La explotación laboral rural ascendió al 44% en promedio entre 2016 y 2018
Por Sebastián Premici para Página/12
Los números de explotación laboral en el sector rural durante la gestión Cambiemos son contundentes. A partir de pedidos de acceso a la información pública realizados por PáginaI12 ante el Ministerio de Industria y Trabajo y el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata, este diario pudo precisar que el trabajo informal en el campo ascendió al 44 por ciento en promedio entre 2016 y 2018, con picos de 85 por ciento en algunas provincias. A su vez, las denuncias por trabajo infantil realizadas por el gobierno involucraron apenas a 22 menores, pese a que la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes 2016-2017 realizada por el Indec el año pasado contabilizó 72.808 niños y niñas de entre 5 y 15 años que realizan algún tipo de labor en el ámbito rural “en condiciones de mercado”. Además, hay sólo 734 empresas rurales incluidas en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal), un número muy bajo para los altos niveles de informalidad y explotación registrados en el ámbito agropecuario.
Entre 2016 y 2018, la cartera laboral realizó 7068 inspecciones en todo el país, de las cuales un 58 por ciento registró algún grado de irregularidad. Del total de trabajadores relevados en este período (61.057), la informalidad laboral detectada fue la siguiente: un 43 por ciento en 2016, 46 por ciento en 2017 y un 43 por ciento en 2018.
En los últimos tres años, la precarización laboral en el sector rural según datos oficiales fue del 44 por ciento, en promedio. Es decir, más de 26.800 trabajadores y trabajadoras fueron encontrados en condiciones de informalidad. ¿A cuántos peones rurales regularizó el Estado nacional luego de detectar las situaciones de informalidad? A menos de la mitad (47 por ciento).
Los problemas detectados no sólo implican la ausencia de registración sino que pueden abarcar distintas falencias dentro de los establecimientos o la violación de las obligaciones patronales estipuladas en la Ley 26.727 (estatuto del peón rural sancionado en diciembre de 2011), como por ejemplo acceso a agua potable, condiciones de salubridad, vivienda digna, entre otras. PáginaI12 quiso saber el grado de incumplimiento de la Ley 26.727 pero la cartera laboral carece de esa información, según las respuestas brindadas en dos pedidos de acceso a la información pública.
Los datos vinculados a las posibles transgresiones a la ley del peón rural en sus diferentes capítulos son relevantes ya que una persona puede estar registrada aunque sus condiciones laborales sean paupérrimas. Esta conclusión surge de las mismas respuestas brindadas por el Gobierno nacional.
En promedio, las irregularidades detectadas en las inspecciones son mayores que los trabajadores hallados en condiciones de informalidad. Por ejemplo, en el caso de Corrientes, de un total de 298 inspecciones entre 2016 y 2018, el 71 por ciento presentó irregularidades. Del total de 1823 trabajadores relevados, el 54 por ciento fue encontrado en condiciones de informalidad.
Las jurisdicciones con mayor nivel de irregularidades detectadas en las inspecciones fueron las siguientes: La Rioja (83 por ciento), Neuquén (78,0), Tucumán (77 por ciento), Salta (70,0), San Juan (69,0), Mendoza y Misiones (68,0).
Por otro lado, las provincias con mayor nivel de trabajadores en condiciones de informalidad detectadas entre 2016 y 2018 fueron: Chaco (85 por ciento), Catamarca (66,0), Tucumán (62,0), Santiago del Estero (60,0), San Juan (56,0), Salta (55,0) y La Rioja (47,0).
El sector rural es donde se contabilizan los mayores porcentajes de explotación laboral pero también es un rubro que recibe “protección” mediática y gubernamental. Entre 2016 y 2018, las empresa relevadas fueron 5933 y las irregularidades detectadas en las inspecciones fueron 4095. ¿Cuántas sociedades agropecuarias están incluidas en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) por tener trabajadores en la informalidad? Tan solo 734.
Trata
El Registro de los Trabajadores y Empleadores Rurales, a cargo de las patronales agropecuarias y el gremio de la Uatre, dejó de colaborar con la Protex. Actualmente, este registro canaliza las denuncias por trata laboral a través del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata de Personas (la línea 145), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Página/12 realizó otro pedido de acceso a la información pública para determinar la cantidad de denuncias vinculadas al sector rural. Desde el Programa se informó que no existen datos desagregados por actividad productiva.
Hasta 2015, el 28,5 por ciento de los casos iniciados en el sistema federal argentino por casos de explotación laboral correspondía al sector rural, según determinó la Protex. Sin embargo, al cruzar la información solicitada a la línea 145 con la base de datos en la Protex, Página/12 pudo determinar que en el período 2016-2018 descendieron fuertemente las denuncias de trata laboral en el sector rural, y no porque hayan desaparecido los casos.
En 2018, de un total de 240 casos de trata laboral denunciados a través de la línea 145, sólo el 24 por ciento correspondió al sector rural (59 casos); en 2017, de un total de 343 denuncias, sólo el 20 por ciento (68 casos) correspondió al ámbito agropecuario; y en 2016, de las 437 denuncias por explotación laboral, el 20 por ciento (90 casos) correspondió a la actividad agropecuaria.
PáginaI12 también le consultó al Ministerio de Industria y Trabajo cuántas denuncias por trata laboral habían realizado en el período 2016-2018 como consecuencia de sus propias fiscalizaciones: solamente 9 denuncias en tres años.
Entre 2012 y 2014, el extinto Renatea había rescatado a 764 víctimas de trata en el sector rural, que llegaron a 1000 para diciembre de 2015. A partir del trabajo conjunto de aquel Registro y la Protex, se llevaron adelante investigaciones preliminares en 23 causas federales. En la actualidad, además de suspender el trabajo conjunto con la procuraduría especializada, el Renatre cortó el pago de las contribuciones extraordinarias, muchas veces destinadas a cubrir parte del salario de aquellos trabajadores rescatados de las redes de trata laboral.
* Por Sebastián Premici para Página/12
