian. Slepian era un reconocido médico de una clínica abortista de Nueva York e, inmediatamente después del ataque de Kopp, su nombre fue tachado de la lista de médicos que el sitio web del grupo extremista publicaba.
Ese no fue el único caso extremo, y las intimidaciones y amenazas contra los cuerpos médicos son frecuentes. Por ello, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos de Estados Unidos (ACOG) viene pronunciándose en contra de los proyectos que buscan limitar el derecho al aborto, oponiéndose “a todo tipo de interferencia política en la práctica de la medicina”.
Además, el ACOG destacó: “El acceso al aborto está amenazado por las restricciones del gobierno estatal y federal, las limitaciones en los fondos públicos para los servicios y la capacitación sobre el aborto, el estigma, la violencia contra los proveedores de servicios de aborto y la escasez de proveedores de servicios de aborto”.
Desde hace un año, Trump viene limitando y/o anulando el financiamiento a las clínicas que practican abortos, en el marco de una campaña para ganar el beneplácito de los republicanos. Estos ataque al financiamiento son, asimismo, tan antiguos como la aprobación del aborto misma, y en la actualidad hay varios modos de acceder a un aborto; dependiendo del estado, de la clínica (los hospitales son más caros), de la semana de embarazo y del seguro médico que se tenga, un aborto puede costar entre 500 y 2.400 dólares aproximadamente.
“Trabajemos juntos para construir una cultura que valore la vida inocente”, interpeló Trump a los congresistas en febrero pasado, con un discurso que buscó alzar el debate sobre ambigüedades, pidiéndoles que voten una ley para prohibir el aborto “tardío de niños que pueden sentir dolor en el vientre de la mujer”. Algo que el Colegio de Obstetras descartó de plano.
*Por Juan Ignacio Aréchaga para L’Ombelico del Mondo
