Colombia se desangra
Los asesinatos de líder sociales y defensores de derechos humanos crecen en el país mientras el futuro se vislumbra con una mayor violencia.
Por Redacción La tinta
La violencia estatal y paraestatal en Colombia sigue en aumento. Con el triunfo de Iván Duque en las recientes elecciones presidenciales, el panorama crítico que vive el país puede profundizarse. Por el solo hecho de que Duque es un alfil del ex mandatario Álvaro Uribe Vélez, desde diferentes sectores de la sociedad las alarmas se encendieron por el futuro crecimiento de los asesinatos y persecución a líderes sociales y políticos. A esto se suma que los incumplimientos por parte del Estado colombiano de muchos puntos de paz firmados con las FARC se podrían trasladar a las tirantes negociaciones con la insurgencia del ELN.
Mientras tanto, el presidente Juan Manuel Santos abandonará el gobierno con una larga lista de muertes bajo su sombra y un Premio Nobel de la Paz que no borrará su política de impunidad hacia los victimarios de decenas de hombres y mujeres.
La Cumbre Agraria (CA) y el Congreso de los Pueblos (CP) revelaron ayer que 24 líderes sociales y defensores de los derechos humanos fueron asesinados en un mes en el país. Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y Marcha Patriótica (MP) reportaron que en los primeros cinco meses del año fueron asesinados 98 líderes sociales. Los casos fueron investigados en Todos los nombres, Todos los rostros, Informe de Derechos Humanos sobre la situación de líderes/as y defensores de Derechos Humanos en los territorios, presentando en mayo pasado.
Según el diario El Espectador, esta cifra sigue aumentando significativamente, porque “apenas iniciando junio se presentó en un solo fin de semana (del 1 al 3 de junio) tres homicidios”. Los casos son los de Julio Cesar Montalvo, perteneciente al resguardo indígena Zenú del Alto San Jorge; Orlando Negret, presidente de la junta de acción comunal de Tierralta, y Carlos Jimmy Prado Gallardo, representante legal de Satinga Joven y delgado en la Consulta Previa por las Comunidades Negras del Pacífico Nariñense.
Hace apenas 24 horas se conoció que la lideresa comunal Margarita Estupiñán, de 54 años, fue asesinada el martes pasado. Estupiñán era la titular de la Junta de Acción Comunal del barrio El Recero, ubicado en la vereda Vaquerío, en el corregimiento de Tumaco, en Nariño. La lideresa estuvo amenazada desde 2006, cuando el paramilitarismo caminaba a sus anchas por toda Colombia.
Medios colombianos informaron que Estupiñán fue abatida en la puerta de su casa, pero hasta el momento se desconoce a los autores del hecho. Este caso se conoció apenas unas horas después de que fuera asesinada Ana María Cortés, secretaria de campaña del candidato Gustavo Petro, en el municipio antioqueño de Cáceres.
La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó que cada tres días asesinan a un activista o defensor de derechos humanos. El miércoles, el ombudsman Carlos Alfonso Negret indicó que entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de este año se asesinaron a “311 ciudadanos colombianos que se dedicaban a ser líderes sociales y defensores de derechos humanos”.
La Defensoría puntualizó que la mayoría de las homicidios ocurrieron en zonas con narcocultivos o minería ilegal, como los departamentos del Cauca (78 homicidios), Antioquia (43), Norte de Santander (21), Nariño (18) y Valle del Cauca y Chocó, ambos con 16.
“Hemos dicho basta ya, ni un líder social más asesinado en Colombia porque lo que requerimos es paz y tranquilidad”, agregó Negret.
Por su parte, Ariel Ávila, integrante de la Fundación Paz y Reconciliación, declaró que entre noviembre y diciembre de 2016, tras la firma de la paz, fueron asesinados seis líderes sociales, en el 2018 se sumaron 102 y hasta junio de este año otros 45. “Se han asesinado 153 líderes sociales, en general, uno cada cuatro días. No hay democracia que aguante eso”, advirtió Ávila.
El miembro de la Fundación Paz y Reconciliación explicó que las personas asesinadas son “líderes de restitución de tierras y que piden la verdad, son líderes que querían participar en política y son líderes comunales que se oponen a las economías ilegales y los están matando”. Para Ávila, hasta ahora “Colombia no ha diseñado un modelo de seguridad y justicia rural”.
Luego de los acuerdos de paz con las FARC se teme que ocurra un exterminio similar al perpetrado en las décadas 1980 y 1990 por paramilitares de ultraderecha en complicidad con agentes estatales contra el partido de izquierda Unión Patriótica (UP), en donde más de 4000 de sus militantes fueron asesinados. Desde la firma de la paz, al menos cuarenta ex combatientes de las FARC y familiares de ex guerrilleros fueron ultimados, según cifras oficiales.
El vocero nacional del Congreso de los Pueblos, Jimmy Moreno, aseguró que la situación es cada vez más preocupante y que la respuesta del Estado ha sido bastante débil hasta el momento. “En nombre del Congreso de los Pueblos, estamos bastante preocupados por la situación que a diario nos vienen informando desde las regiones. Hay un incremento en los asesinatos a dirigentes campesinos, afros, indígenas, ambientalistas y sectores que hacen parte de lo comunal”, expresó Moreno.
“Esto, evidentemente, responde a una serie de conflictos que se dan en el territorio, y que curiosamente hemos ido avanzando en el Proceso de Paz, pero la guerra es cada vez mayor –analizó el representante del CP-. La situación nos preocupa mucho porque se suma a la conflictividad que tenemos con el Estado ante nuestros procesos de resistencia. Otro tema importante es la judicialización y criminalización de líderes, que se viene haciendo por parte de la Fiscalía y que, en cierta manera, también está estigmatizando esta labor”.
Se calcula que 28 de los 32 departamentos del país han sido afectados, en mayor porcentaje, por el asesinato masivo a líderes sociales. Estas cifras significan que más del 87% de los departamentos ocurren casos de este tipo.
Frente al desborde la situación colombiana, el presidente Santos convocó para el próximo martes a la Comisión de Garantías de Seguridad y condenó los asesinatos. El mandatario también instó a las fuerzas de seguridad a actuar contra los responsables de estos hechos.
*Por Redacción La tinta / Foto de tapa: Gustau Nacarino
