Siete años después de Fukushima. Contra la (sin) razón nuclear.
Por Salvador López Arnal para El viejo topo
Para Miguel Muñiz y Eduard Rodríguez Farré, maestros, compañeros y referentes antinucleares
Unos breves apuntes sobre la situación actual de Fukushima, ese Chernóbil a cámara lenta del que nos habló Eduard Rodríguez Farré pocas horas después de aquel inmenso desastre atómico. Una aproximación a la que falta mucha información actualizada; no es fácil obtenerla. Disculpas. Es una de las limitaciones de esta nota.
Recordemos el nudo básico: desencadenado por el terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011 en Japón, lo sucedido de Fukushima está considerado el peor accidente nuclear de la historia junto al de Chernóbil (Ucrania) en 1986.
TEPCO, Tokio Electric Power Company, una de las corporaciones niponas más importantes del mundo, es la propietaria de la central. Negocios privados; consecuencias, subvenciones y desastres públicos.
Una relación sucinta de algunas de las fechas más destacadas desde aquel marzo de 2011:
12 de marzo de 2011.– Explosión en el edificio del reactor 1, a la que siguen, en los días posteriores, explosiones en los edificios de los reactores 2 y 3 y dos incendios en el del reactor 4. Se amplía la zona de evacuación de 3 a 10 kilómetros. Las autoridades catalogan la explosión en el nivel 4 de la Escala Internacional Nuclear y de Sucesos Radiológicos (INES)
12 de abril de 2011.- La Agencia de Seguridad Nuclear de Japón declara el nivel 7.
27 de octubre de 2011.- El accidente provocó la mayor contaminación radiactiva marina observada de la historia, según el instituto de investigación nuclear francés (IRSN).
16 de junio de 2012.- Se reactivan los reactores 3 y 4.
1 de octubre de 2014.- Se levanta la orden de evacuación sobre una franja del pueblo Kawauchi, dentro del radio de 20kms en torno a la central.
13 de febrero de 2015.- El gobierno decide demoler 1.080 casas en la prefectura de Fukushima, en “la zona de exclusión”, por deterioro de los inmuebles y pese a la descontaminación.
7 de abril de 2015.- Se detecta en la costa de Canadá radiación procedente de la planta nuclear de Fukushima.
15 de junio de 2015.- El gobierno aprueba desmantelar Fukushima en un plazo de 30 a 40 años.
20 de octubre de 2015.- El gobierno reconoce el primer caso de cáncer de un empleado de la central accidentada que hizo labores en la planta tras el accidente.
10 de octubre de 2017.-Un tribunal nipón responsabiliza al Estado y a la operadora de la central nuclear de Fukushima de negligencia en la catástrofe atómica, en una nueva sentencia de este tipo que obliga a ambas partes a compensar a miles de afectados por el accidente.
La resolución forma parte de un total de 30 demandas colectivas del mismo tipo, presentadas en todo el país y firmadas por unos 12.000 evacuados de Fukushima.
1 de marzo de 2018.- Un informe de Greenpeace denuncia que persisten dosis excesivas de radiactividad en áreas próximas a la central de Fukushima.
Detallemos un poco más algunos escenarios del último año. Nos situamos ahora en el 11 de marzo de 2017.
Tal como ocurre este 11 de marzo, los niveles de radiactividad en Fukushima centraban entonces el debate. “Japón conmemoró hoy el sexto aniversario del accidente nuclear de Fukushima, mientras los niveles de radiactividad cerca de la planta siguen siendo objeto de debate y la mayoría de los desplazados por el accidente no quiere regresar a sus hogares” dice un titular del diario Público. Se mantenían desplazados en aquellos días a unos 40.000 ciudadanos (la cifra no coincidía, dependía de las fuentes usadas).
Greenpeace y otras agrupaciones independientes tacharon las optimistas conclusiones oficiales y corporativas que se dieron de “conjeturas” e incluso, más directamente, de “propaganda atómica”. Se basaban, se señalaba críticamente, en estimaciones imprecisas de los niveles de radiactividad, carecían de fundamentos científicos sólidos.
La versión oficial apuntaba a una radiación acumulada aproximada de 30 milisieverts (mSv) para los habitantes de Fukushima. Las autoridades niponas decidieron reabrir las áreas de la antigua zona de exclusión donde, afirmaban, la exposición anual es inferior a los 20 mSv. Greenpeace y Human Rights Now hallaron niveles de radiactividad sensiblemente mayores en algunas zonas de Fukushima declaradas habitables. Recalcaron que incluso las dosis menores a 100 mSv pueden ser peligrosas para la salud humana (sobre todo en el caso de mujeres y niños).
“La idea de que una catástrofe nuclear puede ser ‘limpiada’, y de que los afectados pueden retomar sus vidas con normalidad”, es un mito creado por la industria nuclear con el apoyo de Japón y otros países como EEUU o Reino Unido, declaró con mirada muy atendible Kendra Ulrich, una analista de Greenpeace- Japón. En Iitate, localidad donde se levantó la orden de evacuación en abril de 2017, las ONG detectaron unos niveles de radiación comparables a la zona de exclusión de Chernóbil (Ucrania), en la que el acceso sigue prohibido más de 30 años después del accidente.
Junto con Iitate, otros tres municipios cercanos a la central -Kawamata, Tomioka y Namie- se decretaron habitables (desde abril de 2017), lo que permitiría (se calculaba) el regresó de unas 32.000 personas que se habían visto obligadas a desplazarse a alojamientos temporales. Pero más del 50% de ellos no deseaba volver por “el miedo a los efectos de la radiación, la inquietud sobre el acceso a cuidados médicos y otros servicios básicos o el hecho de llevar años instalados en otros lugares”. Naraha, a 17 kilómetros de la planta atómica accidentada y donde hacía año y medio se habían levantado todas las restricciones de acceso, sólo había recuperado el 10% de sus 7.000 habitantes. Noriko Matsumoto, un ex residente de Koriyama (a unos 65 km de Fukushima Daiichi) que abandonó la región tras la catástrofe, declaró: “A menos que este desastre no esté totalmente resuelto, y con ello me refiero al desmantelamiento de la central, no pienso llevar a mis hijos a un lugar con estos riesgos”. Es un sentimiento compartido por muchos ciudadanos afectados.
Poco después, también en marzo de 2017, un tribunal nipón responsabilizó por primera vez al Estado de negligencia en la catástrofe atómica lo que ponía más trabas a su plan de reactivación nuclear y eleva el coste multimillonario del desastre al disparar las indemnizaciones. La resolución fue emitida por el Tribunal del Distrito de Maebashi (centro de Japón). Señaló que el Gobierno nipón y la compañía eléctrica “podrían haber prevenido” el accidente nuclear que provocó la evacuación de decenas de miles de personas y graves daños medioambientales.
El proceso judicial fue fruto de una demanda colectiva presentada por 137 evacuados. Supuso un nuevo toque de atención de la justicia nipona a un Ejecutivo decidido a reactivar las plantas del país ya en aquel entonces. Era la primera sentencia que reconocía la responsabilidad estatal en los daños infligidos a los desplazados, la primera que daba la razón a un grupo de demandantes dentro de un procedimiento colectivo (otras sentencias previas sólo habían señalado la responsabilidad de la corporación ante demandas presentadas por particulares con motivo de los daños psicológicos derivados de la evacuación o incluso en casos de suicidio). Los jueces concluyeron que TEPCO no había tomado las suficientes medidas de precaución ante desastres naturales. “Consideraron que el Ejecutivo debió haber valorado mejor los riesgos e impuesto requisitos de seguridad más estrictos a la compañía eléctrica”.
Por otra parte, un proceso judicial a tres técnicos de TEPCO, acusados de negligencia en el ejercicio de sus funciones durante la catástrofe de marzo de 2011, se puso en marcha a finales de junio de 2017. La corte del distrito de Tokio fue el primer tribunal en establecer si la administradora de la central nuclear se podía considerar responsable por el incidente luego del impacto del maremoto sobre la instalación y el sucesivo propagarse de las radiaciones en las comunidades circundantes. El proceso de centró en las medidas adoptadas y la validez de las normas de seguridad empleadas, sobre si fueron suficientes o no para prevenir el desastre. En el banco de los acusados se sentó el ex presidente de la compañía, Tsunehisa Katsumata, y dos vicepresidentes. Como se recuerda, los directivos de la sociedad fueron inicialmente disculpados de cualquier acusación pero el proceso fue reabierto por una comisión ciudadana independiente que denunció penalmente las actuaciones de TEPCO desde 2012.
El gobierno japonés aprobó el martes 3 de octubre de 2017 una revisión de su plan de 30-40 años para desmantelar la planta nuclear de Fukushima, demorando -por tres años y por ahora- el retiro de varas radiactivas almacenadas en dos de los tres reactores dañados por el terremoto y el tsunami del 2011. A seis años y medio desde el accidente atómico, la cantidad de agua contaminada que debía ser sacada y tratada cada día ha decrecido considerablemente y, por otra parte, algunos robots habían facilitado imágenes limitadas de combustible fusionado dentro de los reactores. Aun así, nudo importante, se desconocía la ubicación exacta del combustible fusionado y aún se estaban desarrollando robots que pudieran soportar la alta radiación por tiempo prolongado.
Entre los mayores riesgos estaban las 1.573 unidades de varas de combustible, cada unidad con decenas de varas. Son enfriadas con agua en piscinas de almacenamiento que no están encerradas dentro de los edificios de los reactores. TEPCO había planeado comenzar a mudarlas a un lugar de almacenamiento seguro. El nuevo plan sostiene que se necesitan unos tres años más para las unidades 1 y 2. Incluyendo las demoras hechas en revisiones previas, el plan para retirar las varas será retrasado seis años.
Las labores en la unidad 3 deberán comenzar este 2018. Se espera que duren unos dos años. Naohiro Masuda, jefe del desmantelamiento de Fukushima, un ingeniero de TEPCO, sostuvo que los retrasos son resultado de daños previamente desconocidos en las áreas de los estanques de almacenamiento y la necesidad de mayor descontaminación y reconoció, además, que el plan de limpieza de 30-40 años pudiera “no sonar convincente debido a los imprevistos y no hemos encontrado la mayor parte del combustible fusionado en los reactores”. Señaló también que es importante fijar un plazo para el desarrollo de la tecnología necesaria, aún no conseguida, y trabajar con ese objetivo. Tecnología no asegurada, es una apuesta.
El plan de desmantelamiento, la segunda revisión desde el desastre, sigue apuntando el inicio de la retirada de todo el combustible fusionado para 2021, sobre la base de haber obtenido métodos más eficientes. El plan, en todo caso, “sigue careciendo de detalles sobre la duración del proceso de retiro de combustible fusionado, cómo será almacenado los residuos radiactivos y, desde luego, el status final de la planta”.
Meses después, el 8 de enero de 2018 la compañía eléctrica Kansai planeó mover el combustible gastado (CG) de Fukushima al ATC (Almacén Temporal Centralizado) de la ciudad de Mutsu, en la prefectura de Aomori. El alcalde de Mutsu se negó. El ATC en Mutsu es uno de los dos existentes en Japón, el otro está en la prefectura de Ibaraki. Se guardan en él 600 unidades de CG de la Central de Tokai Daiichi (1965-1998), que está en proceso de desmantelamiento.
El ATC de Mutsu se proyectó para guardar el CG durante 50 años. Funciona mediante un acuerdo entre la ciudad, la prefectura, TEPCO y the Japan Atomic Power Company (JAPC). JAPC posee un reactor en Tokai, y dos 2 reactores más en Tsuruga.
Existe la sospecha “de que los actuales ATCs pueden ser el embrión de futuras plantas de reprocesamiento”. Los fracasos obtenidos en los intentos de reprocesar hace que los centros sean calificados como ATCs. Kansai Electric posee 3 reactores en Mihama, 4 en Takahama, y 4 en Oi. Los reactores 3 y 4 de Takahama funcionan actualmente. Hasta ahora los CGs de estos reactores se guardan en los depósitos de cada central, que ya están ocupados hasta el 70 % de su capacidad.
Recordemos que frente a las informaciones del complejo político-industrial electronuclear que sostienen que no hay riesgos para la salud humana y ambiental a causa de la radiactividad de Fukushima, existen –si bien escasos- estudios publicados en las revistas científicas más rigurosas mostrando todo lo contrario. El impacto sobre la salud pública, todavía negado por múltiples instancias de “seguridad nuclear”, sigue desarrollándose inexorablemente según las previsiones que la ciencia radiobiológica y la experiencia de accidentes anteriores permiten establecer.
Así, el primer efecto esperado, por la liberación de iodo-131, es el incremento de cáncer de tiroides en niños y jóvenes a partir del 3º-4º año del accidente. En efecto, el primer estudio epidemiológico publicado constata esa realidad. Tsuda y col han estudiado la prevalencia de cáncer de tiroides en 298.577 sujetos menores de 19 años del área de Fukushima entre 2011-2014 y han encontrado un incremento de 30 veces –variable según la subárea analizada- respecto a la prevalencia previsible según las tasas del resto de Japón durante ese periodo.
Los 110 casos diagnosticados a fines de 2014 se siguen incrementando, pues no toda la población del área ha sido cribada. Lamentablemente, en los próximos años, otros efectos, todos ellos dañinos, se ubican en los escenarios más probables.
Lo más reciente. Siete años después del accidente, este mismo mes de marzo, Greenpeace ha denunciado, como ocurriera en 2017, que existen dosis excesivas de radiactividad en áreas próximas a la central que han sido reabiertas a sus habitantes. El informe, basado en mediciones realizadas por la organización ecologista sobre el terreno, señala que muchas de estas áreas se encuentran en situación de “emergencia radiológica” a pesar de que el Gobierno japonés ha levantado las restricciones de acceso a las mismas tras años de limpieza y descontaminación radiactiva.
El inquietante panorama que presenta Greenpeace, apoyada por Human Rights Now y otras ONG niponas, contrasta con la versión de las autoridades de Japón, que hablan de una progresiva vuelta a la normalidad en estas áreas castigadas por la catástrofe nuclear desencadenada por el terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011.
En las localidades de Namie e Iitate, situadas a entre 10 y 40 kilómetros de la central de Fukushima Daiichi y donde se levantaron parcialmente las órdenes de evacuación en marzo del año pasado, la radiación continúa en niveles “muy por encima de los estándares internacionales”. Greenpeace, por boca de Jan Vande Putte, reconocido experto en energía nuclear, señala asimismo la “escasa efectividad” de las labores de descontaminación en las zonas afectadas, y critica que Tokio “haya ido demasiado rápido” a la hora de reabrir estas áreas pese al “alto riesgo” que ello conlleva para sus habitantes.
El Ejecutivo nipón, por su parte, mantiene que la radiactividad en las áreas reabiertas no supone riesgos para la salud humana. Dice contar con datos corroborados por expertos médicos de Japón y organismos como el Comité Científico de la ONU sobre los Efectos de la Radiación (UNSCEAR). No han sido suficientes para “convencer a las decenas de miles de personas que fueron evacuadas a la fuerza tras el accidente atómico o que abandonaron voluntariamente sus hogares por miedo a la radiación, y que han regresado a sus casas con cuentagotas”.
De los aproximadamente 27.000 habitantes de Namie e Iitate que podían volver a sus domicilios, solo han regresado unos 950, un 3,5%, según datos del propio Gobierno de la prefectura de Fukushima (además de las reticencias de la población, la cantidad refleja el proceso de despoblamiento que afecta a todas las zonas rurales de Japón).
La dosis de radiación marcada como referencia por el Gobierno para levantar las órdenes de evacuación es de 0,23 microsieverts por hora (que suponen una exposición anual acumulada de 1 milisievert). Sin embargo, la organización ecologista y antinuclear ha detectado niveles máximos de 6,5 microsieverts por hora en algunas de las áreas reabiertas -¡28 veces superior a la dosis gubernamental!-, y su informe muestra que en el 60% de la localidad de Namie se supera el límite permitido.
Greenpeace señala que sus mediciones cubren mayores zonas y emplean métodos más precisos que los del Gobierno al llevarse a cabo con “una metodología diferente e implicar más a los vecinos para tener en cuenta sus hábitos, como el de frecuentar los bosques que rodean a las ciudades, obviados en los datos oficiales”. No es que los datos oficiales sean incorrectos per se, “es que la interpretación de los mismos ha sido manipulada. Siempre se pueden seleccionar las mediciones más favorables o las tomadas en zonas menos contaminadas”. En cualquier caso, e incluso si se toman los datos oficiales, la evolución de los datos de radiactividad “hace prácticamente imposible” que se cumplan los objetivos del Ejecutivo japonés de reabrir en torno al año 2023 algunas de las zonas más contaminadas, donde, según Greenpeace, “serían necesarias al menos tres décadas más para volver a niveles seguros”.
Finalizo con una recomendación interesada y una reflexión. La recomendación: Eduard Rodríguez Farré y SLA, Crítica de la (sin)razón nuclear, Vilassar de Mar (Barcelona), El Viejo Topo, 2018, con prólogo de Miguel Muñiz. Se habla con detenimiento de lo sucedido en Fukushima a lo largo de estos años. También de temas complementarios. La reflexión: en estos términos se expresaba el prologuista del libro al ser preguntado por la situación en los reactores de la central y en sus alrededores:
«Mi información sobre Fukushima y Japón, viene del contacto con personas de la comunidad japonesa de Barcelona, y del excelente trabajo de seguimiento que ha venido haciendo hasta hace unos meses el blog “Resúmenes de Fukushima”. Aunque la información es confusa, se sabe que la reacción del combustible en los reactores accidentados continúa, no se puede detener y nadie sabe cuando se podrá, de hecho, no se sabe ni como está, ni dónde está, el combustible fundido que mantiene la reacción. Las personas que hacen el seguimiento explican que cuando comenzó la catástrofe, las empresas y autoridades declararon que en 40 años el accidente estaría completamente solucionado, es decir, el combustible extraído y la zona limpia; pues ya han pasado siete años, y las mismas empresas y autoridades continúan diciendo que en 40 años estará solucionado todo, existe la intuición de que pasarán 10, 15 o 20 años, y continuarán diciendo que en 40 años…, todo se arreglará.
Mientras, se van acumulando millones de bolsas con tierras y sólidos radiactivos, se siguen vertiendo toneladas de agua radiactiva cada día al océano Pacífico, y se llenan tanques con millones de litros de agua radiactiva que provienen del riego continuo para enfriar el combustible en fisión.
Esa ingente acumulación de residuos sólo puede tener un destino a medio plazo: la dispersión, el vertido al medio ambiente. La técnica es mezclarlos con otros sólidos y líquidos no contaminados, para bajar formalmente los niveles de radiación antes de dispersarlos o verterlos.»
Hay que recordar, apunta finamente Muñiz, que el nivel de radiación que el gobierno de Japón ha legalizado como normal es 20 veces más alto que el que se considera normal en cualquier otro país, cuatro veces más alto, por ejemplo, que el que se considera máximo en la catástrofe de Chernóbil.
Las palabras, las mediciones, los controles y los umbrales “aceptables” también tienen sus dueños, como en Alicia. Dueños atómicos en este caso. No es ciencia, no es conocimiento desinteresado, es pseudosaber servicial a los intereses del poder político y de las grandes corporaciones y sus cuentas de resultados. En las heladas aguas del cálculo egoísta, señaló hace 170 años un joven revolucionario, el compañero de Jenny Marx.
Recordemos las sentidas palabras de Henning Mankell en su autobiografía.
«Para manipular los residuos nucleares hemos construido un palacio para el olvido. Lo que quedará después de nuestra civilización será, pues, olvido y silencio. Y un veneno escondido en las profundidades de una catedral excavada donde nunca podrá entrar la luz.»
Olvido, desastre y silencio, y un veneno escondido en catedrales sin luz. ¿Ese va a ser nuestro legado?
*Por Salvador López Arnal para El viejo topo.
