¿Por qué un juez cobra $270.000 y vos cobrás $13.000?
La denuncia sobre los sobresueldos cobrados por diputados como Carrió, reavivó la discusión sobre los privilegios de la casta gobernante.
Por Juana Galarraga para La izquierda diario
Según la Real Academia Española, “casta” son aquellos grupos cerrados que constituyen una clase especial y se diferencian de los demás por su raza, religión o costumbres. La definición puede ser apenas un punto de partida para hablar del carácter de casta que tienen amplios sectores de la burocracia política que gestionan el Estado al servicio de los intereses del gran empresariado.
En esa casta sobran los privilegios materiales y las prebendas para garantizar el funcionamiento de un Estado que tiene, por función esencial, perpetuar la explotación del capital sobre la clase trabajadora.
Que los llamados representantes del pueblo y los altos funcionarios viven como ricos, es algo conocido. Sin embargo, por qué un juez cobra alrededor de $ 270.000 y un trabajador $13.000 es una pregunta difícil de responder, si se pretende ensayar una explicación razonable que no tenga como trasfondo la lisa y llana existencia de un privilegio.
Dichos privilegios son la contraparte garantizada a esa burocracia política en su rol de administradores del Estado al servicio de los intereses de las grandes patronales nacionales y extranjeras.
Sobresueldos
La diputada oficialista Elisa Carrió hace alarde de transparencia y respeto por las instituciones. Sin embargo, la semana pasada se supo que apeló a una maniobra que no por legal deja de ser muy cuestionable: canjeó por efectivos los tickets aéreos y terrestres que la Cámara le asigna, aunque nunca los utilizó para el desarrollo de sus funciones. Esto le significó un sobresueldo mensual de $19.300 durante los primeros seis meses del año y de $40.000 durante la segunda mitad de 2017, cuando una resolución de Emilio Monzó duplicó el valor de canje de los pasajes.
La diputada oficialista no escapa al montón. Entre los privilegios que cuentan los legisladores, se encuentra la posibilidad de acordar sus propias dietas y aumentos de sueldo. Actualmente un diputado cobra poco más de 100 mil pesos solo de dieta (lo que sería su básico) pero a eso hay que sumarle los ítems por “desarraigo” y los sobresueldos que cobran en calidad de “viáticos”. Carrió solo es la que canjeó mayor cantidad de pasajes. Pero estuvo lejos de ser la única.
Los ingresos mensuales de la clase trabajadora se definen en acuerdos paritarios pactados entre burócratas sindicales, cámaras empresarias y funcionarios de Gobierno. Los aumentos de sueldos de los legisladores, en cambio, corren por cuenta de la presidencia de cada cámara a través de resoluciones.
Acá tampoco hay diferencias entre oficialismo y oposición. Tal como se evidenció en el debate suscitado por el dietazo a fines de 2016, suelen estar de acuerdo cuando se trata de aumentar sus abultadas dietas.
Por entonces, la única voz disidente que denunció el escándalo que representaban los aumentos que se pautaron los “representantes del pueblo”, fue la de los referentes y diputados del Frente de Izquierda, con Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Néstor Pitrola como principales voceros. De la misma forma hoy, los referentes del FIT en el Congreso Nacional se encuentran entre los pocos que nunca canjearon pasajes que no usaron por plata.
Los destinos del poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial en Argentina están en manos de esa burocracia política privilegiada. En el caso de los legisladores de todos los estamentos del Estado, se utiliza el mecanismo de la elección. A los jueces y juezas nadie los vota.
Los enormes privilegios materiales abren el camino al uso y aprovechamiento hasta el límite. Los sobresueldos cobrados por Carrió son un ejemplo de esta conducta. Sin embargo, lo esencial reside en el rol como gestores del Estado capitalista, un Estado organizado en función de los intereses de la clase dominante. Un “comité de asuntos comunes de la clase capitalista”, tal como lo señalara ya el Manifiesto Comunista.
Mi amigo el juez…millonario
El aumento salarial para el personal del Poder Judicial se establece sin negociación paritaria de por medio. Según el aumento alcanzado en abril de 2017, en promedio, un juez de primera instancia con 15 años de antigüedad percibe unos 150.000 en bruto. El sueldo asciende de acuerdo al escalafón ocupado dentro de esta casta. Así, los jueces de la Corte Suprema en promedio, cobran entre $ 260.000 y $270.000 en bruto, según publicó el diario La Nación.
Entre otros privilegios, los cargos de los jueces son vitalicios y no pueden ser apartados mientras dure su “buena conducta”. Por otro lado, el artículo 110 de la Constitución Nacional establece que la compensación por los servicios de los jueces de los tribunales de la Nación no podrá ser disminuida mientras permanezcan en sus funciones.
Otro privilegio que los legisladores envidian, es la eximición de los jueces del pago al impuesto a las ganancias. La propia Corte Suprema tiene la potestad de decidir si tributa o no tributa este impuesto.
¿Los sueldos no les alcanzan…?
¿Por qué es tan difícil acceder a declaraciones juradas y a información sobre el patrimonio de los funcionarios? Legisladores, ministros y funcionarios del Poder Judicial se han dotado de mecanismos legales y constitucionales para determinar los montos de sus sueldos altísimos. Sin embargo, parece que esto no les resulta suficiente. Muchos de ellos no pueden explicar a través de sus salarios el incremento de su patrimonio a lo largo del ejercicio de sus funciones.
Abundan las denuncias por corrupción que saltan a la luz de acuerdo a un criterio de oportunidad. Según la conveniencia de oficialismo u oposición, se apunta a tal o cual diputado, a tal o cual juez o fiscal. Para este juego se prestan las grandes empresas de comunicación, así como las distintas alas del poder judicial que en determinado momento hacen la vista gorda y en otros avanzan con causas.
El “enriquecimiento ilícito” es una de las figuras legales que más rankea entre las denuncias asociadas a funcionarios. La corrupción es otra forma de aprovecharse de las posiciones dentro del Estado. La obra pública es una de las áreas en donde más se evidencia a través de mecanismos como sobreprecios y el pago de coimas. La “patria contratista” es el ejemplo más palpable del empresariado que engorda bajo el amparo de funcionarios ubicados en puestos clave. La pertenencia de la familia Macri a este sector expresa la relación íntima entre funcionarios, empresarios y negociados a costa del Estado.
El Estado capitalista y “sus gastos”
Quienes reclaman a gritos “bajar el gasto público” podrían empezar por impulsar la reducción de dietas e ingresos de funcionaros y legisladores. Precisamente, “que todo funcionario cobre como una maestra” plantea un proyecto de ley presentado por los legisladores del Frente de Izquierda en el Congreso. Como no podía ser de otra manera, los representantes de los demás bloques se niegan a discutirlo. Oficialista y opositores tampoco se diferencian en esto. En este aspecto, como en todo, la izquierda muestra coherencia y los diputados del PTS-FIT cobran como una maestra.
Pero no se trata solo reducir sus ingresos, sino también de enfrentar y terminar con los mecanismos que les confieren eternidad en los cargos. Por ejemplo, se hace necesario terminar con el carácter vitalicio de los jueces que deberían ser elegidos por sufragio universal. También deben mponerse juicos por jurado popular para evitar que sea una casta privilegiada la que decida sola.
Cuestionar estos privilegios implica avanzar en cuestionar a la casta política que ejerce la gestión del Estado en interés de las grandes patronales nacionales y extranjeras.
*Por Juana Galarraga para La izquierda diario.
