Gatillo fácil y silencio: el crimen silenciado de Víctor en La Plata
Desde la asunción de Cambiemos, la doctrina Chocobar se impuso como norma en las fuerzas de Seguridad. Eso pasó desde el inicio de la llegada de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo. El caso de Víctor Emmanuel González, asesinado en La Plata, es un caso testigo: el chico de diecisiete años murió por una bala oficial, a metros de una dependencia policial, sin testigos ni registros de cámaras de seguridad. Dos años más tarde, sigue impune.
Por Ignacio Gallardo para Diario Contexto
Persianas bajas sobre avenida 60 de La Plata. El farol de la esquina de 115 alumbra la rambla donde aún no cayó ni el rocío. Suena un disparo y Víctor Emmanuel González, de diecisiete años, cae muerto justo en la entrada al Cuerpo de Caballería de la Policía de la provincia de Buenos Aires. El informe balístico y la autopsia determinaron que una bala 9 mm ingresó por su espalda a las 5 a.m. del 24 de agosto del 2016. “Contaminaron toda la escena del crimen porque levantaron las evidencias, el cuerpo de mi hijo, y nunca hubo alguien que atestigüe cómo se llevó a cabo. Es todo muy confuso”, dice Raquel Bareiro, madre de Víctor, que busca justicia.
Víctor se encontraba cursando el primer año de la secundaria en una escuela Agraria de la localidad de Magdalena. El trayecto desde Villa Alba, su barrio, lo realizaba junto con su hermana mayor, Yamila. Todas las mañanas, Raquel los dejaba en Ruta 11 con la intersección de calle 96, donde pasaba el colectivo que los depositaba en la institución educativa. Un día, su hermana no debía ir a clases y Víctor se escapó. Apenas con trece años y sin nada.
La familia denunció la desaparición en la comisaría más cercana y, al mes, volvió a la casa. Estaba durmiendo en Plaza San Martín, sin frazada. Los docentes de la escuela de Magdalena acompañaron ese momento de transición y Víctor empezó a acudir a diferentes talleres en la ex Casa Cuna. Esa única contención que recibió por parte del Estado no alcanzó.
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—La última vez que lo escuché fue por teléfono cuando hablaba con mi hija para ir al centro porque ella cumplía años, después perdí el contacto, nunca más hablé. Se me hace un nudo en la garganta.
—¿Por qué no hablaste más?
—Es que yo le puse un alto cuando desapareció de casa porque no quería que venga al centro. Él tenía problema de adicciones, pero ya tenía una vida armada.
Lionel tiene cuatro años. Es hijo de Víctor y Solange. O “Sol”, como la conocen en el barrio. A muy temprana edad, se juntaron y ella quedó embarazada. Decidieron tenerlo y vivir juntos, con la ayuda de los padres de ella. Víctor abandonó la escuela y se dedicó a diferentes changas, ya que, a su corta edad, no podía tener un trabajo estable. Era un pibe, pero padre. Los episodios de fuga se hacían comunes cuando discutían y el “Wachiturro”, como lo apodaban, le hablaba a uno de sus amigos del barrio de calle 5 y 90, y se rajaban para la plaza en moto. En esos fríos bancos y a la intemperie, en más de una ocasión, pasaba la noche.
“A veces, me dan ganas de dejar todo en la nada, pero no quiero resignarme a que pueda haber otro Víctor. En el barrio donde vivo, la policía, este año, mató a uno en julio y cada vez hay más casos”, asegura Raquel.
Adolfo Pérez Esquivel, Nobel de la Paz y honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata, cuando recibió la distinción, dijo: “Muchas veces, llega el Estado represivo antes que el social”. Fue el caso de Víctor. El Estado lo asesinó.
Después de su muerte, la madre supo que coincidió en las calles con la señalada “banda de las frazadas”. Niños, niñas y adolescentes en situación de calle que dormían en la glorieta de Plaza San Martín acurrucados, dándose calor. Los medios regionales y hegemónicos los tildaron y juzgaron dejando en evidencia la nula falta de empatía social con menores que nunca fueron contenidos en el seno familiar o a través de organismos del Estado municipal, provincial o nacional.
En mayo de 2012, el por entonces juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Arias -en la actualidad, apartado de sus funciones a través de un jury de enjuiciamiento-, dictó una sentencia a favor de la niñez tomando como referencia a este grupo que se encontraba en riesgo, exigiendo la plena implementación de la Ley N° 13.298 de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Buenos Aires. También obligó a los Estados a crear programas que sean específicos, a construir paradores nocturnos, hospitales especializados en salud mental, a engrosar la cantidad de trabajadores estatales abocados a este sector y a invertir más cantidad de recursos en centros de rehabilitación integral.
Víctor nació en Oberá, Misiones, el 30 de octubre del año 1998 y es el segundo hijo de cinco en total. Queda poco recuerdo de la figura paterna que nunca tomó esas riendas. Raquel se mudó en el año 2000 a la ciudad de las diagonales con Yamila y Víctor entre sus manos, una mochila cargada de ropa y futuro incierto. A ella, como a todos, los corría una situación social y economía difícil en Argentina. Destacado alumno y gran persona, Víctor soñaba con sostener el micrófono en el escenario y cantar en Mar del Plata. Un tema existente o uno de sus éxitos. Con once años, grababa con el celular y actuaba ser locutor. Creaba voces y personajes. Su madre lo recuerda con muy buena comunicación, solidario con el prójimo y con buen humor.
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—Me acerqué al Colectivo contra el Gatillo Fácil acá en La Plata por insistencia de Sandra Gómez, la madre de Omar Cigarán. Nos reuníamos todo el tiempo al principio, pero después dejé de ir.
—¿Por qué no vas más?
—Es que me quedaba a contramano por el horario, llegaba muy tarde a casa y hace como un año ya no me junto.
—¿Pero creés que la lucha es importante?
—Sí, yo quiero saber la verdad, pero también me desanimo mucho. La sentencia del caso de Omar para mí fue un quiebre, no me quedan muchas esperanzas después de eso. ¿Para qué sirve luchar, luchar y luchar si después queda impune?
En abril de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de La Plata absolvió por mayoría al sargento Walter Flores, acusado de asesinar a Omar Cigarán el 15 de febrero de 2013 en Barrio Hipódromo, con diecisiete años. La misma edad que tenía Víctor. Ambos casos son similares en cuanto al desamparo del Estado con los jóvenes y la impunidad del gatillo fácil.
La diferencia primordial es que, dos años después, no hay evidencia que pruebe que el que disparó contra Víctor fue un policía. No hay testigos. No hay avances. Sólo hay sangre, un pibe menos y mucho dolor mezclado con desesperanza.
La familia González apunta directamente a Guillermo Salas, el actual jefe del servicio de calle de la Comisaría 9° de La Plata, una seccional que tiene un prontuario por demás oscuro: ahí asesinaron a Miguel Bru, desaparecido en democracia y visto por última vez con vida ingresar a ese destacamento de calle 5 y 59.
La causa judicial quedó en manos de María del Carmen Verdú, abogada querellante de la familia y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) once meses después del asesinato de Víctor. La misma está siendo investigada por la fiscal Leyla Aguilar de la UFI 5, que no llamó ni recibió todavía a Raquel Bareiro.
“Como siempre en estos casos, nos encontramos con un montón de trabas en la Justicia. No me quisieron atender al aniversario del mes cuando hicimos una marcha exigiendo justicia. Por eso, pierdo el ánimo, está todo muy tapado y nadie me ayuda”, sentencia Bareiro. La organización en La Plata se desintegró hace un año y todo intento de avance ahora queda trunco sin la insistencia de la misma.
Desde hace cinco años, distintas organizaciones, junto con agrupaciones de derechos humanos, realizan la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil en todo el país, pero con epicentro en Capital Federal. En agosto del año pasado, los familiares de Víctor marcharon con el pedido de justicia, pancartas y remeras exigiendo la verdad. Este año, por decisión de Raquel, el grito por el hermano de Yamila, Darío, Ezequiel y Ailín no se hizo presente. La falta de nombre y apellido a quien certeramente acusar fueron las razones para no llevar el pedido de justicia a Plaza de Mayo. A Raquel le parecía en vano.
En Argentina, según estadísticas de la CORREPI, el Estado asesina a una persona cada veintitrés horas. El balance de la gestión Cambiemos realizado a nivel nacional arroja que, entre el 10 y el 31 de diciembre de 2015, con veintiséis casos. Sumados a 441 casos de 2016 y 258 casos de 2017, son un total de 722 días donde el aparato mató a 725 personas. El caso de Víctor se suma a esta cifra negra de 2016 que se convierte en año récord de muertes en toda la democracia argentina. La modalidad más frecuente de represión la tiene con 44% el fusilamiento de gatillo fácil, seguido de las muertes de personas detenidas, con un 40%. El 84% del total de asesinados caminaban por un barrio o estaban siendo detenidos/as.
En la región de la capital provincial, los seis casos más recientes son: Sebastián Nicora, joven de dieciséis años asesinado en las playas de Punta Indio en febrero de 2013; Mauricio Andrara e Ismael Perusatto, de diecisiete y veinte años, fusilados en 71 y 23 en febrero de 2014 por el policía del Grupo Halcón Cristian Daniel Duarte; Víctor Emmanuel González, de diecisiete años, encontrado sin vida en la esquina de 60 y 115 con un tiro en la espalda; Damián Corvalán, de veinticinco años, asesinado en la costa de Punta Lara el 4 de marzo de 2017, el policía de la ciudad Marco Antonio Gaitán le disparó en el pecho desde dentro de su auto en un supuesto intento de robo; y Nicolás Vargas, de diecinueve años, el 1° de abril de 2017, con un balazo de arma reglamentaria del policía Rodrigo Laurent, tras ser perseguido por un patrullero.
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El alambrado separa la calle de tierra de las cenizas que abruman la vista. No hubo carbón. No hubo leña. No hubo guiso popular. Donde había una casa, ya no hay nada. Los vecinos de la zona se quedan observando. Buscan una explicación mientras esperan que Raquel vuelva al barrio. Con una de sus hijas alzada a upa, la documentación y la cara triste mira donde debía cocinar esa misma noche para cuatro de sus cinco hijos. Todavía hay humo y el personal de Bomberos voluntarios realizando las pericias. La casa fue incendiada de manera intencional. Una vecina vio un móvil policial estacionado en la esquina de calle 3 y 93: a los cinco minutos de que el auto color blanco y azul se fuera, la casa estaba envuelta en llamas. “En ese tiempo, a Víctor la policía lo seguía y yo por miedo a que pasara algo no hice la denuncia. Estoy segura de que me quemaron la casa. Perdí el hogar y ahí todos los recuerdos que tenía de él”, afirma Raquel.
El hostigamiento policial ya tenía varios capítulos y la relación de la policía con Víctor era sólo de persecución, maltrato y amenazas. “Yo ya estoy jugado, ya no tengo salida, mami, no me quiere la policía, no puedo hacer nada. Salgo a la calle y me paran, ya no sé qué hacer. Yo no estoy haciendo nada y me paran como si fuera un delincuente”.
Víctor le repetía a los hermanos que donde se come no se caga, lo aprendió trabajando. Que si alguien te da un plato de comida y te recibe siempre bien, no podés “flashar cualquiera”, y con esa gente “hay que rescatarse”. Repetía una y otra vez que a un conocido hay que tenerle respeto. “Lo único que me quedó de Víctor es Lionel, que lo veo y lo cuido una vez por semana”, sentencia Raquel a sus 38 años, cinco hijos y tres nietos. Madre luchadora que quiere justicia por su hijo, un hijo que perdió a los diecisiete años, justo la edad en que ella lo parió.
*Por Ignacio Gallardo para Diario Contexto / Imagen de portada: @BarbaraDesmaras.
