Victoria histórica: expropiación de tierras privadas y casas para dos mil familias
Tras años de lucha, vecinos y vecinas de cinco tomas en la localidad de Cipolletti lograron que la Municipalidad ordenara la expropiación de tierras y el reconocimiento de las parcelas como barrios. El Estado deberá brindar los servicios correspondientes y acordar con los habitantes la forma de pago de los terrenos.
Por Redacción La tinta
La imagen de tierras ociosas y gente sin tierra es una fotografía que bien podría representar a cualquiera de las provincias del país, donde en lugar de derechos, lo que abunda es la falta de políticas públicas que atiendan de manera integral la emergencia habitacional.
A lo largo y ancho del país, son muchos los vecinos y vecinas que deciden organizarse y luchar de manera colectiva para lograr el sueño del hábitat digno como respuesta a un Estado ausente e incapaz de garantizar el derecho a una vivienda.
Tal es el caso de los habitantes del barrio Parque Esperanza, que permanecieron más de cuatro años en un terreno a la vera de la ruta en Estación Juárez Celman, hasta que el pasado 1 de junio fueron desalojados brutalmente por orden de la Justicia, con la connivencia del Gobierno de Córdoba y la Municipalidad. El sentimiento de identidad del barrio y el extenso proceso de comedores populares, huertas comunitarias y copas de leche se vio cortado de raíz por un operativo policial que implicó un centenar de efectivos policiales con topadoras. No quedó nada. Las más de 120 familias desalojadas aún permanecen hacinadas en la Iglesia esperando una respuesta por parte de los gobiernos.
Casi en simultáneo, a mil kilómetros al sur de Córdoba -como si fuese una realidad paralela- una pueblada similar celebraba un sueño que creía que nunca iba a llegar: la casa propia, la vida digna. Con similares acciones y resultados diametralmente opuestos, cerca de 2 mil familias consiguieron a través de años de lucha y organización que la Municipalidad de Cipolletti expropiara las tierras privadas en las que vivían y reconociera las parcelas como barrios oficiales.
El 6 de junio se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de Río Negro la ley Nº 5283 de expropiación de tierras de cinco tomas cipoleñas que inmediatamente pasaron a ser reconocidos como barrios e incorporados al ejido municipal: barrio Obrero A, barrio Obrero B, barrio Nueva Esperanza, barrio 2 de Febrero y barrio 10 de Febrero.
En noviembre del año pasado, las organizaciones lograron que el Concejo Deliberante declarara las tierras de utilidad pública sujeta a expropiación, lo que dio paso a un proceso de regularización de las urbanizaciones que concluirá cuando se ejecuten políticas participativas y se provea de infraestructura básica y espacios públicos a los barrios.
Según indica la norma, ahora es deber del Estado brindar todos los servicios correspondientes y costear los gastos que se demanden a tal efecto. Además, deberá negociar el precio con el propietario privado de las tierras y la forma de pago de los terrenos, que serán abonados por los y las vecinas a la Municipalidad como si fueran tierras sociales. Tiene un plazo de cinco años como máximo para regularizar la situación de todos los vecinos.
En diálogo con La tinta, Lila Calderón, dirigente del Barrio Obrero y del Movimiento Popular La Dignidad, resaltó el logro histórico que consiguieron lxs vecinxs después de tantos años de lucha.
«La unidad en la lucha fue lo que marcó un antes y un después en nuestro reclamo por la tierra. La unidad entre los asentamientos. Nos venían a tocar y éramos muchos, no solamente un barrio, y eso lo permitió el Foro por la Tierra y la Vivienda (…) La unidad de todos los sectores es lo que hace que la lucha se gane. Solos no se puede», expresó Calderón.
Como integrante de la CTEP, Lila impulsa también un proyecto a nivel nacional para que lo que sucedió en Cipolletti se imite en todas las tomas del país. La propuesta es que se urbanicen los más de 4 mil barrios populares que fueron relevados por el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP). Se trata de miles y miles de personas que no cuentan con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos.
«Todo fue producto de la lucha y estamos muy contentos, aunque falta mucho aún», concluyó Lila.
* Por Redacción La tinta
