Khan Al-Ahmar: otro capítulo en la limpieza étnica de Palestina
Khan Al-Ahmar, hogar de 173 beduinos, corre el riesgo de desaparecer luego de que Israel aprobara la demolición de las casas del lugar.
Por Jeff Halper para Middle East Monitor
Comienza la cuenta regresiva. La comunidad beduina de Khan Al-Ahmar y su famosa escuela de neumáticos y adobes están a punto de ser demolidas en uno o dos días por la “Administración Civil” de Israel.
La demolición de Khan al-Ahmar es simplemente otro capítulo en un proceso de desplazamiento que ha estado sucediendo durante 70 años. El grupo beduino que habita Khan Al-Ahmar es Al-Jahhalin, una tribu que fue expulsada del desierto del Néguev en 1952 para dar paso a la nueva ciudad israelí de Arad. Simplemente arrojados al otro lado de la frontera (aunque algunos jahhalin aún tienen ciudadanía israelí), encontraron un nicho en el desierto de Judea entre Jerusalén y Jericó, donde pudieron continuar sus vidas como pastores nómadas.
Pero en 1967, esta tierra se convirtió en una parte valiosa de Cisjordania. Controlar esta área significaba que Israel podría cortar con eficacia Cisjordania a la mitad, excluyendo así la posibilidad de cualquier Estado palestino. Los beduinos fueron constantemente empujados a áreas cada vez más remotas y restringidas. En 1976, Israel estableció Ma’aleh Adumim, hoy el tercer asentamiento más grande en el territorio ocupado con más de 40.000 habitantes (judíos), en el centro de la vida de los Jahhalin. Desde 1997, la Administración Civil ha estado forzando a los Jahhalin a abandonar sus tierras por completo, reubicándolas por la fuerza en una apartada colina, literalmente, en el basurero municipal de Jerusalén. Camiones llenos de basura pasan a través de su pueblo lleno de chabolas en el camino para, a continuación, arrojar la basura, y el hedor es abrumador.
Los Jahhalin son parte de una de las comunidades más grandes, con unos 40.000 beduinos, que viven en Cisjordania. Los beduinos (el mismo término significa “morador del desierto”) son expertos en la vida nómada en el desierto. De hecho, sus rebaños de ovejas y cabras proporcionaron una gran parte de la carne y los productos lácteos a la economía palestina. Notificados por Israel de que perseguiría sus vidas como pastores, los han encerrado en más de 100 campamento, donde ya no pueden mantener sus rebaños y han caído en la pobreza absoluta; la familia beduina promedio gana solo 270 dólares por mes. La mayoría de las comunidades beduinas no tienen acceso al agua potable. Por lo tanto, consumen solo 1/5 del requerimiento diario de agua establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los israelíes, por el contrario, consumen diez veces más agua por día, y los colonos 25 veces más si uno incluye su paisajismo, lujosas piscinas e incluso los lagos artificiales de los asentamientos. El 41 por ciento de las familias beduinas no tienen electricidad; el 79 por ciento tiene “inseguridad alimentaria” (es decir, desnutrición y sin un suministro confiable de alimentos); se les niega educación básica y servicios de salud; y la amenaza de la demolición y la expulsión cuelga constantemente sobre sus cabezas. Además de la tragedia humana de todo esto, y la expulsión forzada –que es un crimen de guerra-, estas políticas israelíes representan un genocidio cultural.
La intención declarada de la Administración Civil es eliminar a todos los beduinos del Área C, como parte de un proceso de remoción que afecta a la población palestina en general. El área C representa el 62 por ciento de Cisjordania, y es donde se encuentran los asentamientos israelíes. Dos millones y medio de palestinos de Cisjordania, el 84 por ciento de la población, están encerrados en unos 70 pequeños enclaves, aislados y empobrecidos, llamados Áreas A y B, y el otro 38 por ciento.
El mes pasado, tres jueces de la Corte Suprema israelí, incluido el juez Noam Sohlberg, que vive en un asentamiento en Cisjordania, aprobaron la demolición de Khan Al-Ahmar porque fue construida “ilegalmente”. Esto es sofistería egoísta, por supuesto, porque la Administración Civil tiene una política de no otorgar permisos de construcción a los palestinos en los últimos 50 años, lo que los obliga a construir viviendas para ellos mismos “ilegalmente”. Esto pone de relieve la realidad de que sin el respaldo legal para las políticas de ocupación de la Corte Suprema israelí, la ocupación se habría derrumbado hace mucho tiempo por su ilegalidad.
El Tribunal Supremo se niega a aplicar el derecho internacional a la ocupación (especialmente el Cuarto Convenio de Ginebra que prohíbe la construcción de asentamientos, la confiscación y anexión de tierras ocupadas y el desplazamiento de personas que habitan un territorio ocupado) y acepta todas las acciones del ejército (incluido el de la Administración Civil), que justifica como necesario para la “seguridad”. Los palestinos del territorio ocupado, incluido los Jahhalin de Khan Al-Ahmar, viven en una aterradora realidad kafkiana donde no disfrutan de protección legal del Estado, el ejército o de los ataques de los colonos.
Khan Al-Ahmar, situada irónicamente en el sitio bíblico de la Posada del Buen Samaritano, es el hogar de 173 personas, 92 de ellos niños. La escuela, construida por voluntarios italianos en 2009, la primera que Jahhalin tuvo, alberga a 150 niños. Es probable que la demolición sea en estos días para dar paso a la expansión genuinamente ilegal del asentamiento de Kfar Adumim, un suburbio de Ma’aleh Adumim. Después de años de protestas y cabildeos con gobiernos en el exterior, la destrucción de Khan Al-Ahmar, junto con toda la violencia, represión e injusticia de la ocupación de Israel, demuestra la bancarrota moral y la ineficacia política de nuestros gobiernos en la aplicación de los derechos humanos y el derecho internacional. El plan de Trump, su “Ultimate Deal”, pronto “le dará” a Israel toda la zona C.
*Por Jeff Halper para Middle East Monitor / Traducción: Palestina Libre
