Fuera Porta: un nuevo año de lucha
Vecinas y vecinos de la zona sur de Córdoba se reúnen frente a Tribunales Federales. Con banderas, murga carnavalera y cornetas inauguran un nuevo año de lucha denunciando a PORTA Hnos, una planta de bioetanol que lleva nueve años contaminando barrio San Antonio y alrededores. Aquí una breve reseña del origen del conflicto y un repaso por las distintas dimensiones en que se desarrollará en 2019.
Por Medionegro
Desde 2012, la zona sur de la ciudad de Córdoba viene fumando gases tóxicos provenientes de la fermentación del maíz usado para fabricar biocombustible. Muchos habitantes que vivimos en un radio de 5 o 6 km de la planta de PORTA hnos podemos identificar el olor ácido que hay en el aire cuando liberan los gases de la planta. Cuando hay presión atmosférica baja y los gases se quedan cerca de la tierra – en la noche/madrugada, o cuando están por llegar las tormentas – el olor se hace insoportable.
La gente que vive al lado de la fábrica es la que se lleva la peor parte, no solo por las amenazas cotidianas de explosión, o por la necesidad de sellar herméticamente sus casas para no sentir el olor, sino que desde hace ya varios años comenzaron a notar perjuicios en la salud -irritación en piel y ojos, dolores de cabeza, afecciones en vías respiratorias- y problemas crecientes en los embarazos -una tasa excesiva de pérdidas y malformaciones-.
La lucha legal
El historial legal de este conflicto es extenso y pone en evidencia faltas graves en todos los niveles del Estado: municipal, provincial y nacional. En primer lugar, las vecinas y vecinos, mediante el centro vecinal de Barrio Inaudi, acuden a la Municipalidad en 2012. Alejandra Toya, por entonces subsecretaria de Impacto Ambiental, constata la existencia de los olores que declaraban las y los vecinxs y solicita una auditoría ambiental a la empresa. Por su parte, la Provincia hace de público conocimiento que la fábrica no cuenta con las habilitaciones necesarias para su funcionamiento (operaba únicamente con un decreto firmado por la Municipalidad).
A partir de allí, la participación de la Municipalidad se hace esquiva e incluso hostil, llegando a maltratar a las vecinas que se encadenan en el Palacio 6 de Julio desesperadas por ser atendidas por el intendente Mestre.
El camino en la justicia provincial no fue menos penoso. La causa fue archivada por el Fiscal Mana a partir de un peritaje ambiental que dejó serias dudas sobre la ética profesional del Ingeniero Daniel Yorio (perito oficial de la Provincia en el caso y representante por entonces del Centro de Vinculación de Tecnología Química Industrial, de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la UNC).
El peritaje de Yorio, realizado en dos instancias, comprobó la existencia de compuestos catalogados como residuos peligrosos por la Ley Nacional 24051, tanto en el aire del barrio como dentro de la fábrica, en cantidades escandalosamente superiores a las permitidas. Pero Yorio realizó una interpretación de los datos rebuscada, arguyendo que si se encontraron las sustancias tanto dentro como fuera de la empresa eso es indicativo que la contaminación era externa y que afectaba tanto a la empresa como al barrio (?). De esta forma, desligó a la empresa de la responsabilidad de la contaminación.
Los demandantes reclamaron y se realizó un segundo informe, donde lo importante no eran la interpretación sino los números. Pero en esta ocasión el laboratorio oficial expresó los valores de concentración obtenidos con una unidad confusa. Marcos Tomassoni, el ingeniero designado como perito por parte de las y los vecinos, explicó en una entrevista que “lo que nosotros denunciamos fue que el laboratorio publica las muestras, es decir, que anuncia los valores de concentración con una medida “˜mg”. Por lo cual nosotros consideramos que eran miligramos, porque la “˜m”, en el sistema métrico legal, es miligramo. Y después los peritos oficiales nos dijeron que esa unidad era “microgramo”, con lo cual el valor se diluye mil veces”. Siendo evidente el error y, a pesar de que se le pidió al Fiscal Mana que interviniera los equipos o que entrevistara al personal que procesó los datos para aclarar la situación, nada sucedió.
Ignoradas y engañadas por el municipio y la Provincia, vecinas viajan a la Secretaría de Energía de la Nación. Por ser órgano de aplicación de la Ley de Biocombustibles (Ley 26.093), PORTA debería ajustarse a esta dependencia, pero para la sorpresa de todos, la empresa no estaba registrada. Con este dato, un grupo de vecinos inician medidas en la justicia Federal, poniendo en el banco de los acusados tanto a PORTA hnos como a la Secretaría de Energía de la Nación.
La causa cae en manos del Juez Bustos Fierro, pero las partes denunciadas apelan. El caso va a la Cámara Federal y esta decide abrir la acción como un amparo ambiental, rechazando los planteos de incompetencia que habían opuesto las partes. La causa llega entonces al Juez federal Nº 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, que pone fecha para una audiencia pública informativa el 7 de agosto de 2017.
Los días previos a aquella jornada se vivieron como la víspera de un mundial. Finalmente las vecinas y vecinos podrían contar su historia a la justicia y hacer declarar a la empresa (que hizo todo lo posible por anular o retrasar la audiencia). El día llegó, las y los vecinos dieron su testimonio, pero los abogados y acusados de la empresa y de la Secretaría de Energía de la Nación nunca aparecieron. Este hecho llamó la atención del representante del Ministerio Público de la Defensa, José Belisle, quien solicita entonces convocar a audiencia para fallar la causa, citar a los “Amigos del Tribunal” (Amicus Curiae) idóneos, que den testimonio del padecimiento de los vecinos y de la contaminación ambiental de la empresa PORTA, y recomienda una audiencia pública donde los niños presten su testimonio.
Por su parte, Graciela López de Filoñuk, representante del Ministerio Público Fiscal -también presente en la audiencia-, solicita al juez la realización de pericias donde se compruebe qué es lo que fabrica PORTA y el impacto directo en la comunidad, frente a la evidente vulneración de los derechos humanos a la salud, la vida, el bienestar y la vivienda, entre otros. Y sentencia: “Si PORTA contamina, ud. debe hacer cesar esos efectos”, ya que “contaminar es delinquir”.
Casi dos años después de aquella jornada, ninguna de las medidas propuestas ha sido llevada a cabo. La falta de celeridad en el tratamiento de la causa es grave, ya que incumple el Principio de prevención establecido en el Artículo 4 de la Ley General del Ambiente (Ley 25675) que sostiene que las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir.
Otro de los principios de la Ley Nacional comprometidos es el Principio precautorio que establece que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Si bien se puede comprender que los tiempos de la Justicia no siempre son los tiempos del pueblo, es notable que siendo tan explícita la ley, luego de nueve años de lucha, la planta siga funcionando con absoluta normalidad. Esto pone en evidencia un escenario infame, donde el poder corporativo y sus intereses económicos sectarios han llegado a un nivel de penetración en el Estado que ya es físicamente intolerable para la salud de la población.
¿Se expedirá la Justicia Federal en 2019? Si bien todo dice que la solución será a favor de la salud y el ambiente, sabemos por experiencia que hay que tener opciones bajo la manga. ¿Qué otras herramientas legales e institucionales encontrarán las y los vecinos para hacer valer sus derechos?
La lucha por saber
Los estudios de salud que pudieron darle a lxs vecinxs la capacidad de reconocer las afecciones que sufrían fueron realizados por la Red Universitaria de Ambiente y Salud (RedUAS), un grupo formado por docentes, investigadores y estudiantes de distintas facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, fundado por el doctor Medardo Ávila Vázquez, ex Secretario de Salud de la Municipalidad (2008).
Este grupo realizó dos estudios en el barrio (2013 – 2016) donde se pudo constatar la fuerte diferencia en la salud de las y los vecinos con respecto a las medias provinciales y nacionales y, a su vez, su deterioro entre estudio y estudio.
Si bien esta tarea de relevamiento de la salud pública corresponde ser realizada por el estado municipal y/o provincial, con sus recursos económicos, técnicos y humanos, ninguno de ellos lo ha hecho. Pero las investigaciones de RedUAS, lejos de ser celebradas, fueron perseguidas y desacreditadas, incluso hacia dentro de la universidad por Marcelo Conrero, decano de la Facultad de Agronomía. Conrero, personaje de gran influencia dentro de la casa de estudios, es además un fiel impulsor del modelo de producción agroindustrial.
Otra amenaza para la salud pública, que hasta el momento permanece incierta, es la posibilidad de explosión de la planta (no olvidemos que fabrica sustancias inflamables). Esta posibilidad no es para nada extraña: a simple repaso podemos nombrar la explosión de la planta de PORTA en el centro de la ciudad en 1995 (motivo por el cual se muda a San Antonio); la explosión del depósito de la planta Raponi en Alta Córdoba en 2014, que dejó una muerte y decenas de heridos; y la explosión de una planta de PORTA en Santiago del Estero en 2017, que causó la muerte de dos trabajadores y varios heridos de gravedad.
La posibilidad de explosión de la planta no es menor: lxs vecinxs ya han denunciado numerosos estallidos provenientes de la planta actual. ¿Qué puede suceder si la planta explota? Es otra de las cosas que no sabemos, ya que se hace necesario un estudio de carga de fuego para determinar con certeza el radio de destrucción en caso que la planta explote.
Estimaciones aproximadas indican que una explosión en la planta puede ocasionar daños graves en un radio de 2 km e intermedios en un radio de 5 km, perjudicando no solo al barrio sino a gran parte de la ciudad de Córdoba.
La necesidad de profundizar en el conocimiento de la contaminación efectuada, del impacto en la salud, de los riesgos para la vida y de las formas de remediar y reparar el daño causado son imprescindibles para un nuevo año de lucha. ¿Qué instituciones y profesionales se harán eco de estas necesidades? ¿Qué nuevas informaciones nos traerá 2019?
La lucha por el modelo productivo
La producción de bioetanol en base a fermentos y azúcares es una industria relativamente nueva que se viene desarrollando en Estados Unidos y Brasil desde hace al menos 30 años. En estos países goza de muy buena prensa y en sus comienzos fue firmemente subsidiada por el Estado. La premisa estratégica es la de las energías renovables, que reducen la dependencia de los mercados internos al combustible fósil (petróleo).
La propuesta de PORTA hnos cae como anillo al dedo a una Argentina subida al pony de la revolución verde. Ya están los productores, los granos, los camiones y las rutas; ahora, las plantas de biocombustible vienen a consolidar un nuevo eslabón. Con promesas de más fuentes de trabajo, industrialización, innovación tecnológica, creación de valor agregado y soberanía energética vienen recibido sistemáticamente el apoyo político tanto de gobiernos neoliberales como progresistas. Y esto es peligroso, porque no se están poniendo en la balanza los costos ambientales y sociales que esta industria acarrea consigo.
En este punto nos encontramos en una encrucijada: cuando hablamos de poner en la balanza los costos ambientales y sociales debemos tener cuidado. No es raro escuchar voces ambientalistas que consideran válida la herramienta del análisis costo-beneficio en el diseño de políticas públicas en materia ambiental. Esta línea de pensamiento, proveniente de los negocios y popularizada en el derecho público por el abogado y profesor estadounidense Cass Sunstein, permite hacer una estimación de las consecuencias positivas y negativas de las políticas, las traduce a números, y luego las compara con un parámetro común para identificar los efectos netos de la regulación.
Joan Martínez Alier, economista español escribe: “El poder aparece aquí en dos planos distintos. El primero es la capacidad de imponer una decisión sobre otros, por ejemplo para expropiar o robar recursos, para colocar una fábrica que contamina, para destruir un bosque, para ocupar un espacio para botar residuos. El segundo es el “poder de procedimiento”, es decir, la fuerza de imponer un método de decisión del conflicto, un lenguaje que excluya y triunfe sobre otros lenguajes de valoración. Así sucede cuando se impone el análisis costo-beneficio, o se subordina la decisión únicamente a los resultados de un estudio de impacto ambiental como criterio definitivo”.
Este nuevo año de lucha debe ser claro en este punto: el derecho a la salud y al ambiente sano son innegociables, corresponden a la categoría de los Derechos Humanos, son previos a la libertad de empresa y no pueden ponerse en una ecuación vida sana-desarrollo. De caer en este error corremos el peligro de validar políticas de discriminación y abuso en la distribución de los conflictos ecológicos.
¿Cómo avanzará el modelo económico-productivo vinculado al bioetanol este año? ¿Cómo impactará el precio del combustible y del maíz? ¿Continuará el apoyo ciego del sector político a una planta irresponsablemente localizada?
La lucha por el imaginario
La consideración de la problemática social y ambiental y su impacto en el modelo productivo ya ha sido analizada por el equipo de la planta de PORTA. Esto se hace evidente en el giro de la identidad institucional de la empresa, que en los últimos años viene poniendo en juego la idea de sustentabilidad.
Roberto Fernández, arquitecto y urbanista argentino indica: “Está de moda y aparece en cuanto discurso innovativo hoy quiera producirse desde el saber y/o el poder: todo tiene que poseer calidades o garantías de sustentabilidad justamente cuando empieza a ser históricamente constatable el ingreso a una etapa que está o estará signada por criterios de asignación social desigual de capital natural”.
La sustentabilidad es un concepto relacional, no absoluto, e implica la interrelación de distintas entidades en la cual una sustenta a otra. La principal tesis de sustentabilidad de PORTA (y de tantas empresas actuales) viene ligada a un criterio de eficiencia en los procesos, el uso de la materia prima y la logística. Es decir, prioriza la faceta meramente económica del concepto y, solo de manera secundaria, introduce el cuidado del medio ambiente, la seguridad y la calidad de vida.
Es descarado describirse como una empresa sustentable cuando en la práctica hace insostenible la vida de vecinos y vecinas de la comunidad que la rodea, a quienes muchas veces obliga incluso a abandonar el barrio por su salud. ¿Qué clase de sustentabilidad es esa? “Dime de qué te jactas y te diré de qué careces” dice el refrán, y en este caso no se equivoca.
Por otro lado, en estos nueve años han circulado informaciones falsas en los medios (sobre todo en aquellos donde la empresa tiene publicidad). Incluso se llegó a decir que PORTA estaba antes que el barrio, siendo que la planta se instala en 1995 y allí vive gente al menos hace 50 años. Como en otras luchas se intenta culpabilizar a la víctima.
Estos pequeños ejemplos muestran que la lucha contra PORTA es también una lucha por el imaginario. ¿Cómo se muestra la empresa? ¿Qué se dice de ella? En este sentido, el trabajo de registro y comunicación de las y los vecinos, su articulación con medios de comunicación alternativos y otros espacios no convencionales, sus continuas movilizaciones y manifestaciones públicas llenas de canciones, disfraces y actuaciones, han ido permeando el cerco informativo a fuerza de insistencia, alegría y creatividad.
Este año se renueva el desafío. ¿Qué canales y medios reforzaremos? ¿Qué imágenes y narrativas crearemos en torno a la lucha?
La lucha por los corazones
El capitalismo globalizado ha retirado la responsabilidad del Estado y de las empresas para la reproducción social de la existencia. Eso impacta tanto en los cuerpos individuales como en las formas de relacionarnos como pueblo.
El desamparo sufrido por vecinas y vecinos frente a la contaminación de la planta de PORTA no es la excepción, y ha generado cambios en sus cuerpos, pero también en sus personalidades, en sus subjetividades. La necesidad de luchar por sus vidas les ha obligado a rebelarse contra la injusticia, les ha hecho adoptar nuevas formas de habitar su barrio, su ciudad, sus cuerpos, sus familias, sus vínculos. La fuerza que encuentran para sostener la lucha, inclusive con enfermedades a cuestas, es conmovedora.
Hay una energía y una decisión que no se entiende de dónde sale, pero sale, y estos efectos micro-bio-políticos son compartidos y resuenan en todas aquellas personas a quienes se las somete a opresiones. Es en esa resonancia donde se intersectan todas las luchas de las y los oprimidos: la soberanía alimentaria, los feminismos, las disidencias de género, la lucha de clases, la lucha contra las políticas represivas del Estado, la cultura libre, la justicia ambiental.
Y una vez que la subjetividad ha cambiado no hay marcha atrás: la fuerza se multiplica y se hace hambre, y a partir de allí no estamos solos, todo es construcción colectiva, es construir puentes y fortalecer los apoyos mutuos. A partir de aquí, el desafío es construir alianzas entre movimientos, para que en nuestra acción de liberación no cometamos el error de oprimir a otras y otros.
Comienza un nuevo año de lucha en barrio San Antonio. ¿Qué estrategias de coalición y mutuo cuidado afianzaremos? ¿Cuántos nuevos corazones se sumarán a la lucha? Y entre tantas preguntas hay una certeza: la lucha crece.
*Por Medionegro.
