No es un policía, es toda la institución
El viernes 14 de septiembre en Twitter se hizo público un video de la Policía de Córdoba golpeando y forzando a un niño de 13 años a entrar a un móvil. Varias mujeres que lo acompañaban pedían que por favor le dejaran de pegar; no era mayor de edad y tenía discapacidades.
Ese mismo viernes un niño de 9 años que jugaba con un arma de juguete, junto a su hermano de 12 en la vereda de su casa en Mar del Plata, fue golpeado brutalmente por un policía que pasaba por ahí y lo vio con el arma de juguete. El pequeño también tenía discapacidades.
Córdoba, Mar del Plata; no es un policía, es toda la institución.
El doble discurso del gobierno de Córdoba: dice bancar los derechos humanos pero detiene a pibes de Barrios de Pie por portación de rostro cuando estaban por participar de la marcha por #LaNocheDeLosLapices #Ahora # pic.twitter.com/Ko9C2pt6Gq
— Nestor Moccia (@NestorMoccia) 14 de septiembre de 2018
En el video la secuencia es clara, unos 7 uniformados fuertemente equipados, un niño casi desvanecido que es forzado a entrar al móvil y personas alrededor pidiendo que por favor dejen de pegarle: “Tiene una discapacidad y es menor” se escucha varias veces.
“M. L. S., de 13 años, se encuentra internado en el hospital de niños a causa de las agresiones físicas recibidas por parte de la policía de Córdoba, luego de que fuera brutalmente detenido esta tarde, en plaza Colón, cuando se dirigía a participar de la marcha por un nuevo aniversario de la noche de los lápices”, denunció la organización Barrios de Pie, luego de que se viralizó el video y familiares y miembros de la organización se dirigieran a la comisaría 3ra ubicada en Santa Rosa 1345, donde el niño había sido trasladado. Silvia Quevedo relató a un medio de la ciudad que se estaban concentrando en la plaza del barrio para dirigirse a la marcha de La noche de los lápices, y que el niño rozó el móvil, eso desató la furia de los uniformados.
Organismos de DDHH repudiaron lo sucedido: “Según las constancias fílmicas, el niño no tenía lesiones al momento de su detención”, denunciaron desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Córdoba.
Desde Barrios de Pie, indicaron que el niño no cometió ningún ilícito del que la policía intenta acusarlo y que aún así ni la violencia física ni la detención de un menor que luego dejaron esposado en un hospital, corresponden. Estuvo internado y esposado hasta que intervino la Senaf y logró que le retiraran las esposas.
El chico continúa internado debido a los traumas físicos y psicológicos de la situación sufrida. “El pibe vive una situación muy particular, la mujer que lo cuida no tiene la guarda legal, y padece un contexto de extrema vulnerabilidad”, describió Silvia, cuestión que la misma Senaf constató al indicar que se le puso una guardia no por la comisión de un supuesto delito -aunque esta situación es la que les permitió hacer el pedido a la Senaf-, sino porque ningún niño puede estar solo en una internación.
Las situaciones de vulnerabilidad de muchxs niñxs de la provincia de Córdoba se ven recrudecidas por las políticas del Estado que incluye el accionar policial que, aún frente a los reclamos en el lugar del hecho y en la propia comisaría, prefirió hacerlo pasar la noche esposado a una cama cuando todo indicaba no solo la ilegalidad del accionar policial, que es moneda corriente, sino la enorme visibilidad que el hecho tomó.
La sistematicidad del accionar policial
Ese mismo viernes, pero unas horas antes, en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, ocurría otra golpiza brutal por parte de un efectivo policial, contra un niño de sólo 9 años. La razón: jugaba con su hermano de 12 años en la vereda de su casa, con un arma de juguete. Pero no era cualquier casa: “La madre del niño es una conocida militante social y activista por los derechos humanos, integrante de la red de familiares víctimas de violencia institucional de la CPM, organizadora de actividades y marchas contra la violencia policial en Mar del Plata”.
La denuncia presentada por la Comisión por la Memoria detalla que «cerca del mediodía, mientras Matías y su hermano (12) jugaban con un arma de juguete en la vereda de su casa en un barrio de Mar del Plata, un oficial de policía que circulaba en un patrullero se detuvo al verlos, se bajó y comenzó a golpearlo brutalmente mientras lo ahorcaba con una remera. Al escuchar los gritos de su hijo, la madre salió de su casa y lo encontró tirado en el piso, mientras el agente continuaba con los golpes y lo reducía».
La golpiza le ocasionó a Matías diversas heridas que dejaron marcas en su pequeño cuerpo. Desde la Comisaría explicaron oficialmente que se trató de una acción “protocolar”. No obstante, un subcomisario se presentó en el lugar y pidió disculpas reconociendo la gravedad del hecho ocurrido. Otra fue la actitud del agente autor del hecho, quien amenazó a la madre diciéndole que tenía que agradecerle no haberse bajado con el arma y que debía enseñar a su hijo que no se apuntaba a un policía; todo esto sin registrar que el niño sólo estaba jugando. Los armas de juguete no están prohibidas ni es delito jugar con ellas, cuestión que parece desconocer el agente público”.
El pequeño de 9 años quedó con traumas físicos y psicológicos por la golpiza, agravados por padecer un retraso madurativo.
“Las heridas y laceraciones provocadas por los golpes, el arrastre y ahorcamiento, constituyen torturas y malos tratos que deben investigarse y sancionarse de manera urgente” expresó la CPM y agregó “que no se trata de un hecho aislado y singular sino de una práctica cada vez más extendida y generalizada que sistemáticamente viene dando muestras de la violencia, arbitrariedad e impunidad con que operan las fuerzas de seguridad en el territorio”.
En todos lados
En Paraná ese mismo viernes, pero ya más caída la tarde, se llevó a cabo un megaoperativo policial con alto nivel de violencia con el objetivo de detener a ocho adolescentes, todxs de menos de 18 años, que habrían estado -según la denuncia de la policía- fumando marihuana. El hecho denunciado sucedió frente a la Universidad Autónoma de Entre Ríos, donde se llevaba adelante un Congreso de Derechos Humanos.
Lucas Crisafulli abogado, docente e investigador en materia de DDHH de la UNC relató que “casi la totalidad salimos para garantizar los derechos de los pibes que eran tratados como si fueran el cartel de Sinaloa o terroristas del Isis. Tuvo que hacerse presente la fiscal y la defensora de niños. El procedimiento duró tres horas. Logramos salvar a varies pibes de la brutalidad y dos de ellos fueron entregado a sus padres por el organismo de protección de la infancia”. Además agregó: “Del otro lado de la plaza está la Municipalidad, y dentro de ella muy cómodo Sergio Varisco, intendente de Paraná de la alianza Cambiemos que fue procesado por la justicia federal como financista de una pesadísima banda de narcotraficantes”. Un hecho más que deja una sensación de ser un acto de provocación.
Una trasmisión en vivo desde el muro personal de Lucas Crisafulli demostró el despliegue que se produjo para detener a adolescentes que estaban fumando en una plaza a las 6 de la tarde, y la sensación de provocación frente a la realización del Congreso de Derechos Humanos.
El objetivo de siempre: criminalizar la protesta social y la pobreza
Dos niños, diferentes provincias. Uno antes de ir a una movilización con una organización política, cosa que a ninguna comisaría de barrio le pasa inadvertido o puede desconocer, ya que en eso la policía está siempre bien dispuesta a reprimir y a aleccionar a quienes eligen organizarse. El otro hijo de una militante social por los derechos humanos. Además de los chicos en la plaza frente a un Congreso de DDHH.
Es un plan sistemático, en lo que insisten organismos de DDHH, organizaciones políticas, antirrepresivas y sociales: “No es un policía, es toda la institución», mas vigente que nunca.
*Por Mucho Palo Noticias.
