Chile acumuló récord de violencias contra LGBT en 2018
En el país trasandino, se denunciaron 698 casos de violencias y abusos basados en la orientación sexual o la identidad de género, la cifra más alta en los últimos 17 años.
En 2018, en Chile se denunciaron 698 casos de violencias y abusos basados en la orientación sexual o la identidad de género de las personas. En comparación a 2017, se registró un aumento de un 44 por ciento. Es la cifra más alta que se registra en los últimos 17 años y representa el 22 por ciento del total de los 3.137 atropellos que se registraron en ese período. Así lo reporta el XVII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
“Estamos muy preocupados por los resultados de este informe. A pesar de que hubo avances para la diversidad sexual y para las personas trans principalmente, sin embargo fueron las principales víctimas de discriminación”, dice a Presentes Oscar Rementería, vocero del Movilh. Y resalta el nivel de exposición de grupos ultraconservadores que hablaron contra la diversidad en 2018.
De la presentación del informe, que se realizó en la sede del Movilh, participó Luis Lillo. El joven fue atacado en un bus, en Santiago, por su orientación sexual.
Las cifras del reporte registran tres asesinatos a personas LGBT; 58 agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles desconocidos por las víctimas; 16 casos de abusos policial; 28 hechos de discriminación laboral; 37 episodios de exclusión educacional; 102 movilizaciones o campañas homo/transfóbicas; 271 situaciones de marginación institucional; 17 denegaciones de derechos en espacios públicos o privados; 72 actos de violencia comunitaria (familiares, vecinos, amigos, conocidos), 92 declaraciones de odio y dos abusos en el terreno de la cultura, los medios o el espectáculo.
La población trans concentra la mayor cantidad de abusos
Por tercera vez en 17 años, la población trans acumuló el mayor número de atropellos con el 39 por ciento del total, correspondiente a 273 casos, el más alto conocido hasta ahora.
“El aumento se cruza con paradojas. Por un lado, se explica por el avance de la Ley de Identidad de Género y el triunfo de una Mujer Fantástica en los Oscars, lo cual provocó la ira y el rechazo de los grupos y personas anti-derechos que se movilizaron continuamente para boicotear la norma o, derechamente, para ofender a la actriz Daniela Vega. Sin ir más lejos, del total de casos de discriminación del 2018, 15 fueron dirigidos contra Vega y hubo 218 movilizaciones en todo el país para boicotear la ley”, precisa el informe.
La población lésbica, en tanto, acumuló el 13 por ciento del total de casos y la gay, el 15 por ciento, mientras el 33 por ciento de los atropellos afectó a la población LGBTI como conjunto.
Las denuncias o atropellos contra trans subieron un 217 por ciento, contra lesbianas un 34, contra gays un 6,3, mientras contra la población LGBTI como conjunto bajaron un 1,2 por ciento.
Casos de discriminación y ausencia del Estado
Las golpizas, torturas y robos policiales fueron la categoría de discriminación donde más incrementaron los atropellos, con un 1.500 por ciento más que en 2017. Le siguen la marginación o intentos de exclusión institucional (+613), los abusos en el sistema educacional (+85), los asesinatos (+50), la denegación de derechos en espacios públicos o privados (+54), las movilizaciones o campañas contra los derechos LGBTI (+32) y las agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles (+3,6).
En tanto, los abusos homo/transfóbicos propinados por familiares, conocidos o vecinos de personas LGBTI mantuvieron la cifra del año precedente, registrándose solo bajas de discriminación en las declaraciones homo/transfóbicas (-44 por ciento), en el terreno de la cultura y el espectáculo (-33) y en el campo laboral (-26).
El informe señala que los principales aumentos se dieron en áreas administradas por el Estado (policías, instituciones públicas, educación). Y apunta que el Estado se relajó frente a los abusos cometidos en sus dependencias y por sus funcionarios. “Fue totalmente indiferente a los atropellos ocurridos en otros campos, a tal nivel, que no hubo condena a ningún abuso o torturas de policías o gendarmes, ni tampoco asistencia a las víctimas”, afirma la investigación.
Un total de 58 instituciones y 404 personas fueron responsables de los 694 casos de homofobia y transfobia ocurridos en 2018.
“Se trata de los mismos sectores ideológicos de siempre, los cuales, si bien no incrementan en términos cuantitativos, sí multiplicaron sus acciones en 2018, en particular, por los debates en torno a la ley de identidad de género, matrimonio igualitario y la adopción homoparental”, explica el informe.
La gran diferencia con años previos “radica en que estos grupos alcanzaron influencia y poder, tanto en el Congreso Nacional con la autodenominada Bancada Evangélica, como en el gobierno, donde representantes de esta misma religión asumieron cargos en áreas claves, como educación”, advierte el informe.
Caldo de cultivo para los ataques de 2019
El reporte remarca que tampoco existió “reproche público” por parte del poder político contra los asesinatos o agresiones físicas padecidas por personas, lo cual implica un retroceso y olvido de todo lo aprendido tras la muerte de Daniel Zamudio, en 2012, dándose una negativa señal de impunidad a favor de los victimarios y potenciando la victimización secundaria, que, queriéndolo o no, a su vez, refuerza y valida de manera indirecta la ocurrencia de violencias en áreas ajenas al aparato estatal.
Óscar Rementería afirma que “sin duda, este contexto del 2018 fue el caldo de cultivo para los continuos ataques padecidos durante los tres primeros meses del 2019 contra la población LGBTI. La diferencia es que recién en el último mes el gobierno comenzó a condenar públicamente a los abusos y a ayudar a los movimientos LGBTI a hacerles frente”.
“El 2018 pasará a la historia como el año cuando más se discutió y debatió en el espacio público y privado sobre los derechos humanos de las personas trans, alcanzando la temática de la identidad de género un impacto que trascendió las fronteras, en el marco de un proceso de visibilización y de conquista de derechos sin precedentes”, señala el informe.
La aprobación de la Ley de Identidad de Género y la determinación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de excluir a la transexualidad de su lista de trastornos mentales están en la cima de los cambios. A ello, se suman dos fallos de la Corte Suprema que permitieron cambiar el nombre y sexo legal a personas trans con hijos, matrimonios previos y sin necesidad de cirugía, y la implementación de un programa sobre identidad de género en el Hospital Sótero del Río, hechos que se añadieron a una seguidilla de avances en el campo de la educación.
Estancamientos, retrocesos e incumplimientos
El informe advierte que “tras una década de avances sistemáticos en materia de políticas públicas emprendidas desde el Poder Ejecutivo para la promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI, a partir de marzo del 2018, hubo severos estancamientos y retrocesos”.
“Por un lado, no se implementó ninguna nueva política pública y, por otro, no se dio seguimiento a las pasadas para garantizar su continuidad y buen funcionamiento. Solo existió apoyos muy puntuales de algunas carteras o servicios, pero que no se constituyeron en una política pública formalizada”, explica el informe.
“La aprobación de la Ley de Identidad de Género marcó un hito para los derechos humanos de la población trans mayor de 14 años y soltera, a lo que sumaron los esfuerzos de un reducido número de parlamentarios por avanzar en temáticas claves”, como la adopción homoparental, recuerda el informe.
Sin embargo, y pese a existir una mayoría discursivamente favorable, el Congreso Nacional no dio ningún impulso a la Ley de matrimonio igualitario y siguió con la tendencia de aprobar “normas a medias”, denuncia el informe.
Existe un “acostumbramiento de aprobar leyes a medias, en tanto la Ley de Identidad de Género excluyó a las personas casadas y a los menores de 14 años, solo basado en prejuicios e ignorancia y pasando por alto los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, una indolencia extrema, injustificable y repudiable, y que repite lo ocurrido en el pasado: la ley antidiscriminatoria y el Acuerdo de Unión Civil, aprobadas en años previos, también presentan vacíos, problemas e inconsistencias, solo porque el Poder Político consensuó ceder a ideologías que ven a las personas LGBTI como ciudadanos/as de segunda categoría”, indica el estudio.
Poder Judicial: sigue siendo el más progresista
“En 2018, el Poder Judicial terminó por consolidarse como el más progresista del Estado en materia de derechos humanos LGBTI, aun cuando el proceso está atravesado por contradicciones, en tanto, los tribunales son incapaces de contribuir a resolver a través de fallos las incoherencias con la Constitución y con los tratados internacionales que revisten la prohibición del matrimonio igualitario y la falta del reconocimiento legal de dos padres o dos madres”, señala el informe.
“Esperamos que en 2019 haya un cambio de actitud de las autoridades para que condenen los discursos de odio y se aprueben las modificaciones a la ley antidiscriminatoria”, resume a el vocero del Movilh.
*Por Agencia Presentes
