Taym: el daño ya está hecho
Los vecinos afectados por la inundación de Taym en marzo del 2017 dieron a conocer ayer el informe pericial que estaba en secreto de sumario. El trabajo realizado por un equipo interdisciplinario confirma que el agua ingresó a la planta de tratamiento de residuos peligrosos y arrastró material altamente tóxico por el aire, el agua y terrenos aledaños a la empresa de Roggio, y esos mismos líquidos llegaron por el canal Los Molinos hasta la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas una hora antes de que se cerraran las compuertas. Por el tema están siendo investigados los principales funcionarios de Ambiente de la Provincia y fueron imputados 3 altos directivos de la firma, que se niegan a declarar.
Por Camilo Ratti para Al revés
Hace 18 años, el actual ministro de ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia, Fabián López, estampó su firma en una nota para avalar la construcción de una planta de tratamiento de residuos peligrosos a la empresa Taym, del Grupo Roggio, en un terreno contiguo a la ruta 36, muy cerca del canal Los Molinos que abastece a un tercio de los ciudadanos de la capital.
En la nota, el entonces director de Dipas decía que no podía certificar el lugar como no inundable, pero opinaba que “no presentaría problemas en relación a las escorrentías superficiales”. La naturaleza se encargó de demostrar lo equivocado que estaba el funcionario: el 28 de marzo del 2017 una fuerte lluvia provocó la inundación de la zona, cuyas aguas ingresaron a la planta de Taym, arrastrando material altamente tóxico e irregularmente tratado por la empresa.
Pero no sólo eso: además de contaminar agua, aire y tierra, los contaminantes recorrieron 11 kilómetros por el Canal Los Molinos hasta la planta potabilizadora de la empresa Aguas Cordobesas, también del Grupo Roggio, que abastece a 500 mil cordobeses de la zona sur de la capital. Las autoridades del Grupo salieron a decir que las compuertas se habían cerrado a tiempo, pero el informe pericial que realizó la fiscalía – y que ya no se encuentra bajo secreto de sumario-, sostiene que el agua ingresó una hora antes a la planta potabilizadora.
Los abogados y vecinos de Santa Ana afectados por la contaminación de Taym y por el proyecto del vertedero de basura que Cormecor quiere instalar en la zona, hicieron público ayer lunes dicho informe pericial, elaborado por un equipo interdisciplinario que integraron un biólogo, un géologo, un ingeniero hidraúlico, un ingeniero químico y un médico.
Entre los puntos más importantes de un informe muy técnico, se destaca que el agua de escorrentía superficial “habría contenido una serie de sustancias peligrosas (disueltas, suspendidas o arrastradas por el agua) que estaban depositadas en la planta y que nunca debieron salir de la misma”.
Estos contaminantes en el agua atravesaron campos aledaños y parte de ellos ingresaron durante varias horas al Canal Los Molinos-Córdoba, “provocando un peligro potencial de ingreso a la Planta Potabilizadora que distribuye el agua a la zona sur de la Ciudad de Córdoba”.
Según Darío Avila y Carlos González Quintana, abogados de los vecinos afectados por la inundación de Taym, “quedó acreditado por fórmulas matemáticas que las aguas contaminadas recorrieron 11 kilómetros por el canal Los Molinos hasta la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas, ingresando una hora antes de que la empresa pudiera cerrar las compuertas”.
Para los defensores de los vecinos, el informe pericial tiene rigor científico y demostró lo que Aguas Cordobesas salió a negar apenas ocurrió la inundación. “Esto agrava toda la situación, porque hay un 30% de cordobeses que al día de hoy consume agua de esa planta y no ha habido un trabajo de remediación en sus filtros”.
Por eso, el informe advierte que “los tratamientos usuales de la planta potabilizadora no están diseñados para tratar la enorme lista de sustancias toxicas y peligrosas presentes en la Planta, por lo cual pudieron pasar a la red de distribución de agua potable”.
Tratamiento irregular
Roggio es una empresa muy poderosa, que tiene contratos con el Estado cordobés desde hace décadas. Actualmente participa de varias obras importantes, como el cierre de la Circunvalación, desde 1997 tiene la concesión del agua de la capital aunque nunca pagó el canon por el servicio que presta, fue concesionaria de la recolección de la basura hasta el 2008 y desde 2003 almacena y procesa residuos peligrosos al costado de la ruta 36.
“Taym amplió en 2016 su planta sin tener licencia ambiental, construyó más fosas y edificios y estaba operando ilegalmente. Un informe de policía ambiental de un mes previo a la inundación señala la existencia de materiales a la intemperie, tachos de DDT, lagunas de lixiviados colapsadas, bermas rotas, instalaciones funcionando sin autorización. ¿Qué hicieron Britch y el ministro López? Nada”, se queja la Asamblea de vecinos.
La inundación dejó todas estas irregularidades al desnudo, confirmadas por el informe pericial encargado por el fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Ottonello: “Se encontraron sustancias por encima de los valores permitidos en la banquina de la ruta 36 (por fuera de la planta Taym), en el canal Los Molinos-Córdoba y en el suelo dentro de la planta. Las muestras positivas son del día del evento y de los días posteriores al mismo. Los elementos encontrados fueron Hierro (agua y suelo), 2-4-6 Triclorofenol (agua del canal), Aluminio (agua del canal) y Ditert-butilfenol (agua del canal y suelo)”.
Aunque el terreno no era el apropiado para levantar una planta de tratamientos peligrosos, el gobierno provincial permitió que Roggio lo hiciera. “Los terraplenes eran deficientes en dimensiones y calidad y no soportaban ni siquiera tormentas de diseño exigidos para emprendimientos de la naturaleza de Taym (100 años de recurrencia), menos soportaron la tormenta del día 28 de Marzo”, dicen los peritos. “Esto se debe a la escasa altura de los mismos, así como el uso del suelo colapsible para su construcción, la falta de compactación adecuada, la ausencia de membranas y la no incorporación de materiales que aumenten la resistencia de los terraplenes”.
Por razones geomorfológicas e hidrológicas, el terreno no era recomendable. Donde se encuentra la Planta Taym circula toda el agua de una cuenca de aporte de 30 km2, lo cual en situaciones de lluvias moderadas o intensas genera caudales superiores por ejemplo al caudal promedio histórico del Río Tercero de la Provincia de Córdoba. “El cuerpo pericial recomendó la no continuidad de la planta Taym en esta ubicación, incluso con defensas mejoradas, ya que la propia evidencia del día del evento ha demostrado la potencialidad de la cuenca tributaria”, señala a este portal Mariano Gottero, médico y vecino de la zona, en referencia al material científico que la fiscalía recibió en agosto pasado, y que los abogados de la firma de Roggio cuestionan.
Para los vecinos es clave que la ubicación de la planta “no logró la certificación de no inundabilidad”. En el informe que la Asamblea de vecinos dio a conocer en el Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidedes, queda claro que “el estudio de impacto ambiental tampoco parece haber considerado la presencia del canal Los Molinos-Córdoba aguas abajo, se detectó mala praxis de diseño y operación de las celdas de disposición final, falta de impacto ambiental de la ampliación de las celdas, ausencia de plan de contingencias ante inundación”.
“Se produjo daño ambiental, poniendo en riesgo concreto de contacto directo de contaminantes. La situación de riesgo por daños a la salud puede persistir a futuro, por tiempo indeterminado y un grado imposible de determinar hoy”, resalta el informe pericial.
Todas las trabas, todas
La investigación judicial está desglosada. El Fuero Anticorrupción de Córdoba investiga la actuación de los funcionarios provinciales: el Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, su Secretario de Ambiente, Javier Bricht y funcionarios técnicos de control y fiscalización de esta repartición. La fiscalía de Alta Gracia, la responsabilidad empresaria por contaminación.
El fiscal Alejandro Peralta Ottonello imputó a Esteban Verra, presidente de Taym, la ingeniera María Araoz, responsable técnica, y César Ernesto Ripsky, gerente operativo de la planta en Córdoba. La defensa apeló la imputación porque impugna el informe pericial, pero el juez de control confirmó el llamamiento a indagatoria. “Volvieron a apelar y es la Cámara de Acusación la que debe resolver”, explicó a este portal González Quintana. El artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos 24.051 establece una pena de 3 a 10 años de prisión para el delito de contaminación, y si provocara la muerte de alguna persona, la misma se eleva de 10 a 25 años.
En la causa que investiga el accionar de los funcionarios estatales, el fiscal anticorrupción, Marcelo Fenol, le negó a los vecinos la posibilidad de constituirse como querellantes. Sus abogados se opusieron y el juez anticorrupción, Marcelo Hidalgo, volvió a rechazar esa posibilidad. “Hidalgo era el anterior fiscal de este Fuero, y ahora como juez interviene en las resoluciones que él mismo dictaba”, se quejan los abogados.
Los vecinos apelaron esa decisión y es la Cámara de Acusación la que debe resolver si los acepta o no como querellantes en una causa que involucra a un ministro de Schiaretti, a su secretario de Ambiente y a uno de los grupos económicos más poderosos de Córdoba.
¿Qué pasaría si la justicia determina que el agua que consumen 500 mil cordobeses de la zona sur de la capital fue contaminada con materiales altamente dañinos para la salud? Es la pregunta que se hacen quienes además resisten la instalación del futuro predio de enterramiento de la basura de Córdoba y de otras 30 localidades.
*Por Camilo Ratti para Al revés
