Por decisión de la vicepresidenta Gabriela Michetti, el aborto será debatido en la comisión de presupuesto del Senado. Una apuesta por ponerle números al derecho y dilatar el debate. Las voces críticas intentarán frenar la maniobra.
Por Federico Dalponte para Notas
Se sabía: el Senado iba a ser otro calvario. Debate empantanado, presiones eclesiásticas, fetos de souvenir. Hasta allí, lo esperable: la novedad por estas horas es la maniobra deliberada del oficialismo para entorpecer el curso de la discusión.
Se imaginaba, como mínimo, la quietud del Ejecutivo, como en la última sesión de Diputados. Pese a lo exasperante en las horas cruciales. En ese sentido, y aunque en parte parecido a la aprobación del matrimonio igualitario, ambos procesos denotaron diferencias. En aquel 2010 el Ejecutivo hizo algo más que habilitar el debate: tomó partido. Para lo primero basta con no estorbar; lo segundo requiere compromiso.
En la última apertura de sesiones, cualquier cauto hubiese pensado que Mauricio Macri estaba anunciando la vida y la muerte del proyecto. Facilitar el debate parlamentario, sí, pero advirtiendo al mismo tiempo que él apostaba a otro caballo. Casi un llamado a la desazón.
Sin embargo, las promotoras del proyecto eligieron el camino arduo y perseverante frente al debate en la Cámara Baja. Primera batalla ganada. Discusión con argumentos, explicaciones personalizadas y llamado a la movilización. Diputados y diputadas de trayectoria sinuosa, alejada de cualquier afinidad progresista, otros tantos y tantas de firme convicción política; decenas que jamás se imaginaron votando a favor de la despenalización formaron parte de una vigorosa mayoría.
No se trataba de indagar la postura del legislador convencido y militante, sino de esos otros que partieron de la negativa cerrada y cambiaron de postura apenas dos meses después; sin lobby, en su sentido más degenerativo de la política: sin la necesidad de apelar a la violencia discursiva, a la deformación informativa, a la amenaza de muerte a los hijos o nietos del adversario.
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Y penetró nomás. Con paciencia y perseverancia, la argumentación multiforme a favor de la legalización se abrió paso entre la anquilosada muralla de buena parte de la sociedad argentina, incluyendo a muchos diputados.
Así, un reclamo potente surgido de la sociedad civil hizo lo que no suele: convertirse de forma transversal en un asunto central de la agenda política, a pesar del propio gobierno y sin perder hegemonía en las calles.
Pero hoy tal vez emerja una nueva traba: la representación institucional del país, encarnada en la figura de Gabriela Michetti, decidió tomar partido. Lejos de la neutralidad de Emilio Monzó, la postura de la vicepresidenta se asemeja más a la participación activa de Cristina Kirchner en 2010, aunque en sentido contrario y restrictivo: el Estado como limitador de derechos.
El giro del debate a la comisión de presupuesto se explica por la voluntad de Michetti de demorar su tratamiento dotando de poder a Esteban Bullrich, el poeta antiabortista. Pero además desnuda una concepción preocupante de la política: el Estado como limitador de derechos por falta de fondos. Difícil imaginar un ejercicio más reaccionario de la función pública. Basta pensar qué otros derechos nunca hubiesen sido legislados si se analizaran desde un cálculo presupuestario.
En cualquier caso, las críticas ya sobrevuelan el Senado. Será una pulseada dirimida siempre por cuestión de votos. La calle y su representación civil harán su parte como promotores fundamentales. Con las dudas propias del caso, pero con una convicción profunda: si la presidenta del Senado intenta poner trabas y estirar la definición, es porque la aprobación del proyecto es una realidad cercana y casi palpable.
*Por Federico Dalponte para Notas.
