A 9 años del Andalgalazo, persecución a quienes buscan justicia
El martes 19 de febrero, se allanó el domicilio de un miembro de la Asamblea El Algarrobo en la provincia de Catamarca. El procedimiento se dio en medio de irregularidades, un día después de que vecinas y vecinos de Andalgalá presentaran una denuncia formal contra el juez que actuó en la represión del 15 de febrero de 2010, tras la pueblada que logró frenar el proyecto minero Agua Rica.
Por Débora Cerutti para La tinta
“¿Qué es lo particular o específico de la criminalización,
que la diferencia de la violencia expedita?
Que busca construir al crítico de la minería (individuo o colectivo)
como un criminal, es decir, lo “criminaliza”,
lo vuelve objeto de persecución legal;
al sujeto en resistencia a esa actividad extractiva,
como un ser digno de amonestación social,
como opositor al desarrollo,
al progreso, como un paria social o como un antisocial”
(OCMAL y CENSAT Agua Viva, 2016)
Uno de los departamentos de Catamarca que más se ha visto afectado por la minería a cielo abierto fue el de Andalgalá, cuya capital homónima fue conocida por ser allí donde se produjeron fuertes resistencias socioambientales a proyectos mineros. Esta localidad de casi 20 mil habitantes está situada a 288 kilómetros de la capital provincial y fue el lugar donde se pretendía explotar Agua Rica, emprendimiento que triplicaba la magnitud de La Alumbrera (el primer mega emprendimiento minero puesto en marcha en Argentina en la década del noventa junto a Cerro Vanguardia).
A comienzos del 2010, los pobladores de Andalgalá accedieron a un expediente en el cual la empresa Billiton Argentina BV, subsidiaria del grupo internacional BHP Billiton (cuya sede está en Australia), tenía la concesión para la explotación del casco céntrico de la ciudad de Andalgalá.
El proyecto se llamaba “Pilciao 16” y el área de mina cubría la ciudad: de llegar a una explotación, se debía “contemplar la indemnización correspondiente y el mayor interés público del Estado, para la prioridad de Desarrollo”, afirmaba, por aquel entonces, la Secretaría Privada de la Gobernación. De esta manera, el expediente de la mina establecía que era posible trasladar el pueblo de Andalgalá. La Secretaría de Minería de Catamarca había autorizado el cediendo del subsuelo del pueblo en el año 2005, pero el acuerdo fue conocido años después. A partir de allí, se empezaron a multiplicar las voces que planteaban la inviabilidad del proyecto y el rechazo al desalojo y traslado del pueblo.
Al respecto, un asambleísta dijo en una entrevista que le realizamos: “Iban a explotar donde están las vertientes, las nacientes del agua que alimentan nuestro pueblo. Íbamos a quedar sin recursos porque, con la primera bomba que tiraran, iban a contaminar el agua que nace justamente en ese lugar. Esa indemnización de la que hablaban en Andalgalá iba a ser nula. Nos teníamos que ir si no queríamos morir”.
Esto, junto al inminente inicio de Agua Rica (se había anunciado para enero de 2010), dio origen a una acción directa de magnitudes insospechadas: el impedimento del paso a los camiones con insumos mineros y maquinaria en el acceso al proyecto en Andalgalá. El 15 de febrero de 2010, se produjo una brutal represión en el corte comunal que llevaban adelante miembros de la Asamblea El Algarrobo y numerosos vecinas y vecinos que se oponían al proyecto. Este hecho fue caratulado por la comunidad en resistencia como el “Andalgalazo”. Es a partir de esta pueblada que se logró frenar Agua Rica .
El 16 de febrero de 2010, el juez de minas, Raúl Cerda, ordenó paralizar la actividad: “El 15 de febrero, el pueblo se levantó contra la violencia institucional venciendo a las fuerzas policiales a través de una pueblada enorme en que participó no solamente la gente la asamblea, sino todo el pueblo. Ese día, se juntaron todos, enfrentaron a las fuerzas del orden y las vencieron. Tuvieron que parar la represión y parar la actividad minera”, manifestó un miembro de la asamblea.
Como dato importante a la historización del conflicto en torno a la megaminería en Catamarca, es que, en septiembre de 2016, se promulgó una Ordenanza. En ella, el Concejo Deliberante de Andalgalá, por el impulso de los vecinos y vecinas, prohibió la actividad minera metalífera en la modalidad denominada a cielo abierto y la actividad minera de minerales nucleares, uranio, torio “bajo cualquiera de sus formas” y “en todas sus etapas” en toda la extensión de la Alta Cuenca Hídrica del río Andalgalá. Una lucha del pueblo que implica el reconocimiento institucional de los daños y consecuencias nefastas de la minería a cielo abierto en los territorios, cuerpos e imaginarios de los habitantes.
Nueve años, Andalgalá de pie
Este año 2019, vecinas y vecinos de Andalgalá presentarán una denuncia formal contra el juez Rodolfo Cecenarro que actuó en la represión de 15 de febrero de 2010, tras la pueblada que logró frenar el proyecto minero Agua Rica. Al día siguiente de esta presentación, se realizó una denuncia anónima por una supuesta causa penal contra la persona que presentó la denuncia contra el juez. Al respecto, el comunicado de la Asamblea El Algarrobo manifestó: “Esto sucede a días de ser presentada formalmente la denuncia penal contra el juez Rodolfo Cecenarro, realizada por el compañero y ochenta vecinos más”.
Al respecto, desde la asamblea, afirmaron que “muchos medios locales y provinciales publicaron inmediatamente después del allanamiento el nombre, dirección y fotografías que fueron proporcionadas por la misma policía de la división de drogas de la Policía de la Provincia, cuando aún el procedimiento estaba en marcha. En este punto, tenemos que aclarar que las fotos que circulan no corresponden exclusivamente a esta requisa, sino que fueron mezcladas adrede con las de otros allanamientos realizados el mismo día en la ciudad de Andalgalá”.
Además, desde El Algarrobo, dijeron que “la policía provincial violó el derecho a la intimidad y el principio de inocencia, derechos constitucionales y convencionales, enviando fotografías, con su marca de agua, a algunos medios locales que, inmediatamente, levantaron la información con todos los datos personales de nuestro compañero, además de enviar telefónicamente información a la que ni siquiera los familiares tenían acceso, a pesar de solicitarla constantemente durante horas”.
Asambleístas reclaman que, en ningún momento, se dio a conocer la carátula de la supuesta causa ni el número de expediente donde se ordena esta medida. Además, aseguran que las fuerzas policiales que intervinieron en el allanamiento no llevaban en sus prendas identificación del apellido y cargo de cada policía actuante ni quién estaba a cargo del operativo. «Todas estas y otras irregularidades serán denunciadas frente a los organismos correspondientes”, afirmaron en el comunicado de la Asamblea.
*Por Débora Cerutti / Imagen de portada Colectivo Manifiesto
