Diez mil telegramas de despido en el Estado
El proceso de desmantelamiento de las empresas públicas se acelera. Télam fue el último caso pero 4500 trabajadores estatales fueron despedidos desde la llegada de Macri a la presidencia. El acuerdo con el FMI exige llevar a cero las transferencias a este sector del Estado para 2021, lo que implica, según estimaciones del Centro de Economía Política, el despido de 10 mil trabajadores más.
Por Débora Ascencio para Nuestras Voces
El paradigma que orienta el diagnóstico y la toma de decisiones del equipo económico actual del Gobierno es contrario a la idea de un Estado interventor. Por eso no debe sorprendernos una postura adversa al crecimiento del Estado y sus funciones; o lo que es lo mismo, el plantel de trabajadores y trabajadoras bajo su órbita.
Este paradigma no es nuevo en la historia económica argentina, fue hegemónico durante la década de los setenta de la mano de la última dictadura cívico-militar, y durante la década de los noventa mediante las reformas estructurales del menemismo. El desguace de lo público fue el común denominador. Durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, la calidad de las empresas públicas fue deteriorada a partir de diversos mecanismos: endeudamiento, reducción del plantel de trabajadores y trabajadoras, achicamiento del gasto público destinado a las firmas, privatización periférica, entre otros. Esto sentó las bases para que en la década de los noventa la mayor parte del patrimonio del Estado fuera privatizado.
El cuestionamiento de lo público vuelve a estar en el centro del debate. En 2016 se creó el Consejo de Supervisión Estratégica de las Empresas Públicas, integrado por los ministros accionistas de las 31 empresas del Estado (Energía, Transporte, Producción, Hacienda, Modernización, Comunicación y Defensa), dos miembros independientes (desde abril de 2017 Luis Mario Castro y Jorge Becerra) y los Vicejefes de Gabinete (Gustavo Lopetegui y Mario Quintana).
En 2017 la Jefatura de Gabinete presentó el documento “Carta de Jefatura de Gabinete: empresas públicas para el crecimiento”, donde se establece el diagnóstico de sobredimensionamiento de las empresas públicas y se cuestiona el proceso de crecimiento exponencial de las mismas entre 2003 – 2015, aludiendo a la falta de coordinación en la toma de decisiones, la ausencia de estándares administrativos y transparencia y, salvo excepciones, escaso profesionalismo en el ejercicio de la gestión. Pero más allá de las críticas a la calidad en la administración, rápidamente aparece la verdadera preocupación neoliberal: el gasto público.
En el informe señalado, se destaca que el incremento en la cantidad de compañías generó un fuerte impacto en las arcas del Estado, particularmente intensificada en 2008, con la estatización de Aerolíneas Argentinas y ENARSA, transfiriendo a las empresas públicas cerca de 2 mil millones de dólares, equivalentes al 0,4 por ciento del PBI. Si bien, evidentemente el gasto es correlativo al proceso de estatización, el documento realiza una crítica por elevación al “apetito empresario del Estado”, justificando el proceso de privatizaciones de la década de los noventa por la supuesta ineficiencia engendrada en la década previa. En esta crítica no analiza el destino de los fondos transferidos, o la eficiencia en la utilización de los recursos.
Un nuevo capítulo se agrega a la voluntad de achicar el gasto destinado a las empresas públicas, a partir del Memorándum de Políticas Económicas y Financieras entre Argentina y el FMI, donde se hace explícita la voluntad de reducir las transferencias asociadas al déficit operativo de las entidades, desde su nivel actual de 0,1 por ciento del PBI hasta casi cero en 2021.
Las principales empresas a las que se le redujeron las transferencias desde el Estado son: ENARSA (-85%) debido a la caída en el precio del petróleo; ARSAT, cuya producción ha sido discontinuada por decisión política; Fabricaciones Militares y YCRT, que prácticamente paralizó su producción.
Reducción de la planta de trabajadoras y trabajadores
Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), analiza la dinámica de los despidos en el ámbito de las empresas públicas, que desde la asunción de Cambiemos asciende a 4500 casos. La mitad fue despedida en los dos primeros años de gobierno, mientras que la segunda mitad fue separada de su puesto en el último año y medio. Durante el primer año de gestión los despidos se concentraron en las empresas de ferrocarriles, Fabricación de Aviones, la Empresa Argentina de Navegación Aérea, Fabricaciones Militares, la Casa de Moneda y Lotería Nacional. Este último caso es paradigmático, ya que constituye una sociedad que no tiene déficit, pero sufrió el despido de casi 200 trabajadores.
Para el período 2017 – 2018, la información elevada por CEPA arroja un total de 2.264 despidos entre enero de 2017 y mayo de 2018. Aquí se destacan los casos de Fabricación de Aviones, Fabricaciones Militares, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Lotería Nacional y Radio Nacional. Si bien el relevamiento de CEPA no toma aún el mes de junio, cabe recordar el caso de la Agencia de Noticias Télam, tanto por la magnitud (354 casos) como por la crueldad de los despidos.
Por otra parte, el informe de CEPA repara en el acuerdo con el FMI, y advierte una futura reducción del empleo en las entidades gestionadas por el Estado, dado que el compromiso de reducir las transferencias del Estado a 0 por ciento en 2021, supone prescindir de 10 mil puestos de trabajo en la mayoría de las empresas del Estado, según sus estimaciones.
Si hay un elemento bisagra en las diversas teorías económicas, es el rol del Estado en la economía. En un extremo, se ubican las lecturas que identifican en el accionar económico del Estado la clave para el desarrollo y en el otro, se ubican las interpretaciones que ven en el exceso de intervencionismo la razón de todos los males porque distorsiona el funcionamiento del mercado. Detrás de cualquier debate sobre la coyuntura económica (inflación, déficit fiscal, empleo, salarios, pobreza), subyace un posicionamiento en torno a grado y orientación que debe tener el Estado en una economía. En este parte aguas, el papel de las empresas públicas –el Estado en su forma de intervención más directa–, no resulta ajeno.
La gestión económica actual se basa en un fuerte cuestionamiento de lo público y particularmente en las empresas del Estado. La evidencia empírica se encuentra en los diagnósticos del Consejo de Supervisión Estratégica de las Empresas Públicas, y en los compromisos asumidos en el acuerdo con el FMI de achicamiento de las transferencias del Estado hacia las firmas públicas. Como resultado de dicho proceso, es esperable una mayor reducción de la dotación de trabajadores y trabajadoras, un profundo deterioro de las capacidades estatales (administrativas y financieras) de las entidades y la configuración del escenario más favorable para el proyecto privatizador.
*Por Débora Ascencio para Nuestras Voces
