Con el FMI, llegó el olor a muerte a Honduras
El gobierno hondureño negocia un nuevo préstamo con el organismo financiero que implica un duro recorte de presupuesto y despidos de empleados públicos.
Por Javier Suazo para Nodal
Honduras se apresta a suscribir un nuevo convenio de cooperación (¿préstamo?) con el FMI (una misión técnica se encuentra en el país), que permita blindar la gestión ilegítima de Juan Orlando Hernández (JOH).
Los personeros del FMI, la mayoría de cuarta y quinta categoría -ya que en Honduras la orden del día es acatar todo lo que recomienden para estabilizar la economía, por lo que no hay debate-, han venido reuniéndose con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y colegios profesionales para conocer qué opinan de las propuestas adelantadas (partición de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica –ENEE-, por ejemplo), y racionalización de las exoneraciones fiscales.
Como es la costumbre, el gobierno de la República ya había adelantado un plan estratégico para enfrentar la crisis financiera de la ENEE, que implica la partición de la empresa, pero, además, el ajuste de las tarifas por arriba de lo recomendado por técnicos del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras (CIMEHQ). El gobierno aumentó las tarifas en más de un 10 por ciento, pero lo recomendable, según los expertos del CIMEHQ, debió ser de cinco por ciento. Este sobreajuste no es cuestionado por el FMI, ya que necesita que el gobierno disponga de recursos para enfrentar la crisis financiera y garantizar el pago del servicio de la deuda externa con los organismos multilaterales y la banca privada.
Recién el Congreso de la República, con mayoría simple y diputados del Partido Nacional y los partidos Democracia Cristiana y Alianza Patriótica, aprobaron dos decretos para la reestructuración de Educación y Salud, un cheque en blanco para que las autoridades puedan despedir empleados públicos (médicos y maestros), y violar sistemáticamente sus derechos adquiridos con la vigencia de estatutos gremiales.
El argumento del gobierno es que se necesitan recursos para comprar materiales, textos y mobiliario de apoyo a los maestros, lo que no se puede hacer dada la rigidez del gasto en salarios y la protección a los empleados que ofrecen las leyes vigentes. En Salud, se busca agilizar la compra de insumos, mobiliario, equipos y medicamentos, por lo que urge flexibilizar lo referido al manejo del gasto de personal. Igual, si no se aprobaban estos decretos, se corría el riesgo de perder 30 millones de dólares para apoyar las reformas.
Los decretos han sido rechazados por la población hondureña, en especial, los colegios magisteriales y sindicatos de salud, a los cuales se han sumado los “Comandos Insurreccionales” del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), y la bancada de la decencia del partido Liberal en el Congreso de la República. Las centrales obreras están divididas, ya que la dirigencia de la Central General de Trabajadores (CGT) apoya el decreto y se pronuncia a favor de la ratificación por el Congreso de la República, ya que sus principales dirigentes enfrentan procesos judiciales por el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
En el frente interno, la Alcaldía Municipal del Distrito Central ha decidido aumentar el monto de pago sobre impuestos de bienes inmuebles, violando la Ley. Ello ha llevado a empresarios agrupados en la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) a interponer un recurso de amparo para que se desista de este nuevo trancazo, que se suma al de las tarifas eléctricas y de los derivados de petróleo.
Frente a ello, las organizaciones de profesores y maestros han llamado a un paro nacional hasta que el Congreso de la República derogue dicho decreto y retome las mesas de diálogo que ya se habían instalado. Las protestas a nivel nacional, pero, sobre todo, en la ciudad capital, en los municipios de Yoro y Choluteca, terminaron en represión y violencia, lastimosamente con varios muertos, según reportan los dirigentes magisteriales y miembros del partido LIBRE.
Para el FMI, los muertos no cuentan y su danza de negociaciones para imponer las nuevas reformas continúa. En caso que no se hagan dichas reformas, el gobierno no tendrá acceso a recursos de los organismos financieros ya negociados, pero también puede aumentar su riesgo-país y complicarse en cuanto al cumplimiento de los objetivos y metas de estabilización económica, en especial, la reducción del déficit fiscal, control de la inflación y pago del servicio de la deuda.
En esta coyuntura, la única alternativa que tienen las organizaciones gremiales y populares es la presión al gobierno/congreso y el paro nacional, ya que la condicionalidad del FMI es tan fuerte que el gobierno de la República puede terminar imponiendo, como en el pasado, esta voluntad sin importar el costo.
En este marco, llama la atención la poca creatividad de funcionarios de gobierno y de los miembros nombrados de las comisiones de reforma para identificar alternativas de solución, que no sean la flexibilidad en los rubros de gasto, en especial, de los sueldos y salarios, lo que se considera una clara violación de los derechos laborales adquiridos. Los sueldos y salarios en estas dos Secretarías de Estado son gastos rígidos, que se programan anualmente en el presupuesto; lo que no han hecho es medir y evaluar la productividad de dichos gastos, a lo cual no se oponen los dirigentes de los colegios profesionales. En tal sentido, debería existir un compromiso compartido de cumplir los objetivos y metas en salud y educación, deduciéndose responsabilidades en caso de incumplimiento.
En paralelo, un programa masivo de capacitación a los maestros es exigido por las dirigencias magisteriales (incluyendo clases de inglés e informática), sumado al fortalecimiento y descentralización de los servicios de salud para contribuir a eliminar la regresividad en el sistema.
Ningún docente, médico o enfermera se opone a la mejora de la calidad de la educación y la salud. El problema es el pensamiento único, la propuesta única y las acciones unilaterales e impuestas; una ideología convertida en política de Estado.
*Por Javier Suazo para Nodal
