Contra la demagogia punitiva: hablemos sabiendo
Por Sergio Job para La tinta
Se acerca un nuevo proceso electoral en el país y la alianza gobernante no parece tener mucho que ofrecer al conjunto del electorado, puesto que ha incumplido una tras otra el sin fin de promesas que había realizado, y su gestión es verdaderamente desastrosa tanto en la esfera económica como social, cultural, educativa, de salud, en fin, en todo lo que atañe a un gobierno. Frente a esta situación, y buscando prolongar su permanencia frente al ejecutivo nacional, recurre a una estrategia que se centra en consolidar su núcleo duro de votantes, buscando un voto ideológico que, basado en el odio hacia los perdidosos del actual sistema socio-económico, apoya la “mano dura” para con los más débiles: esta vez, les niñes y jóvenes. Así, salen a instalar un tema que no tiene absolutamente nada que ver con las necesidades y urgencias de nuestros país ni siquiera en materia de seguridad, pero que es un asiento seguro para consolidar un porcentaje de votantes que necesitan un chivo expiatorio para explicar(se) la amargura y cobardía en que transcurren sus días.
La estrategia no es nueva. Como bien explica Sozzo (2009), luego de que durante la década del ´90 los delitos callejeros crecieron a la par de la exclusión y precaridad, producto de las políticas neoliberales, ha sido un buen negocio político el recurrir a la demagogia punitiva para acaudillar a un sector del electorado.
Así, montados en lo que Rodríguez Alzueta (2016) denomina «miedo al delito», se construye un temor social que da lugar a un nuevo sujeto que actúa (y vota) basado en ese temor: la vecinocracia, un tipo de sociabilidad que “se construye por afinidad, en función de los mismos afectos, los mismos temores”. Y agrega el autor: “El miedo los moviliza pero no los deja pensar”, no hay racionalidad, su expresión más cabal es un emoticón, dirá más adelante.
El modo en que el gobierno (en complicidad de los grandes grupos mediáticos) construye y utiliza estos fantasmas de “inseguridad” para manipular el humor social y transformar en votos (y odio) los microfascismos latentes en sociedades fragmentadas, excluyentes y violentas propias del neoliberalismo, me interpela para sentarme a escribir estas líneas, para tratar así, de reflexionar sobre el tema, sobre datos brindados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y el Sistema de Alerta Temprana (SAT)¹.
En concreto centraré la mirada en los números correspondientes a la provincia de Córdoba, para poder dar cuenta así de que la propuesta demagógica y electoral de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich (y acompañada por toda la Alianza Cambiemos) de bajar la edad de imputabilidad, no sólo no tiene nada que ver con que los ciudadanos vivamos más seguros sino que, por el contrario, agrava la situación.
Partiendo del hecho que la Ley 22.278 establece que es inimputable respecto de todos los delitos la persona que no haya cumplido los 16 años de edad al momento del hecho materia de investigación y que, por el contrario, es imputable para la ley argentina la persona de 16 y 17 años de edad que cometiera un delito de acción pública reprimido con pena privativa de la libertad que exceda de los dos años, hay que comprender que la discusión que intentan volver a poner en agenda es bajar la edad de imputabilidad a menores de 16 años. Veamos entonces qué impacto concreto tendría dicha baja en la seguridad de los cordobeses.
Si observamos los delitos que más preocupan a nuestro sistema penal, es decir aquellos que atentan contra la vida, en concreto: el homicidio, vemos que en el año 2017 en toda la provincia hubo tres casos donde los imputados fueron menores a 16 años, lo que sobre un total de 115 homicidios cometidos, se corresponde con una incidencia del 2,6% de los casos. ¿Se entiende la estafa? Centrar una “política de seguridad” en el 2,6% de los casos, y no observar el otro 97,4% ni el número de vulneraciones penales, sociales, económicas y un larguísimo etcétera a que son sometidos estos mismos niños y jóvenes acusados de ser responsables de la situación de inseguridad en que vivimos, es simple y sencillamente una canallada. Más aún si se hace con fines electorales, sin importar el efecto concreto que esta maniobra tiene sobre la vida de cientos, miles, de niñes y jóvenes.
Siguiendo con datos de Córdoba, resulta sumamente llamativo que si la ministra Bullrich está realmente interesada en la seguridad de los ciudadanos, no se haya percatado que el 57,4% (66 hechos) de los homicidios cometidos en esta provincia fueron con armas de fuego, y en lugar de pensar una política seria de desarme, por el contrario diga livianamente a la salida de un bar “que Argentina es un país libre, el que quiere tener armas, que las tenga”.
En el mismo sentido, también es perturbador que no haya reparado en que, siempre siguiendo con datos sobre Córdoba, el 10,43% (12 hechos) lo hayan cometido agentes de una fuerza del Estado 2. Contrario a pensar políticas de seguridad que disminuyan el uso letal de armas y violencia por parte de las diversas fuerzas del Estado, hace de la irresponsabilidad y violencia policial una doctrina (conocida mediáticamente como Doctrina Chocobar) e intenta inconstitucionalmente modificar vía reglamento el articulado del Código Penal de la Nación.
En una provincia donde en mayo de 2017 (para referir datos del mismo periodo), según datos del Cippes, el 55,6% de les niñes y jóvenes son pobres, pensar en que la baja de la edad imputabilidad es una propuesta siquiera pronunciable, es de un nivel de violencia e irresponsabilidad atroz.
A esto debe sumársele lo que cualquier criminólogo, penalista y estudioso de la seguridad sabe respecto de la selectividad penal, y cómo las redes del sistema penal van focalizándose y atrapando sólo a los sectores más vulnerables y que responden a determinados estereotipos, lo que se profundiza en la niñez y juventud. Así, mientras una rotura de vidrios de un niño rico es una travesura, el mismo hecho es un delito si lo comete un niño villero. Si un grupo de jóvenes de “familias bien” golpean y lesionan a un muchacho, son “cosas de jóvenes”, “se les fue la mano”, etcétera; si el mismo hecho lo realiza un grupo de jóvenes de barrios vulnerables, son un “negros de mierda que encarnan un peligro para la sociedad”, “potenciales asesinos”, y diversas frases por el estilo. Esta mirada mediática, social, cultural, tiene su correlato tanto en el modo en que accionan las fuerzas policiales, como el poder judicial, ante esos casos.
Deberíamos sumar también el hecho que la estigmatización temprana -y que la misma se traduzca en persecuciones, “verdugueos”, humillaciones, detenciones y condenas- provoca que quien es blanco de toda esta violencia social y sistémica se transforme en lo que en criminología y sociología jurídica llamamos: cliente. Es decir, que el sistema penal (y policial) al señalar, perseguir y detener a niñes o jóvenes por su pertenencia barrial, social, cultural, quita posibilidades de desarrollo a esos mismos niñes o jóvenes, produciendo así su propia clientela, en una especie de profecía autocumplida, la que permite también, y esto hay que decirlo: no sólo multiplicar la violencia –y la comisión de delitos- sino también la existencia de mano de obra a disposición para las diversas estructuras mafiosas que actúan en los territorios, tengan o no vínculos con las policías y poderes judiciales.
En definitiva, con este reducido recorrido sólo se propone poner blanco sobre negro, con unos pocos datos, a esta discusión refritada que intenta impulsar el gobierno de la Alianza Cambiemos ante el absoluto fracaso de su gestión en todas las esferas, recurriendo a esta temática como manotazo de ahogado, buscando un voto emoticón que guiado por el miedo y el odio nos hunda cada vez más en esta espiral de exclusión, precariedad y violencia. Pensar seriamente una verdadera seguridad para todes les ciudadanes de este país es imprescindible, pero para eso debe dejarse de usar este tema como una herramienta de demagogia, y sobre bases estadísticas y teóricas reales, en el respeto de la dignidad y libertad de todes, poder avanzar en soluciones de fondo.
* Por Sergio Job. Abogado Penalista. Diplomado en Seguridad Ciudadana (UBP). Doctor en Ciencia Política (CEA-UNC). Profesor Sociología Jurídica (Fac. Dcho. UNC), Profesor Teoría Política (Fac. Soc. UNC – Fac. C.P. y RR. II. UCC). Integrante del Colectivo de Investigaciones El llano en llamas.
[1]“En el orden nacional, la Dirección Nacional de Política Criminal -que depende del Ministerio de Justicia de la Nación- es la encargada de elaborar la estadística oficial y coordinar los instrumentos de recolección de datos, una de las fuentes de información de las que se nutre la dirección es el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), que recopila mensualmente los datos sobre los hechos delictivos registrados por las fuerzas policiales, Gendarmería y Prefectura. Existe además el Sistema de Alerta Temprana, (SAT), que se nutre de información de los organismos y recopila mensualmente la información desagregada de los delitos de homicidio doloso, culposo, contra la propiedad, económicos, de todo el país.” (Zeverín Escribano: 2014) Las cifras negras de la criminalidad. https://comercioyjusticia.info/blog/opinion/las-cifras-negras-de-la-criminalidad.
[2] Ese número, descontando que existe un llamativo 12,6% (16 casos) en que no se pudo determinar quien fue el homicida.
Bibliografía
Rodriguez Alzueta, E. (2014), Temor y Control. La gestión de la inseguridad como forma de gobierno. Bs. As: Ed. Futuro Anterior.
Sozzo, M. (2009) Populismo Punitivo, proyecto normalizador y “prisión depósito” en Argentina. en Sistema Penal y Violencia, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 33-65, jul/dez. 2009.
Terragni, M. (2018). Proceso Penal Juvenil. Práctica y Jurisprudencia. Ed. La Ley. Bs. As.
