En Colombia nadie se salva de las amenazas
Un dirigente del Congreso de los Pueblos fue intimidado en el marco de la grave situación represiva que atraviesa el país.
Por Redacción La tinta
“Ayer un man me abordó de manera intimidante, me nombró mi familia el muy cobarde, y luego fue a mi casa e intimidó a mis papás y me dijo que tenía 15 días”. Así comienza el escueto mensaje que el dirigente del Congreso de los Pueblos de Colombia, Sebastián Quiroga, publicó el pasado 24 de julio en su página de Facebook.
“Esto no es un hecho aislado. Somos víctimas de una práctica social genocida que quiere destruir a quienes piensan diferente y hacen cosas para que el mundo sea diferente”, agregó Quiroga en su denuncia pública. Con esas palabras, el también vocero nacional del Congreso de los Pueblos resumió el nivel represivo que por estos día vive Colombia. La multiplicación de asesinatos de líderes sociales y dirigentes política se disparó luego del triunfo electoral de Iván Duque, un fiel representante de la ultraderecha que gobernará durante cuatro años con puño de hierro.
Quiroga, politólogo y militante en la ciudad de Bogotá, fue negociador de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular ante el gobierno, además de desempeñarse como miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo, director de La Fogata Editorial y vocero nacional del Congreso de los Pueblos.
El pasado día 23 de julio, el dirigente había salido de la casa de sus padres por la mañana y luego de caminar unas cuadras escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Cuando volteó a mirar, un hombre desconocido caminaba en su dirección. Quiroga cruzó la calle e ingresó a un local comercial, donde fue seguido por la persona, que le pidió que salieran a hablar. Ante su negativa, el hombre le dijo que colaborara, que se alejara del “camino equivocado” y le recordó que existe un proceso penal en su contra que le puede costar 12 años de prisión.
Como si fuera poco, el desconocido luego se trasladó a un comercio de propiedad de la familia de Quiroga en donde se presentó como funcionario estatal. Ahí dijo que el dirigente del Congreso de los Pueblos tenía “15 días para decidir sobre la propuesta de colaboración que le hicimos, pues con el nuevo gobierno la situación se pondrá complicada”. “Es mejor que no le digan a nadie de esto porque el único que pierde es él”, sentenció el hombre. Tanto a Quiroga como a sus familiares, el desconocido les dejó una tarjeta con un nombre, la imagen de una jaula con un ave encerrada y números de teléfonos diferentes.
En el texto difundido por el propio Quiroga, aseguró que “resistiremos porque tenemos la convicción que el futuro se construye” por parte de “los pueblos organizados y por las ciudadanías libres”. “Hago responsable al Estado por lo que ocurra a mi familia, a mis compañeras y compañeros, o a mí”, advirtió el miembro del Congreso de los Pueblos.
La realidad represiva colombiana es el escenario donde se produjo esta nueva amenaza. La fiscalía general del país informó que entre el 1 de enero de 2016 y el 6 de julio de este año se registraron 181 asesinatos a líderes sociales, cifras oficiales que podrían ser mayores.
El martes pasado, un grupo de congresistas de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el Polo Democrático y la Alianza Verde, demandó al gobierno nacional implementar medidas de urgencia para frenar el asesinato de líderes sociales y dirigentes populares. A su vez, solicitaron a la comunidad internacional que verifique y acompañe el proceso que emprenderá durante la nueva administración de Iván Duque.
Por su parte, desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) volvieron a alertar sobre la situación crítica que atraviesa Colombia. El secretario general del organismo, António Guterres, se mostró preocupado por el aumento de asesinatos de los líderes sociales. En un documento que se presentó al Consejo de Seguridad de la ONU, Guterres resaltó “la indignación y repudio de la sociedad colombiana contra esta ola de asesinatos”. En el informe, se remarcó la “permanente preocupación” por “el aumento del número de muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos, en la dinámica de violencia que sigue afectando principalmente a las zonas rurales”.
Con respecto a la amenazas recibidas por Quiroga, el Congreso de los Pueblos se pronunció de forma categórica y las calificó como dentro de un plan de “estigmatización” e “intimidación” contra los y las militantes de la organización.
“En los últimos meses varios miembros de nuestro Movimiento han sido judicializados –recordaron-; otros activistas han sufrido seguimientos en sus lugares de residencia y trabajo; sus documentos de identidad han sido fotografiados arbitrariamente en supuestos procedimientos rutinarios de la policía; se han presentado ingresos o acercamientos de uniformados a sus sitios de habitación bajo supuestas quejas de vecinos o personas sin identificar”.
Para el Congreso de los Pueblos, esta situación se presenta “mientras en el país arrecia la persecución contra distintas organizaciones populares”. Para la organización, la cifra real de defensores y defensoras asesinadas desde 2016 supera las 400 personas.
La organización Colombia demandó a la Fiscalía General de la Nación y al Estado colombiano a “garantizar la vida, la seguridad y el libre ejercicio de los derechos” de Quiroga y su familia, a su vez que reclamó el cese de “la estigmatización contra el movimiento social, popular y político del Congreso de los Pueblos”.
*Por Redacción La tinta
