El ajuste y el Fondo, ¿llegaron para quedarse?
Hace unos días, en una conferencia conjunta del Ministro de Hacienda Dujovne y el Presidente del Banco Central (BCRA) Sturzzeneger, el gobierno de Cambiemos anunció que la Argentina había cerrado un preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este “Memorando de Entendimiento” (MOU, por sus siglas en inglés) deberá ratificarse a través de las instancias formales del mismo, pero está confirmado el retorno del país a la tutela del Fondo, luego de casi 13 años.
Por Mariano Féliz para L’ombelico del mondo
En principio, el acuerdo por tres años supone un crédito “Stand-by de Alto Acceso” por unos 50.000 millones de dólares; el aval del Fondo habilitará créditos adicionales de otros organismos internacionales (BID, BM, CAF) por unos 5000 millones más. Este crédito pone al Estado argentino bajo la supervisión periódica del FMI, cuyos funcionarios y técnicos evaluarán cada tres meses la performance de la economía y –sobre todo– el cumplimiento de las metas del acuerdo. El dinero del crédito será aportado gradualmente, una primera cuota de unos 15 mil millones y luego aportes parciales a partir de la periódica aprobación de las inspecciones del organismo internacional.
El acuerdo firmado es fundamentalmente un programa de ajuste fiscal que acelera los términos del plan que el gobierno de Cambiemos lleva adelante desde sus inicios a finales de 2015. Según la propia Directora Gerente del Fondo, Christine Lagarde, el plan acordado “gira en torno a un reequilibramiento de la posición fiscal. Avalamos plenamente esa prioridad y celebramos la intención de las autoridades de acelerar el ritmo de reducción del déficit del gobierno federal“. Para ello, el plan del FMI es –primero– bloquear la posibilidad de financiamiento monetario del déficit (vía el BCRA) con el discurso de fortalecer la ‘independencia’ de la autoridad monetaria. De esta manera, se eliminará una fuente clave de financiamiento del gasto público, que en 2018 representaría en torno a los 140 mil millones de pesos (unos 5600 millones de dólares, o 1% del PBI). En segundo lugar, el Tesoro nacional absorberá el endeudamiento cuasi-fiscal del BCRA, transformando progresivamente las LEBAC en títulos públicos. Esto último cambiará progresivamente la naturaleza de la deuda pública, aumentando la cuenta de intereses del Tesoro que deberán financiarse con una combinación de más impuestos, menos gasto o mayor endeudamiento, y ya no con emisión monetaria.
Según la proyección del Ministerio de Finanzas, el resultado inmediato de estas dos medidas será aumentar la deuda del Estado nacional en unos 25 mil millones de dólares, llevándola por encima de los 250 mil millones de dólares, o más del 60% del PBI. Esa proporción es la más elevada desde 2002 y supera por lejos la existente en el año 2000 cuando comenzó el final del plan de ajuste del gobierno de De La Rúa.
Ambas medidas pretenden cerrar el corset del financiamiento del sector público y así fortalecer el principal objetivo del acuerdo: reducir aceleradamente el déficit fiscal primario (o sea, la diferencia entre ingresos y gastos del Estado, antes de incluir el pago de los intereses de la deuda pública). En este marco, el gobierno nacional se propone reducir el déficit primario en dos tercios entre 2018 y 2019. En primer lugar, el déficit proyectado en el presupuesto para este año era de 3,2% del PBI y será reducido a 2,7%, y para 2019 se proyecta incluir en el presupuesto un déficit de sólo 1,3% del PBI.
En paralelo, se plantean objetivos inflacionarios en dos tiempos. Por un lado, el gobierno asume que la batalla de 2018 está perdida en ese plano. Con una inflación que apunta a rozar el 30% anual, todavía está abierta la disputa por cuánto perderán las y los trabajadores. Para 2018 no se ponen metas de inflación pero para 2019 se proyecta una caída cercana a los 15 puntos porcentuales en el aumento del índice de precios al consumidor, que pretenden llevar al 17%. Por otro lado, entonces, el gobierno de Cambiemos y en especial el BCRA se prepara para una batalla de fondo contra el conjunto de los sectores populares que –con esa pauta de reducción inflacionaria– deberán ser forzados a ver caer fuertemente el poder de compra de sus salarios en los próximos dos años. En esa clave, el proyecto de ajuste presentado propone una caída en el gasto público en salarios equivalente al 13% (en términos reales) hasta 2020.
El gobierno argentino retorna al FMI luego de que el gran capital financiero internacional haya puesto límites al intento ajuste gradualista. Desde 2011 la economía argentina atraviesa una crisis transicional. La crisis del proyecto neodesarrollista en su versión kirchnerista intentó ser resuelta primero con la llamada sintonía fina o ajuste heterodoxo. La llegada de Cambiemos al gobierno expresó –por un lado– el fracaso de esa estrategia y –por otro– abrió el camino a una estrategia ‘gradualista’ que no fue más que un salto cualitativo superior en el ajuste.
Luego de dos años y medio, el ajuste ‘gradualista’ no resolvió la crisis del capitalismo argentino (estancamiento, inestabilidad crónica, alta inflación) aunque tuvo un costo social. Por ello, las fracciones dominantes del gran capital transnacional han decidido que esa etapa se agotó.
Hacia finales de 2017, el capital financiero internacional perdió la paciencia y decidió dejar de financiar el gradualismo. La expresión más evidente han sido las dificultades del gobierno para conseguir crédito en moneda dura y el cambio en la tendencia del riesgo país, que aumentó casi 30% (más de 100 puntos básicos) en los últimos doce meses. El acuerdo con el Fondo permitirá repagar parcialmente la deuda externa que se vaya venciendo, sin recurrir excesivamente a nuevo financiamiento privado internacional. En lo que falta de 2018, se vencen 53 mil millones de dólares de deuda pública del Estado nacional. Largarde señaló al respecto que el crédito del FMI busca “contribuir a ese esfuerzo (el plan de ajuste) brindando respaldo financiero, que apuntalará la confianza del mercado, dándoles a las autoridades tiempo”.
El gran capital financiero es la expresión última y más general de los intereses del capital en su conjunto. Es en momentos de crisis extendida (como la actual) que el mismo busca tomar las riendas de la reestructuración. De allí que la apuesta sea enorme: recortar 30% en gasto público en términos reales en los próximos tres años, llevando a cero el déficit fiscal primario para 2020 pero manteniendo la capacidad de repago de la deuda pública externa (en especial, la deuda con el sector privado).
El monto del préstamo del FMI y sus socios, y el apoyo de las grandes potencias globales al mismo, da cuenta del temor que estos jugadores tienen de que ese gigante dormido que es el Pueblo argentino recuerde su gesta más reciente, y retome el camino de finales de los años noventa. Los crecientes niveles de agitación social, con un pico alto en la batalla del Congreso Nacional en diciembre de 2017 y la masividad del paro general de febrero de 2018, marcan que la tolerancia social al ajuste –aún en su versión gradualista– están llegando a sus límites. Frente a ello, el presidente expresó muy bien el objetivo del acuerdo con el Fondo. “Acudimos al Fondo Monetario Internacional para dar previsibilidad”, afirmó. En efecto, para dar previsibilidad al gran capital global de que el ajuste y consecuentemente el repago de la deuda estará garantizado.
Argentina se ha convertido nuevamente en laboratorio global. En este caso, laboratorio para la consolidación de la matriz neo-extractivista transnacional que se ha venido construyendo desde los años setenta. La incapacidad de las fracciones dominantes locales para resolver a su favor la crisis transicional es vista por el capital transnacional como un gran riesgo: la vuelta del ‘populismo’. Brasil es –en la región– la otra pata del mismo experimento, y nuestro espejo. La contracara, la reconstrucción de fuerzas ‘progresistas’ en México y Colombia y la resiliencia del proyecto bolivariano en Venezuela que –golpeado– continúa.
Se ha abierto una nueva etapa en el gobierno de Cambiemos. Con el aval del FMI, buscará ‘poner en caja’ al conjunto de las clases populares, intentando ajustar la estructura del Estado para garantizar a corto plazo el repago de la deuda externa y a mediano y largo plazo la reestructuración general de la economía y la sociedad. Está por verse si ese ajuste, en su versión 2.0, es social, política y económicamente viable.
*Por Mariano Feliz para L’ombelico del mondo
