El nuevo GAN: gran ajuste negociado
La obsesión por el déficit fiscal se traducirá en un fuerte debate en torno al presupuesto 2019. Cambiemos necesitará el respaldo de la oposición para aprobarlo a fin de año, pero también para no asumir en soledad el costo político del ajuste.
Por Federido Dalponte para Notas
La responsabilidad solidaria se asienta sobre una ficción jurídica: que todos los actores son responsables por igual. Sin divisiones ni partición, todos responden por el todo.
En política funciona parecido. Cambiemos dilapidó su imagen positiva en los últimos seis meses y ahora pretende imponer la corresponsabilidad: un gran acuerdo nacional para compartir con la oposición las consecuencias del ajuste.
Así, ese Fondo Monetario renovado y bondadoso anuncia la apertura de un proceso que tendrá a partir de septiembre su primer escollo palpable. Entre el cierre de las negociaciones y el último trimestre del año, el ministro Nicolás Dujovne tendrá que elaborar el presupuesto nacional. E incluirá, claro, un bruto recorte del gasto público.
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Los ciclos políticos y económicos cambian, pero en los presupuestos se ven los pingos. Si hay algo que deja rastros sobre el perfil ideológico de un gobierno, es precisamente esa ley de leyes, sustento básico para la gestión.
Corría el año 2000 y el país era muy distinto, incomparable con el actual en muchos sentidos. Las limitaciones de la convertibilidad agravaban cualquier maniobra, pero el presidente Fernando De la Rúa creyó ver un salvavidas.
“Se aleja el temor de que la Argentina no pueda pagar la deuda externa”, titulaba entonces Clarín. Se trataba del tristemente célebre «blindaje» concedido por el FMI, una sutil forma de decirles a los acreedores que todavía quedaba una bocanada más de aire. Esa agonía duró exactamente 12 meses.
Entre tanto, De la Rúa tuvo tiempo para armar dos presupuestos. El primero, aprobado en el 2000, preveía severos recortes y la promesa de otras tantas iniciativas de ajuste a futuro. El Fondo entonces supo responder. “Demuestran un fuerte liderazgo”, aseguraba en noviembre de aquel año Horst Kohler, director del organismo.
Ese presupuesto fue aprobado con sudor y lágrimas. La sangre llegaría recién en 2001. Lo cierto es que la Alianza se resquebrajaba a cada paso: ni siquiera los legisladores propios querían asumir el costo del ajuste. Mucho menos los ajenos.
Al año siguiente, el último de esa gestión, ya con Domingo Cavallo como ministro, la prédica no fue muy distinta. Ya había pasado el acuerdo con el Fondo, la renegociación de bonos bautizada «megacanje» y faltaba lo peor: la obsesión por la eliminación del déficit fiscal.
Claro que la paridad cambiaria no dejaba mucha opción. Sin posibilidad de emitir y con dificultades para tomar más deuda, sólo quedaba arreglarse con lo propio.
Así, con un guiño de los senadores peronistas, se sancionó en julio de 2001 la ley de déficit cero, para imponer la adecuación de los gastos a la eventual recaudación: si durante el ejercicio se recaudaba menos de lo presupuestado, las partidas se reducirían de manera proporcional.
Con esa lógica, Cavallo presentó en diciembre el borrador del presupuesto para el año 2002. Como compensación por los esfuerzos, el Fondo prometía un desembolso de 1.260 millones de dólares.
En ningún momento De la Rúa imaginó siquiera que lo que fallaba en realidad era el modelo económico.
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Los ajustes nunca son fáciles de imponer y Cambiemos lo entiende a la perfección. Se requiere de un capital político importante. Mauricio Macri lo tuvo en sus primeros dos años de gestión, pero intentó asegurarse el gradualismo.
Aunque ahora duda. Como todo prestamista, el Fondo tampoco hace concesiones gratuitas. Reclamará sin gritos, opinará por lo bajo, pero tendrá los ojos metidos en la economía nacional.
El gobierno tiene que afrontar entonces un ajuste extraordinario si quiere reducir el déficit fiscal. Y no sólo porque se comprometió con el FMI, sino porque en verdad cree que allí reside la falla estructural del país. Aun así, no quiere pagar el costo político en soledad.
De allí nace el gran acuerdo nacional. No habrá un listado de coincidencias básicas ni políticas de Estado. Sólo recorte y un bosquejo del presupuesto que deberá votar el Congreso. Si la oposición es inteligente, pondrá en la mesa un debate serio sobre el modelo económico. Si en cambio todo se reduce a discutir el porcentaje del ajuste, las chances de revertir el proceso de endeudamiento y déficit externo se evaporan.
*Por Federido Dalponte para Notas
