“De cada 1000 casos de abuso sexual contra niñxs, 999 quedan impunes”
Las falencias del Poder Judicial, la hipocresía del Estado y la comunidad adulta, la escasa presencia del tema en la agenda y las políticas públicas, así como la falta de capacitación en diversos ámbitos, son los principales obstáculos para enfrentar este delito que afecta a uno de cada cinco niños. Así lo expresan desde la asociación civil «Adultxs por los Derechos de la Infancia».
Por Lucía Maina para La tinta
Integrantes de la asociación civil de la ciudad de Buenos Aires Adultxs por los Derechos de la Infancia realizaron una visita a nuestra provincia para desarrollar diferentes actividades para reflexionar, visibilizar y prevenir el delito de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.
En diálogo con La tinta, desde la asociación que lleva siete años de lucha contra esta problemática, alertan sobre la enorme cantidad de niñxs que sufren abusos, un fenómeno que atraviesa todas las clases sociales y que, en la mayoría de los casos, ocurre en el ámbito familiar. Frente a la ausencia de medidas concretas desde los tres poderes del Estado y la escasa relevancia que la comunidad adulta le da a estas agresiones, cuestionan el doble discurso que ubica a la infancia como una prioridad, mientras, en los hechos, “sigue siendo el ultimo orejón del tarro y sus derechos son los que más abiertamente se vulneran”.
Encontrarse para romper el silencio
Los orígenes de Adultxs por los derechos de la infancia expresan el espíritu de esta asociación, que nació como un colectivo autogestionado en el año 2012 a partir de la experiencia personal de sus fundadores, Sebastián Cuattromo y Silvia Piceda, y del encuentro entre ambxs desde sus coincidencias en el dolor y la lucha contra el abuso sexual en la niñez. “En ese año, yo logro el juicio y la condena penal de quien había sido abusador de mi infancia, más de 20 años después de ocurridos los abusos”, recuerda Sebastián Cuattromo en diálogo con La tinta. Y cuenta que, después de una década de silencio, pudo poner en palabras aquellos hechos de los que fue víctima por parte de uno de sus docentes y realizar la denuncia penal contra su abusador, el ahora ex hermano marianista Fernando Picciochi, quien, finalmente, fue condenado a 12 años de prisión por el delito de corrupción de menores.
A partir del juicio y de que Sebastián comenzó a contar su historia, decenas de personas empezaron a contactarlo para compartir sus propias experiencias de abuso en la infancia o de acompañamiento a niñxs víctimas. Así fue, cuenta, como conoció a Silvia, quien, por su parte, se encontraba luchando por defender a su hija frente a los abusos que había sufrido por parte de su progenitor. “Cuando nos conocimos fue dichoso, terminamos enamorándonos y tuvimos una sintonía muy profunda en las miradas e interpretaciones que le dábamos a nuestras historias y luchas”, agrega Sebastián y comenta que a partir de la trascendencia colectiva que ambxs decidieron darle a sus experiencias personales fue que crearon la asociación.
El trabajo de Adultxs por los Derechos de la Infancia se enfoca, por un lado, en darle visibilidad pública a la problemática del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Se trata de “brindar nuestros testimonios en primera persona a la comunidad en los más diversos ámbitos -escuelas, entidades estatales, bibliotecas, medios de comunicación, universidades-“, dice su fundador, “con la convicción de que los testimonios de los y las sobrevivientes adultos contribuye enormemente para que, como sociedad, vayamos corriendo el velo, el silencio, la negación de este tema tabú”.
A su vez, la asociación que funciona en la ciudad de Buenos Aires sostiene un espacio de acompañamiento y ayuda solidaria entre pares, donde adultxs que fueron víctimas de abusos en su infancia, así como quienes acompañan a niñxs o a otrxs adultxs víctimas de abuso, comparten sus experiencias. Sebastián relata que estos espacios luego comenzaron también a ser replicados en otros lugares del país.
“En la experiencia de todos estos años, vemos que el hecho de poder empezar a poner en palabras este trauma y reconocerse en los testimonios de otros empieza a tener en cada unx un efecto liberador. Porque, entre otras cosas, este delito, como no pasa con ningún otro, tiene una gran injusticia que es que la víctima se carga con un sentimiento de vergüenza y de auto recriminación, y hay quienes no pueden hablarlo en toda su vida», dice.
Y agrega: «En nuestro grupo, por ejemplo, tenemos compañeros de más de 80 años que recién pueden empezar a compartir los abusos que sufrieron en su niñez”.
Enfrentar la hipocresía para defender la niñez
“Nosotros nos llamamos Adultos por los Derechos de la Infancia porque buscamos que todo lo que hemos sufrido y lo que hacemos en el terreno de lucha sirva para la suerte de los que hoy son niños y los del futuro. En este sentido, somos muy críticos de la comunidad adulta de la que formamos parte, porque, muy lejos de lo que sostiene cierto lugar común, cierta retórica a nuestro juicio totalmente hipócrita, de ser una prioridad o lo más importante, la infancia sigue siendo el ultimo orejón del tarro y sus derechos son los que más abiertamente se vulneran”, afirma el integrante de la asociación durante su visita a Córdoba.
Una muestra de ello es el modo en que se aborda el tema del abuso sexual contra la niñez, del que ni siquiera existen relevamientos estadísticos en nuestro país.
Las estadísticas disponibles de esta problemática corresponden a una campaña de la Comunidad Europea que sostiene que uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes son víctimas de delito sexual, es decir, el 20 por ciento de la población. “Hay un contraste entre esta enorme masividad e histórica presencia de este delito, y la presencia que tiene como tema en la agenda pública, en las políticas de Estado, en la sociedad”, denuncian desde la asociación porteña.
A su vez, destacan que donde más suceden estos abusos es en el ámbito familiar y que se trata de un fenómeno presente en todos los sectores sociales y económicos.
La impunidad y las leyes necesarias
Los integrantes de la asociación subrayan también las falencias de la Justicia dado el alto nivel de impunidad que existe respecto a este delito: “Hay especialistas en Argentina que sostienen que el delito de abuso sexual contra la infancia es el delito más impune de la Tierra porque, de cada 1000 abusos que suceden, solo menos del diez por ciento llega al conocimiento del Poder Judicial y, de ese acotado universo, solamente un abuso termina en condena, es decir: de cada 1000 abusos que suceden, 999 quedan impunes”.
Esto se agrava, señalan, al considerar que la mayoría de los casos ocurren dentro de la familia y alrededor de la mitad son de carácter incestuoso:
“Estamos diciendo que buena parte de los abusadores son los progenitores –porque cuando hay un abuso, para nosotros, automáticamente dejo de ser padre y lo llamamos progenitor-, padrastros, primos, tíos, abuelos, hermanos mayores o personas del círculo de máxima confianza de la víctima, como en mi caso, que fue un docente”, dice Sebastián.
Y apunta que, incluso, muchas veces, ante este vínculo familiar, el Poder Judicial termina ordenando revinculaciones de las niñas y niños víctimas con sus propios agresores.
“Por eso, creemos que ya es hora de lograr una ley como la Ley Micaela, que se conquistó hace muy poco a nivel nacional referida a la violencia de género: nosotros creemos que se debería generar lo mismo respecto del delito de abuso sexual contra la infancia, donde sea obligatorio para todas las personas que formen parte de los tres poderes del Estado estar concientizado y capacitado respecto a este delito. Porque no es aceptable que, en el Estado, como garante y promotor de los derechos de la infancia, al día de hoy, exista tal nivel de desconocimiento, ignorancia y prácticas aberrantes en contra de niños, niñas y adolescentes víctimas de este delito”, advierten.
A esta propuesta para avanzar en la protección de la niñez, desde Adultxs por los Derechos de la Infancia, suman la necesidad de lograr la plena aplicación de la ley de Educación Sexual Integral, la cual fue sancionada en Argentina en 2006, pero está lejos de ser una realidad, incluso pese a ser obligatoria para todas las escuelas públicas de gestión estatal y publicas de gestión privada.
“Creemos que si los y las docentes y el conjunto de la comunidad educativa, y, por supuesto, los funcionarios, se capacitaran en torno a esta ley y se comprometieran a hacerla realidad, se estarían generando condiciones y contextos de posibilidad para que, en las escuelas, niños y niñas sientan que pueden compartir emociones, sentimientos, expresar lo que les está pasando y que tienen adultos confiables a los que pueden recurrir”, expresa Sebastián. Y concluye: “Una vez más, los que estamos en deuda somos los adultos”.
*Por Lucía Maina para La tinta. Imagen de portada: Colectivo Manifiesto.
