Luz y Fuerza se declara en pie de lucha contra el ajuste en EPEC
Las y los trabajadores rechazan la intención del Gobierno de Córdoba de modificar el convenio colectivo de trabajo del sector. Acusan además que el Directorio de la Empresa Provincial de Energía promueve un vaciamiento de la compañía para avanzar hacia su privatización. «Anhelamos que los trabajadores de todo el país no acepten que les quiten derechos. Nosotros no lo vamos a permitir y vamos a luchar contra eso», expresaron.
Por Redacción La tinta
El Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba recrudeció este miércoles lo que promete ser un extenso conflicto gremial ante la posibilidad de que se lleven a cabo cambios en el convenio colectivo de trabajo, retiros anticipados y pérdidas de derechos laborales, en lo que las y los trabajadores entienden como una estrategia para privatizar la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).
El ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, presentó esta semana una serie de acciones relacionadas con el Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Córdoba «que tienen como objetivo central seguir avanzando con estrategias para impulsar la transformación del sistema eléctrico». El funcionario indicó que tomó la decisión luego de que la Nación equiparara los costos de generación y transporte interprovincial a todas las distribuidoras provinciales.
Además de la restructuración operativa, nuevas tarifas de subtransmisión, modernización tecnológica y refuncionalización de las centrales Zanichelli y Las Ferias, López anunció que Epec habilitará que sus agentes se acojan a la pasividad voluntaria anticipada. Se estima que se producirían cerca de 800 retiros de trabajadores que no serán reemplazados.
El Ministro anunció también el envío a la Unicameral de un proyecto para regular «todos los beneficios que tienen los agentes del Estado provincial en materia de servicios públicos». Y a esto se suma que semanas atrás el ejecutivo dispuso el cierre de cajas en los centros de atención comercial.
Para el gremio que conduce el secretario Gabriel Suárez, todas estas maniobras se enmarcan en un plan de la Provincia para provocar el vaciamiento de la empresa y restringir los derechos adquiridos por las y los trabajadores. En este contexto, Luz y Fuerza Córdoba decidió esta semana empezar a trabajar a convenio con quite de colaboración sin afectación del servicio y este miércoles ocuparon de manera pacífica el edificio de la sede central de EPEC.
En diálogo con La tinta, el secretario de prensa Dante Maldonado indicó que el plan de lucha busca que el Directorio de la empresa anule cuatro resoluciones que «limitan enormemente las posibilidades de trabajo en la atención del servicio».
«Parece más un lockout patronal que una resolución para ordenar el sistema de trabajo (…) Las resoluciones que modifican las horas extras, los reemplazos y los viáticos dificultan el desarrollo de tareas rápidas que requiere el sistema interconectado (…) Prometieron formar una comisión entre empresa y sindicato para analizar que ninguna de estas resoluciones afectara el normal desenvolvimiento de las tareas ni los artículos del convenio colectivo de trabajo. Pero al día siguiente se presentaron en el Ministerio de Trabajo de la Provincia para denunciar el Convenio, lo que originó el conflicto», expresó el sindicalista.
«Ellos están detrás de otra cosa, están detrás de la empresa. Quieren desmembrarla en unidades de negocio y ver si las pueden vender. El primer paso para ellos es eliminar el convenio colectivo nuestro», expuso Maldonado, quien aclaró que sancionar una ley provincial que viole el Convenio Colectivo de Trabajo es improcedente ya que son las leyes nacionales las que regulan la vigencia de los convenios.
Los lucifuercistas recibieron el respaldo de diversos gremios, organizaciones sociales y dirigentes de todo el país. Desde Suoem, ATE, Satsaid, a la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) o los legisladores nacionales Pablo Carro, Gabriela Estévez, Myriam Bregman, Leopoldo Moreau y Nicolás del Caño, entre otros.
«Evidentemente, todo esto está enmarcado en un plan general del Gobierno Nacional (…) Es una política de exclusión social que lleva adelante la Nación, que baja a las Provincias mediante extorsión de recursos en algunos casos, y de carpetazos, en otros casos (…) Anhelamos que los trabajadores de todo el país no acepten que les quiten derechos. Nosotros no lo vamos a permitir y vamos a luchar contra eso».
Mientras el Ministerio de Trabajo de la Provincia intimaba al Sindicato a que cese de manera inmediata con la medida llevada adelante y apostaba a efectivos de la Policía alrededor de la sede de EPEC, el fiscal de turno Guillermo González actuó de oficio y ordenó el desalojo del establecimiento que se produjo sin inconvenientes. Aún así, la firma presentó dos denuncias penales contra el gremio por agresiones que habrían ocurrido alrededor de las 16.30, cuando un grupo de directivos quiso entrar a sus oficinas en la sede central.
* Por Redacción La tinta / Imágenes: Colectivo Manifiesto
