Desde la Campaña Nacional Migrar No Es Delito, que agrupa distintas organizaciones de migrantes, derechos humanos, estudiantes y organizaciones políticas, convocaron a una concentración en la Plaza de la Intendencia que finalizó en la Dirección Nacional de Migraciones de Córdoba. Allí, se dialogó con diversas autoridades a las que se les planteó un rechazo a las vigentes políticas migratorias xenófobas, discriminatorias y criminalizantes.
Por Débora Cerutti para La tinta
Cientos de personas de diversas nacionalidades realizaron, este miércoles, una movilización para rechazar las políticas migratorias xenófobas del gobierno de Cambiemos. La convocatoria fue propuesta por la Campaña Nacional Migrar no es Delito que, desde hace unos años, visibiliza el conflicto en torno a la migración en el país, apuntando a generar conciencia de los derechos de lxs migrantes y detener las actitudes xenófobas, racistas y criminalizantes que proliferan en nuestros territorios urbanos y rurales.
La movilización se realizó para intentar establecer de forma urgente un canal de diálogo donde se discutan soluciones a la vulneración de derechos de migrantes residentes en Argentina.
Las trabajadoras de a pie, las que corren riesgo de ser expulsadas, las discriminadas, las que sostienen gran parte de las tareas de cuidado y reproducción en este territorio nacional, así como otras cientos de tareas de la economía popular, las estudiantes, salieron a marchar.
Bajo la consigna Migrar no es delito, la Dirección Nacional de Migraciones fue el epicentro de los reclamos y exigencias de quienes rechazan las políticas migratorias del gobierno macrista y exigen la devolución al territorio argentino de Vanessa Gómez Cueva y su hijo lactante de dos años. Este caso de expulsión arbitraria del país se convirtió en bandera de lucha de las migrantes que se encuentran en Argentina, cuando la mujer de nacionalidad peruana fue subida a un avión y expulsada del país bajo la excusa de haber infligido la ley de drogas, tras una condena que había terminado de cumplir en el 2014. Habitante de Villa Lugano (Buenos Aires), enfermera de profesión, Vanessa fue apresada con el menor de sus hijos y expulsada el pasado 4 de febrero de 2019, mientras que los otros dos niños de 5 y 14 años quedaron en el domicilio sin ser acompañados, ni siquiera notificados del destino de su madre y hermano.
Carla, de nacionalidad peruana, lleva más de 11 años viviendo en Argentina y es parte del Encuentro de Organizaciones (EO). Con la alegría de que fue una marcha multitudinaria, nos expresó su preocupación por la expulsión de Vanessa: “La idea de la marcha es para que la devuelvan ya”.
También reclamaron por los muertos migrantes en trabajos de construcción y por los muertos en manos del Estado en tomas de tierras: los asesinatos, en 2019, de Rodolfo Orellana, oriundo de Bolivia, y, de 2010, cuando mataron a Bernardo Salgueiro, Rosemery Puña y Emiliano Canaviri Álvarez, migrantes de origen paraguayo y boliviano. También nombraron a Delia Polijo, la joven desaparecida en Traslasierra el año pasado.
Quienes se autoconvocaron, exigieron la anulación del Decreto Nacional de Urgencia (DNU) 70/2017. Una de las voces entrevistadas por La tinta, ayer, en la movilización, fue la de Alejandro, oriundo de Colombia, quien manifestó: “Venimos a movilizarnos a Migraciones para hacer una serie de exigencias, entre ellas, una de las más importantes pedir la anulación del DNU 70, decreto que hizo el gobierno con el que pueden expulsar a cualquier migrante o ser detenido arbitrariamente. Además, estamos preocupados por la grave situación que se dio en Jujuy donde se aprobó una ley provincial que aranceló la salud para los migrantes”.
Por otra parte, conversamos con María Patricia, nacida en Perú y residente en Córdoba desde hace 18 años. Mientras algunas de sus compañeras ingresaron a hablar con las autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones, ella se quedó afuera esperando y visibilizando en la calle las problemáticas de lxs migrantes.
“Todos somos migrantes. Estamos aquí apoyando a nuestras compañeras bolivianas, peruanas y de otros países latinoamericanos para que sean más fáciles sus trámites. Nosotras tenemos derechos, a jubilaciones, a médicos, a un trabajo digno. En Argentina, somos discriminados por el gobierno. Y queremos una vida digna, venimos para mejor y a echar raíces aquí. Somos migrantes, sí, venimos a trabajar una vida digna para nosotras y para nuestros hijos”, dijo a La tinta.
Ana es colombiana y parte de la Asamblea de Migrantes de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos planteó su desacuerdo con las políticas migratorias que está llevando a cabo el gobierno nacional y otros gobiernos provinciales. Y aclaró que la intención de la movilización es también visibilizar algunos atropellos como las expulsiones y la impunidad de algunos asesinatos “de compañeros migrantes que están en otras luchas sociales y han perdido su vida en medio de estas políticas de injusticia, y lucharon por cambiarlas”.
En la negociación, las y los migrantes conversaron con el funcionario Diego Puente que ocupa el cargo de Delegado en la Dirección Nacional de Migraciones. Allí, las delegadas de la Campaña, pertenecientes a distintas organizaciones, plantearon sus posturas respecto a la política migratoria y su preocupación por los niveles crecientes de criminalización de la migración. Ante esto, Ana planteó: “Vamos a seguir movilizándonos porque la política migratoria nos afecta. Nos criminaliza y no lo vamos a permitir”.
* Por Débora Cerutti para La tinta. Imágenes: Colectivo Manifiesto
