Media sanción a la ley de integración urbana: un paso más para el acceso a la tierra y la vivienda digna
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de “Régimen de integración socio-urbano y regularización dominial”. La legislación impulsada por diversas organizaciones sociales contempla la expropiación y urbanización de casi 4500 barrios populares, donde viven 3,5 millones de personas que tienen problemas en la tenencia de la tierra y sufren la falta de acceso a servicios básicos. Además, el proyecto contempla que un 25% de la infraestructura para esos barrios sea construida por cooperativas de la economía popular.
Por Redacción La tinta
En la sesión del miércoles 4 de julio -que duró hasta la madrugada del jueves-, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al “Régimen de integración socio-urbano y regularización dominial”. Se trata de una ley que permitiría expropiar tierras y urbanizar más de cuatro mil barrios populares, villas y asentamientos de todo el país. El proyecto fue presentado por el bloque de Cambiemos pero es impulsado desde hace tiempo por diversas organizaciones sociales, y cuenta con el respaldo del oficialismo y la oposición.
Alrededor de 3,5 millones de personas que viven en barrios populares de todo el país y sufren problemas en el acceso a la tierra y la vivienda se verían beneficiadas por esta ley, ya que la misma contempla la urbanización y la regularización de la tenencia de la tierra de los territorios que fueron incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
Este registro, creado por el Decreto 358/17, abarca casi 4500 barrios populares, es decir lugares que incluyen un conjunto de al menos ocho viviendas, sufren la falta de acceso a al menos dos servicios básicos (redes de agua, energía y cloacas) y la mayoría de sus habitantes no tienen título de propiedad del suelo. El relevamiento para llegar a este registro fue realizado por miles de militantes que integran la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios De Pie, la Corriente Clasista Y Combativa (CCC), TECHO y Cáritas Argentina.
Los puntos centrales de la ley que acaba de ser aprobada en Diputados incluyen declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación las tierras que ocupan los barrios populares relevados en el ReNaBaP y que no corresponden al Estado Nacional y la suspensión de desalojos en dichos lugares durante cuatro años. Esto permitiría avanzar en la regularización de la tenencia de la tierra para millones de vecinxs, que a partir de esta medida podrían obtener el título de propiedad de sus casas pagando una serie de cuotas acordes a sus posibilidades a la Nación.
En cuanto a la urbanización que contempla esta ley, la misma declara que deben coordinarse los esfuerzos para lograr la integración de los barrios populares a través del acceso a los servicios básicos, lo que implica, por ejemplo, que un barrio sea incluido en el área programática de un centro de salud y sus vecinxs tenga acceso real a ese derecho. Además, desde las organizaciones sociales subrayan que según la legislación la infraestructura que se construya en los barrios populares sería llevada adelante en un 25% por cooperativas de la economía popular, que en muchos casos son lxs propixs vecinxs del lugar que ya vienen realizando este tipo de trabajos y que podrían obtener así nuevas fuentes de empleo.
“Lo que está pasando en relación al proyecto de ley hay que situarlo en un debate mucho más amplio y profundo que es el debate sobre la tierra y quiénes la habitan, sobre quiénes habitan las ciudades y cuáles son los barrios deseables”, expresa Noelia, coordinadora regional en Córdoba del ReNaBaP. Y destaca que esta ley nace de las propias organizaciones sociales que vienen “caminando en un sentido de acceso real a la tierra y la vivienda”.
En Córdoba son 188 los barrios censados en el registro, donde viven casi 55 mil personas que se verían beneficiadas por esta ley, si se consigue su aprobación en el Senado. Esos barrios incluyen villas y asentamientos que llevan muchos años así como territorios en procesos más recientes de toma de tierras.
“La media sanción tiene mucho trabajo detrás, especialmente del ReNaBaP, pero más allá de la ley en sí, sabemos que esto es una lucha para mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes de los barrios populares y por más que haya un papel escrito no quiere decir que se lo vaya a cumplir”, dice Sandra González, vecina del barrio popular Parque Las Rosas y participante del Encuentro de Organización en CTEP. Y agrega: “Lo que nos pone contentos es que pasaríamos a tener la posición dominial, la escritura de la tierra. De ahí en más sabemos que tenemos que pelear por los servicios y la infraestructura”.
* Por Redacción La tinta / Imágenes: Julieta Brancatto para Ladran Sancho
