Construir un enemigo para destruirlo todo
Durante los últimos días, se produjeron en nuestro país dos hechos gravísimos distorsionados que contaron con el mismo chivo expiatorio y la participación de distintas fuerzas de seguridad: la difamación pública de la organización social La Poderosa y la decisión de desplegar el Ejército a la zona de la Triple Frontera.
Por Facundo Iglesia para La tinta
Una ministra superpoderosa
El viernes 8, tras enviar un comunicado a las redacciones (convenientemente, el Día del Periodista), la ministra de Seguridad Patricia Bullrich brindó una conferencia de prensa para “desenmascarar la mentira de La Garganta Poderosa”, según rezaba el texto.
La «mentira» de la que hablaba la ministra hacía referencia a una nota publicada por la organización social La Poderosa en redes sociales, donde denunciaba un operativo ilegal realizado por la Prefectura Naval en la Villa 21-24 de la capital del país, que dejó un saldo de dos detenciones arbitrarias, un secuestro, torturas e incluso un abuso sexual perpetrado a una vecina del barrio por un prefecto.
Durante la conferencia, Bullrich mostró imágenes extraídas de una cámara de seguridad de un colectivo en las que se ve una pelea entre un prefecto y otras dos personas, yuxtapuestas con el audio de una entrevista que el referente del movimiento barrial denunciante, Ignacio Levy, dio el día de los hechos.
Para la ministra, las imágenes eran elemento suficiente para desmentir las denuncias de abuso realizadas por la organización. Un pequeño detalle: la narración de Levy y la acusación de La Poderosa no tenían nada que ver con la filmación mostrada. La organización habló de una razzia; la ministra, de un prefecto supuestamente insultado y atacado unos minutos antes.
Siempre resulta perturbadora la escena de un alto funcionario de un gobierno mostrando públicamente imágenes de un civil para exculpar a la administración de algo que, a todas luces, es un problema estructural. Resulta inquietante, incluso más allá de la mentira, porque ese montaje siempre revela que el poder que tienen los gobiernos sobre su población emana de un lugar distinto del de la “representación del pueblo”: parecería que proviene de los artefactos de vigilancia y represión que los Estados utilizan, justamente, para ejercer su poder.
La conferencia del viernes 8 no fue la excepción y resultó más inquietante aún por la bizarra edición de video de un dirigente social que, obviamente, sólo buscaba ridiculizarlo más que mostrar algo específico de su discurso (la sucesiva repetición de un fragmento en el que Levy piensa su respuesta diciendo “ehhh” parece ideada en la sala de guionistas de Los Simpsons y no en la oscura trastienda de un Ministerio de la Nación). Más perturbadora aún es la impostada intransigencia demostrada por la ministra, apoyada en unas imágenes que de ningún modo desmentían nada de lo que había dicho la organización. “¿Qué más pruebas necesitan?”, le respondió a un periodista que la había increpado, antes de seguir asegurando que un video sin audio era evidencia suficiente para demostrar que los jóvenes habían insultado a un prefecto o que esas mismas imágenes legitimaban a los efectivos a reprimir brutalmente a unas personas que no eran las que aparecían en esa filmación.
Pero si algo resultó por demás ominoso en todo aquello, fue la determinación de Bullirch en definir a La Poderosa como una organización que busca “liberar zonas para que entre el narcotráfico” a los barrios. La afirmación, ridícula por donde se la mire, es mucho más que la conclusión de una ministra que no ofreció ninguna prueba, real o imaginaria, que pudiera respaldar esto. Bullrich está acostumbrada a definir lineamientos para las fuerzas de seguridad por televisión, como lo hizo durante su cerrada defensa de la Gendarmería en la desaparición de Santiago Maldonado, de la Prefectura en el asesinato del joven Rafael Nahuel, de la Policía tucumana en el fusilamiento del niño Facundo Ferreira y de la policía de la Ciudad en la ejecución de Juan Pablo Kukok. Por cierto, este último hecho fue el que inauguró mediáticamente “la doctrina Chocobar” de disparar primero y preguntar después, amparada en una ministra de Seguridad que siempre “banca” a las cuestionadas fuerzas a su cargo, una modalidad que, en realidad, llevaba vigente mucho más tiempo.
Acusar a La Poderosa, una organización territorial que realiza tareas comunitarias en 80 barrios de Latinoamérica, de complicidad con el narcotráfico significa una orden de ataque más o menos directa dirigida a una Prefectura que ya se encuentra alterada porque seis de sus miembros están sentados en el banquillo por las torturas que les infligieran a dos jóvenes, también de la Villa 21-24, en el 2016. Estos hechos también fueron denunciados por La Poderosa.
Distintos tonos de verde
Por otro lado, el mismo día que la Cámara de Diputados hacía historia al otorgar media sanción al proyecto por la legalización del aborto, otra ola verde rompía en el país, pero, esta vez, al norte. Sin pasar por el Congreso, el presidente Mauricio Macri ordenó el envío de 1.000 efectivos de las Fuerzas Armadas (que pronto llegarán a 4.000) a la zona de la Triple Frontera. La justificación, a esta altura, no debería sorprendernos: “Combatir al narcotráfico”.
La forma en que se construyó el discurso legitimador de esta política guarda algunas similitudes con la manera en que comienzan muchas de las medidas más polémicas del Gobierno Nacional. En primer lugar, durante el acto del día del Ejército, el presidente Mauricio Macri pidió por “Fuerzas Armadas que brinden apoyo a las fuerzas de seguridad para cuidar a los argentinos”. Luego, declaraciones de funcionarios y el “debate” por todos los medios acólitos de la administración cambiemita. Finalmente, el no-anuncio de lo ya hecho, aprovechando un día intenso en el que todos los ojos estaban puestos en lo que sucedía en la Cámara Baja, a miles de kilómetros del lugar al que se desplegarán las tropas.
La utilización de las Fuerzas Armadas para temas de seguridad interior está prohibida desde el 2006, cuando la entonces Ministra de Defensa Nilda Garré limitó su uso a combatir «agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otros Estados». Sin embargo, y a pesar del rechazo del jefe del Ejército Claudio Pasqualini, ya está decidido el envío de personal de este instrumento militar y de la Fuerza Aérea a la franja norte del país, bien cerca del acuífero Guaraní.
La aparición del “factor narco” como ordenador de ciertas políticas gubernamentales tampoco es nuevo: basta con chequear las redes sociales del Ministerio de Seguridad para encontrar casi exclusivamente referencias a decomisaciones de sustancias ilegales o con hacer una búsqueda rápida de las declaraciones de Bullrich. “Combatir al narcotráfico”, incluso, era uno de los tres lineamientos que constituía la plataforma que llevó a Cambiemos a la presidencia del país.
¿Narcoqué?
En febrero de este año, Bullrich acordó con la DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés) estadounidense la creación de un “task force” (escalofriante y literalmente, “grupo de tareas” en la lengua anglosajona) compuesto de fuerzas norteamericanas y nacionales para controlar el narcotráfico en el noreste argentino. Así, nuestro país terminó de alinearse discursiva y políticamente a los designios de los Estados Unidos en esta materia, en la materia de construcción de enemigos internos. El otro gran cuco que les gusta a los yanquis, el del “terrorismo”, tiene representantes en nuestro país como la Ley Antiterrorista aprobada durante la administración kirchnerista y la persecución a la Resistencia Ancestral Mapuche, cabeza de turco para deslegitimar la lucha de los pueblos originarios.
El despliegue de las Fuerzas Armadas en combinación con fuerzas de seguridad nacionales y norteamericanas para combatir al narcotráfico o a grupos calificados de terroristas tiene, actualmente, dos principales practicantes en América Latina, en dos países que, casualmente, son “asesorados” por Estados Unidos en este tema. Se trata, ni más ni menos, de México y Colombia, dos lugares que, además, se han vuelto terreno fértil para la aparición de grupúsculos paramilitares ilegales que sólo han incrementado la violencia. En la democradura azteca, esta doctrina tuvo un saldo de aproximadamente 30.000 desaparecidos o ejecutados, entre los que se encuentran 110 periodistas asesinados desde el 2000. En Colombia, asesinan a un líder comunitario por semana.
¿Caminamos hacia allá? Es difícil decirlo a esta altura, pero, dadas esas cifras, es bastante significativo que a quienes Bullrich acusó de narcotraficantes, una semana antes de que se confirmara el envío de efectivos del Ejército al interior del país, hayan sido precisamente una revista y un movimiento social.
* Por Facundo Iglesia para La tinta / Imágenes: Colectivo Manifiesto.
