Salud Mental: en las calles y en el Sistema Internacional de Derechos Humanos
El abandono a la salud mental en la Argentina macrista y las estrategias de incidencia de organizaciones de la sociedad civil en Córdoba. Las preocupaciones de la ONU respecto al retroceso del rol del Estado como garante de derechos, afectando la no regresividad de derechos humanos, uno de los estándares fundamentales que deben cumplir las políticas públicas.
Por Solana Yoma y Martín Passini para La tinta
En este artículo registramos las principales observaciones que la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha realizado recientemente sobre la situación de la salud mental en la provincia de Córdoba y en nuestro país a partir del trabajo de incidencia desarrollado por el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos¹ y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos², integrantes del colectivo organizador de las Marchas por el Derecho a la Salud Mental, en articulación con otras organizaciones nacionales.
Esta nota bien podría titularse el abandono a la salud mental en la Argentina macrista. En momentos en que nos aprestamos a reclamar en las calles por la plena aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental, la idea de abandono sintetiza las consecuencias que vienen generando las políticas de estado de los últimos años. De las políticas sociales en general y de la transformación del sistema de atención a la salud mental hacia uno respetuoso de los derechos humanos, en particular. Al menos así lo podemos desprender de la lectura de las principales observaciones que el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) acaba de hacerle a nuestro país, en relación a las políticas sociales y especialmente en materia de Salud Mental y discapacidad.
En la última sesión del Comité DESC de la ONU, nuestro país ocupó el centro de la escena y particularmente de las preocupaciones de este órgano de derechos humanos. Le tocaba el turno a la Argentina para su cuarto período de revisión periódica, es decir para que el Estado informe qué está haciendo para aplicar el Pacto sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en nuestro país. Y para que, como corolario, el Comité expresara sus preocupaciones y recomendaciones en un documento oficial que se conoció hace pocos días. Estas observaciones fueron nutridas por un extraordinario trabajo de incidencia realizado desde la sociedad civil de todo el país y en los más diversos temas: género, niñez, pueblos originarios, migrantes, derechos laborales, sistema previsional, acceso a la vivienda, hábitat, etc.
Las preocupaciones del documento final apuntan al retroceso del rol del Estado como garante de derechos, afectando la no regresividad de derechos humanos, uno de los estándares fundamentales que deben cumplir las políticas públicas. En ese marco, los temas vinculados a discapacidad y salud mental también registran retrocesos inadmisibles.
El escenario fue la 64° Sesión del Comité DESC de la ONU, que se desarrolló entre el 24 de septiembre y el 12 de octubre pasados. Allí Argentina pasó por su cuarta Revisión Periódica, a la que está comprometida como Estado Parte, al ratificar los instrumentos internacionales de derechos humanos. Esta instancia habilita, además, a la sociedad civil a presentar informes alternativos, con información complementaria relativa al cumplimiento de las disposiciones de este Pacto por parte de los Estados. En otras palabras, los informes alternativos observan y denuncian lo que los informes oficiales no dicen: los incumplimientos del Estado en relación a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En este marco, desde la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA), el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y DDHH, presentamos un informe conjunto, especificando en la situación de los derechos de las Personas con Discapacidad en nuestro país. Partiendo de la referencia al Pacto de los DESC, nuestro informe señaló también la transversalidad con el articulado de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad e incluyó observaciones específicas relacionadas al campo de la salud mental.
Además participamos de instancias de diálogo con el comité, por ejemplo la sesión pública de apertura, donde pudimos leer este pronunciamiento que sintetiza las principales vulneraciones de los derechos de las Personas con Discapacidad en nuestro país. Las organizaciones reconocemos y agradecemos el apoyo que contamos en todo este proceso de incidencia de International Disability Alliance, IDA.
El estado es de abandono
Desde la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el consenso de Panamá (OMS – OPS) del 2010, y la Ley Nacional de Salud Mental Argentina (2010), el Estado se comprometió a transformar el sistema de salud mental y cerrar los manicomios antes del 2020. Sin embargo, en el informe presentado denunciamos que el encierro en instituciones psiquiátricas sigue siendo la principal respuesta del Estado en materia de salud mental. En algunas provincias el 80 % del presupuesto en Salud Mental se destina a sostener los hospitales monovalentes.
Igualmente, las condiciones de alojamiento son paupérrimas: se registran situaciones de maltratos físicos, psicológicos y sexuales contra las personas que se encuentran en dichos establecimientos. Existe un uso indebido de medicamentos y la sobremedicación se emplea como una forma de control, disciplinamiento y castigo. Tampoco existe información disponible que permita conocer la cantidad de personas que se encuentran alojadas en instituciones de salud mental.
También en el informe alternativo mencionamos que en algunas provincias no existen sistemas eficaces para canalizar las denuncias ante hechos de violencia, puesto que aún muchas de ellas (como Córdoba) no cuentan con Órganos de Revisión Locales (ORL), que velan por el cumplimiento de los derechos de las personas usuarias de servicios de salud mental (Ley Nacional de Salud Mental).
La contracara son las barreras en la comunidad y el sistema general de salud: el informe observó la permanente escasez de recursos materiales y de equipos profesionales y la falta de dispositivos en la comunidad que sustituyan el sistema manicomial, imposibilitando a los usuarios el derecho a vivir de forma independiente y en comunidad, y la insuficiente capacidad instalada de atención en salud mental, tanto en el ámbito comunitario como en los hospitales generales, que pueda sostener el proceso terapéutico fuera del hospital monovalente. Pero también las barreras actitudinales, en formas de resistencias y prácticas de discriminación y exclusión, que obstaculizan el acceso a la salud en hospitales generales a las personas con discapacidad psicosocial, aún cuando la demanda se articule en relación a patologías orgánicas y no específicas de salud mental.
También en esta instancia de incidencia manifestamos que aunque las adicciones son parte del campo de la salud mental, a partir del año 2016 surgieron iniciativas que pretenden retrotraer la atención del consumo problemático desde el marco del enfoque de derechos a otro que instala, nuevamente, un paradigma disciplinario y sancionador.
Estas denuncias fueron receptadas en el documento final, en el que el Comité manifestó su preocupación en torno a “que el encierro en instituciones psiquiátricas sigue siendo la principal respuesta del Estado en materia de salud mental”, y “las (precarias) condiciones de vida en estas instituciones de personas internadas y la muy fuerte reducción del presupuesto asignado a la Dirección Nacional de Salud Mental incumpliendo con la pauta fijada por la Ley Nacional de Salud Mental (10% del gasto en salud) (art. 12).”³
Y en base a ello, el Comité entre otras cuestiones recomendó a nuestro país a “adoptar medidas para prevenir y abordar actos de malos tratos en todos establecimientos de salud mental”; a “garantizar el cumplimiento en todo el país de la Resolución ORSM N° 15/14 sobre Muertes en Instituciones Monovalentes de Salud Mental y la Resolución ORSM N° 17/14 sobre el no uso de electroshock”; a “garantizar de que los tratamientos se administran sobre la base de un consentimiento libre e informado”; a “propiciar que niños y adolescentes sean atendidos en forma comunitaria, priorizando la atención ambulatoria, domiciliaria y en la zona de arraigo, y se restrinja la institucionalización”; a “fortalecer la red de servicios comunitarios y la apertura de servicios de salud mental en los hospitales generales, para el cumplimiento de lo establecido en el Art. 28 de la Ley N° 26.657 y en el Plan Nacional de Salud Mental”.
Y fundamentalmente el Comité DESC apuntó al centro de la cuestión, con una recomendación que ya había realizado el año pasado el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en una instancia similar: a “concretar en 2020 la sustitución del sistema de instituciones psiquiátricas de salud mental públicas y privadas por un sistema de integral, integrado, interdisciplinario y comunitario de Salud Mental, en cumplimiento del Plan Nacional de Salud Mental”. El tiempo que resta hasta el 2020 hace poco probable que el Estado pueda cumplir con este compromiso.
* Por Solana Yoma y Martín Passini para La tinta / Imágenes: Colectivo Manifiesto
¹ Observatorio de Salud Mental y DDHH de Córdoba: desde el año 2011 monitorea las políticas de salud mental que se llevan adelante en la Provincia de Córdoba para conocer las transformaciones tendientes al efectivo cumplimiento de las leyes en salud mental (N°26657 y N° 9848). Está conformado por personas y organizaciones con diversas trayectorias e inserciones en el campo de la salud mental. El Observatorio busca fortalecer y consolidar la producción de información para el monitoreo de políticas públicas, a través de publicaciones periódicas y redes de articulaciones que nos ubican como un actor en el campo de la salud mental. https://www.facebook.com/ObservatorioSMyDDHH/
² Mesa de Trabajo en Discapacidad y DDHH de Córdoba: es un espacio de trabajo colectivo que desde 2013 propone la promoción del enfoque de los derechos humanos en el ámbito de la discapacidad, desde el marco jurídico que plantea la CDPCD y otros tratados internacionales de DDHH. Participan personas con o sin discapacidad, familiares, trabajadores y representantes de distintos sectores. Trabaja para generar estrategias de incidencia pública en relación a los discursos y representaciones sociales, a las políticas públicas, a los marcos jurídicos y a las prácticas sociales y de las organizaciones que trabajan, directa o indirectamente, en el ámbito de la discapacidad. https://www.facebook.com/mesa.discapacidad.ddhh/
³ Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Argentina en relación a salud mental E/C.12/ARG/CO/4
