La economía del aborto clandestino
La penalización no disminuye la incidencia de la práctica pero sí aumenta los riesgos de muerte y las consecuencias negativas para la salud, además valida un mercado ilegal que moviliza alrededor de 1000 millones de pesos al año por abortos.
Por Andrea Paz, Carlota Ramirez, Agostina Finielli y Sabrina Balaña para Página/12
A lo largo de los últimos 30 años los abortos constituyen la primera causa de mortalidad materna. Miles de mujeres abortan todos los años por fuera del sistema de salud público. Quienes no tienen los medios suficientes, suelen acudir a servicios clandestinos no profesionales que utilizan métodos inseguros que ponen en riesgo su salud y su vida. Un estudio financiado por el Ministerio de Salud de la Nación demostró que el aborto inducido es una práctica ampliamente extendida, su magnitud se encuentra entre 371.000 y 522.000 abortos anuales. La evidencia científica disponible indica que el uso de determinados medicamentos y procedimientos como la aspiración manual endouterina (AMEU) son prácticas seguras y eficaces para la interrupción del embarazo. La penalización no disminuye la incidencia de la práctica pero sí aumenta los riesgos de muerte y las consecuencias negativas para la salud, además valida un mercado clandestino que moviliza alrededor de 1000 millones de pesos al año por abortos.
La OMS ha declarado como medicamentos esenciales a la mifepristona y el misoprostol para la práctica de abortos seguros. La mifepristona no se encuentra disponible para su comercialización en el país y el misoprostol de 200mg es producido y comercializado por un único laboratorio (Laboratorios Beta, de capital nacional), bajo el nombre de Oxaprost. El laboratorio abusa de su posición monopólica e impone precios exorbitantes. Asimismo, el misoprostol no se encuentra incluído en el Plan Médico Obligatorio que deben cubrir las obras sociales y prestadoras privadas. La falta de políticas públicas destinadas a asegurar la disponibilidad y accesibilidad del medicamento es otra de las restricciones que existen para el ejercicio del derecho al aborto. Cabe destacar que la Argentina cuenta con las condiciones necesarias para la producción pública del medicamento.
El impacto en el gasto de bolsillo en medicamentos es mayor en quienes tienen menores ingresos. La proporción del costo de Oxaprost en relación al salario mínimo aumentó de un 12 por ciento en 2012 a más de un 30 por ciento en 2018. En ese periodo el precio del medicamento se multiplicó por nueve al pasar de 330 a 2974 pesos.
En 2013, el Oxaprost fue incluido en el listado del Programa Precios Cuidados para regular el aumento indiscriminado de precio. Pero al año siguiente el laboratorio lanzó al mercado una nueva presentación de 20 comprimidos al doble del precio de la presentación anterior incluida en el programa. Aprovechando la alta demanda del medicamento, en algunas farmacias lo ofrecen sin receta pagando un sobreprecio que puede llegar hasta 4 o 5 mil pesos por blister. Existe también un mercado negro de misoprostol donde circulan pastillas de dudoso origen. En definitiva, la mercantilización de este medicamento considerado esencial, hace que se limite su acceso y sean las personas más pobres las que están en riesgo de realizar abortos inseguros y engrosar las estadísticas de muertes maternas.
Durante 2010, según estimó la Campaña Nacional por el Derechos al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la industria del aborto clandestino involucró 1000 millones de pesos. Mientras tanto, en 2015 el Estado invirtió 91.286.529 (el 9 por ciento) en la compra y distribución de métodos anticonceptivos e insumos.
Una investigación periodística realizada en 2016 mostró que en Capital Federal un aborto quirúrgico sale entre 8000 y 15.000 pesos. En el resto del país los precios son más altos. La variable de ajuste del precio es el grado de evolución del embarazo, mientras más avanzado mayor complejidad y riesgo y puede llegar a costar 50.000.
Asimismo, una investigación del Guttmacher Institute de 2009 sobre los costos de los abortos inseguros para los sistemas de atención sanitaria en África y América Latina reveló que tratar las complicaciones médicas derivadas del aborto inseguro constituye una significativa carga financiera para los sistemas de salud pública. Las estimaciones de los costos promedio de la atención postaborto en la región son de entre 159 y 476 millones de dólares por año.
Quienes niegan el derecho al aborto legal no hacen más que promover su clandestinidad, quedando por fuera del control del Estado y aumentando los índices de mortalidad materna asociada a aborto principalmente en mujeres y personas con capacidad de gestar de menores ingresos. Así, la ilegalidad del aborto lo vuelve un negocio para quienes lucran con esta práctica, mientras la atención de sus complicaciones y sus consecuencias aumentan desproporcionadamente los costos directos para el sistema de atención sanitaria. Legalizar el aborto es garantizar la salud de las mujeres y personas gestantes, y su derecho soberano de decidir sobre sus cuerpos.
*Por Andrea Paz, Carlota Ramirez, Agostina Finielli y Sabrina Balaña para Página/12.
*Integrantes del Equipo Salud y Género de la Fundación Soberanía Sanitaria.
