El “suicidio” como política represiva
Por Correpi
Maximiliano Reynoso tenía 30 años y apareció ahorcado en la misma dependencia en la que unos meses atrás falleció Gonzalo Fernández.
Eran dos pibes jóvenes, trabajadores, y de barrios y vidas humildes. En ambos casos, los muchachos habían sido detenidos y llevados a la comisaría (por motivos distintos), lo cual significa que no estaban cumpliendo condena, sino privados momentáneamente de su libertad. Tanto en el caso de Gonzalo como en el de Maxi, la versión policial fue que la causa de la muerte había sido el suicidio. Sin embargo, los dos presentaban golpes cuando sus familiares fueron a reconocer sus cuerpos. A su vez, las familias de los pibes no creen que ninguno de los dos tuviera motivos para que terminarán con su vida.
El 18 de junio de 2017, Gonzalo (22 años) apareció muerto en la celda en la que estaba detenido. Lo habían trasladado horas antes a la comisaría 3ra de Temperley, por cometer “disturbios en la vía pública”. Después de 14 horas detenido, la policía informó a la familia de Gonzalo que “se había ahorcado con su propia remera”. Luego, la autopsia confirmó esto y reveló que el motivo de la muerte fue un “paro cardiorespiratorio por asfixia mecánica”. Cuando sus familiares fueron a reconocer el cuerpo, vieron que le faltaban dientes, y que tenía marcas de golpes.
Tiempo después, nos encontramos frente a un caso muy similar: el jueves 19 de Abril, Maximiliano Reynoso fue detenido y trasladado a la misma comisaría. Otra vez, se inventó la excusa de que el joven portaba un arma y que por eso se lo llevaron. Sin embargo, sus allegados afirman que simplemente fue detenido por no llevar documento y, por “averiguación de antecedentes”, lo subieron a los golpes a un patrullero y lo privaron arbitrariamente de su libertad. Horas más tarde, esta vez no por parte de la policía, sino por parte de amigos de Maxi, sus familiares se enteraron que había fallecido. Al llegar a la comisaría, la policía usó la misma coartada que en el caso de Gonzalo. Maxi se había “ahorcado con su propia remera”. Un dato no menor, es que luego de este último caso, los demás presidiarios de la dependencia se amotinaron en sus celdas y pidieron que los trasladen a otro lugar.
La excusa del “suicidio” esgrimida por la policía no es más que una manera de encubrir una de las principales causas de asesinatos de personas cometidos directamente por las fuerzas represivas del estado. Claramente podemos reconocer en las similitudes entre ambos casos, una manera de actuar determinada, un accionar sistemático que se lleva día a día la vida de miles de jóvenes en los barrios populares, una estrategia represiva de los poderosos para mantener al pueblo disciplinado y con miedo. Es enorme la cantidad de casos registrados en nuestro archivo de personas torturadas y asesinadas por el aparato represivo del estado en cárceles y comisarías; y ocupa el mayor índice en la escala de metodologías de muerte con un 40% del total, junto a los fusilamientos de gatillo fácil (48%).
Es decir, el 84% del total de personas asesinadas por el aparato represivo estatal caminaban por un barrio o estaban detenidas por una falta o contravención (como en el caso de Gonzalo), o por averiguación de antecedentes (como en el caso de Maxi). Esto reafirma aquello que expresábamos hace unos días, a propósito de un nuevo aniversario del caso de Walter Bulacio, que las detenciones arbitrarias son la puerta de entrada a las muertes y torturas en cárceles y lugares de detención. Estas figuras ambiguas que no llegan a ser acusaciones penales, posibilitan al brazo armado del estado detener personas basándose simplemente en el “olfato policial”.
Durante todos los años de construcción antirrepresiva hemos afirmado que esa posibilidad otorgada por el sistema judicial a los perros guardianes de los poderosos, nos cuesta la vida de nuestros seres queridos. Casi la totalidad de las muertes en comisarías corresponden a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones.
Frente a esta situación, familiares y vecinxs de ambos pibes han decidido no quedarse callados e inmóviles frente al dolor al que fueron sometidos por decisión del brazo armado del estado, que los privó impunemente de la presencia de sus seres queridos. Ninguna de las dos familias compró la historia del suicidio, utilizada claramente para encubrir las torturas y tormentos a los que fueron sometidos los dos jóvenes al ser detenidos, y emprendieron un camino de lucha para denunciar a los asesinos de sus hijos, en busca de verdad y justicia. Tanto los familiares de Gonzalo como los de Maximiliano han convocado grandes movilizaciones a la comisaría para demostrarle a la policía que no pueden actuar impunemente, disfrazando la verdad a su antojo.
Sabemos que lo que los represores buscan a través de estas acciones es infundir el miedo en la población a organizarse y denunciar la enorme cantidad de injusticias que vive todos los días. Por eso creemos que es necesario no callarse, organizar al barrio y salir a manifestarse masivamente, para demostrarle a las fuerzas represivas del estado que todas sus estrategias no van a funcionar, que seguimos y seguiremos denunciando las injusticias cometidas siempre, y que no dejaremos caer en el olvido la memoria de nuestros seres queridos.
*Por Correpi.
