La Asamblea de Villa Urquiza resistió su desalojo
Por Nicolás Romero para Página 12
Tras haber resistido el desalojo de la Policía y la Gendarmería, los integrantes de la histórica Asamblea de Villa Urquiza lograron suspender el operativo en el centro comunitario, afincado en terrenos del Estado nacional tras la crisis del 2001. Mientras los agentes de seguridad intentaban tapiar el local de Triunvirato y Roosevelt, impidiendo que los vecinos retiraran los libros de la biblioteca popular que funcionaba allí, el Defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, logró que se abriera un canal de diálogo. El desalojo se pospuso por un mes, tiempo durante el cual los vecinos mantendrán las llaves del lugar. Vencido ese plazo, las partes deberán acordar sentarse a una nueva mesa de negociaciones.
Los integrantes de la Asamblea esperaban el desalojo desde la semana pasada, cuando se habilitó la venta del terreno para construir allí tres nuevas torres. Desde entonces, en la Asamblea denunciaron la maniobra para continuar con la privatización de tierras públicas para desarrollos inmobiliarios privados.
“Señor, señora/ no sea indiferente/ nos cierran la asamblea/ en la cara de la gente”, y “Ya vas a ver/ los espacios que vos cerraste/ van a volver”, coreaban desde la calle decenas de personas, mientras una integrante de la Asamblea se encadenaba a la ventana del local.
En un desproporcionado operativo de seguridad, los agentes impidieron la entrada de los vecinos al local, en el que funciona una biblioteca popular, una videoteca, 11 talleres artísticos, un bachillerato y una consejería.
Pasado el mediodía, el Defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, quien considera «ilegal» el desalojo, por ampararse en una ley de la dictadura, la 17.091, pudo hablar con la oficial de justicia a cargo del operativo. En esa misma línea, desde el Observatorio de Derecho de la ciudad, manifestaron: “Esta ley tenía por objeto autorizar desalojos sumarios en caso de que los inmuebles fueran destinados a actividades lucrativas, y no contemplaba el derecho de defensa de los afectados”.
Tres torres y un desalojo
Hace semanas que la Asamblea de Vecinxs autoconvocadxs de Villa Urquiza se encuentra en estado de alerta ante el inminente desalojo que pretende llevar adelante el Gobierno Nacional para continuar con la privatización de tierras públicas para desarrollos inmobiliarios privados. Liliana Rodríguez, tallerista del espacio comunitario, explicó a PáginaI12 que el juicio para desalojar el lugar avanzó sin que la Asamblea fuera notificada, por lo que no tuvieron derecho a la defensa, y señaló que “a través de una ley de la dictadura, la Agencia de Administración de Bienes (AABE) permite que esos terrenos se pongan a la venta”.
El juicio de desalojo fue iniciado por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para desocupar los terrenos aledaños a la estación Urquiza, donde además de la asamblea, en Triunvirato 4778, hay unas canchas de fútbol y algunas viviendas precarias, que también serían desalojadas.
Rodríguez, psicóloga del hospital psiquiátrico Alvear, donde da un taller para externar pacientes en el marco del programa de Promoción Cultural de la Salud, que replica en el espacio barrial, contó que “desde hace una semana estamos día y noche defendiendo el lugar, con el apoyo del barrio. Nos están tratando como si fuéramos ocupantes, cuando somos una asamblea horizontal que no lucra sino que trabaja para la comunidad”.
En este sentido, años atrás, un fallo de la Cámara Federal consideró que no es delito tomar posesión de un inmueble abandonado del Estado, como lo era el local donde funcionaba la pizzería «La Ideal» que los vecinos recuperaron para armar la asamblea, si sólo se persigue un interés comunitario.
“En la asamblea funciona todos los días, de 18 a 21, el bachillerato popular Berta Cáceres, que da títulos oficiales. Mantenemos una consejería pre y post aborto, que es emblemática en la lucha por la ley del aborto. Hay talleres de electricidad, de tango, de cuentos, biblioteca al paso e infinidad de actividades de integración”. “Hay una gratiferia, se entrega ropa gratis y desde hace un mes se mantiene una olla popular. Las personas en situación de calle saben que acá tienen un lugar de contención: pueden tomar una sopa caliente, un té y estar el tiempo que necesiten”, explicó la tallerista.
Para preservar ese espacio, los asambleístas convocaron a la comunidad y organizaciones sociales a sumarse a la resistencia con las consignas: No a la venta de tierras públicas, Basta de negocios inmobiliarios, No al desalojo de viviendas y de la asamblea, y sí a las ollas populares.
El abogado especializado en Derecho Ambiental y titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, explicó a Página/12 que “al asumir (Mauricio) Macri como presidente, emitió decretos que autorizaron la venta de cientos de inmuebles del Estado a través de AABE. El año pasado, la Legislatura aprobó la venta de los terrenos de Villa Urquiza, que re-zonificó para permitir proyectos inmobiliarios (el 65 por ciento para espacio público y el 35 para desarrollo privado), en un convenio entre Ciudad y Nación. De la venta, que ya tiene fecha de subasta para noviembre, Nación se queda con el valor del suelo anterior al cambio de zonificación, y Ciudad, con la plusvalía”.
Sin embargo, el letrado remarcó que “es ilegal autorizar la venta de tierras que son del Estado nacional sin pasar por el Congreso”, y remarcó que no se está garantizando “la protección de los derechos culturales de la ciudadanía. El Estado, que reconoció a la Asamblea, tiene que avanzar y no retroceder”.
* Por Nicolás Romero para Página 12 / Imágenes: Emergentes
