El Gobierno Provincial quiere revisar y modificar el convenio colectivo de trabajo del sector y el sindicato se encuentra en alerta y asamblea permanente. Más allá del ajuste económico, lo que está en juego es el avance unilateral por parte del Ejecutivo sobre el convenio colectivo de trabajo que data de 1975.
El Directorio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) busca modificar aspectos del Convenio Colectivo de Trabajo de Luz y Fuerza para reducir “costos laborales” y hacer que concuerden con los acuerdos vigentes en otras distribuidoras de energía.
La estrategia estatal se enmarca también en las obligaciones del futuro marco regulatorio eléctrico que apunta a fijar una tarifa testigo para la provincia, buscando “ajustar costos” en la prestación del servicio.
Entre los puntos a modificar, por un lado, figura el valor de la energía para los empleados, actualmente menor que la tarifa plana residencial vigente; y por otro, suprimir los dos días de vacaciones extra cuando un trabajador concurre a un lugar ubicado a más de cien kilómetros de su residencia. Los cambios puntuales no resultan tan voluminosos económicamente, como sí el enfrentamiento con el sindicato. El hecho simbólico de cortar beneficios inscriptos en un convenio que data de 1975, es lo que está en juego.
EPEC es una de las pocas entidades de la provincia que todavía mantiene estructuras públicas. Aunque en los noventa ya se introdujeron varios mecanismos gerenciales y lógicas mercantiles durante el primer gobierno de José Manuel De la Sota, donde el sindicato salió a pelear en contra de una privatización integral.
Gabriel Suárez, secretario general de Luz y Fuerza, señalo públicamente que “ya lo hicieron en la década del noventa y parece que Macri, aliado con el gobernador de la provincia, Schiaretti, pretenden hacer lo mismo”.
Por su parte, Dante Maldonado, secretario de prensa de Luz y Fuerza, en diálogo con La tinta denunció que “solicitan la renuncia de tres gerentes que tienen domicilio en Buenos Aires. Son gerentes que no conocen nada del servicio. Las medidas que disponen son incumplibles e impiden brindar el servicio eficientemente”.
*Por Redacción La tinta / Foto: Colectivo Manifiesto.
