La grieta interna
De Chocobar a Díaz Gilligan, las disputas al interior de Cambiemos se precipitaron en los últimos meses y alteraron el panorama oficialista. ¿Algo cambió en el cambio?
Por Ricardo Ragendorfer para Revista Zoom
La política de comunicación del macrismo se basa en los mágicos principios de la “posverdad”, que privilegia el impacto emotivo de una información en desmedro de su veracidad. Fiel a esa tesitura –y con aproximadamente 400 mil personas movilizadas en la avenida 9 de Julio–, el Poder Ejecutivo hizo de cuenta que el miércoles de la semana pasada nada había ocurrido. Para acentuar tal impostura hasta envió a sus principales funcionarios a recorrer los canales de TV. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fue uno de los más activos.
“La sociedad no quiere marchas, no quiere paros. Y necesita que a este gobierno le vaya bien para que le vaya bien a la Argentina”, supo decir ante todo micrófono que tuvo a tiro.
El nieto pródigo del ideólogo desarrollista no era el de siempre. Venía de una semana difícil. El domingo había tenido que huir precipitadamente del Monumental, en medio del encuentro entre River y Godoy Cruz, justo cuando miles de gargantas homenajeaban a la señora Alicia Blanco Villegas, madre del Presidente de la Nación. Y el lunes, durante la inauguración del restaurante instalado en un vagón en desuso por la luchadora social del PRO, Margarita Barrientos, el deck se derrumbó bajo sus pies y fue a parar al suelo junto con su protegida.
Este episodio fue descripto por algunos analistas como una metáfora de la situación que en la actualidad atraviesa el oficialismo. Ya no es novedoso decir que la alianza Cambiemos dilapidó la fortaleza pública que supo exhibir en las elecciones legislativas de octubre a raíz de decisiones tan desgraciadas como la reforma previsional –con el consiguiente desborde represivo durante su escandalosa aprobación parlamentaria– y contingencias de la magnitud del affaire protagonizado por el ministro Jorge Triaca con su ex casera familiar. Pero a semejante panorama ahora se suma otra señal: el quiebre progresivo de su frente interno. Algo alarmante para un régimen basado en la coalición entre los medios monopólicos, los partidos de derecha, los sectores más poderosos del Poder Judicial y los capitanes de la economía concentrada.
Absolución en tono de falsete
Apenas cinco meses transcurrieron desde el 17 de agosto, cuando una obscena maniobra efectuada por operadores del PRO en el Consejo de la Magistratura –que incluyó la eyección previa de un miembro opositor y la calculada demora del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en tomarle juramento a su reemplazo– bastó para suspender y enjuiciar al camarista federal Eduardo Freiler. El hecho en sí fue un aviso a sus pares y, por ende, una demostración del control gubernamental sobre los otros poderes del Estado.
Sin embargo, algo cambió: en las últimas semanas los tribunales fueron un semillero de fallos adversos a los deseos presidenciales. Jueces de primera instancia, camaristas e integrantes del fuero federal se plegaron a esta oleada. Y hasta la ultraconservadora Asociación de Magistrados se atrevió a reprochar ciertas ansias jurídico-políticas de la Casa Rosada. Cabe destacar que algunos de tales caprichos también fueron contrariados por referentes del oficialismo y por comunicadores alineados al Gobierno. Una tendencia critica que comienza a extenderse como una mancha venenosa.
El primer signo de este fenómeno sucedió durante la primera mañana de febrero al convertirse Mauricio Macri en el primer presidente constitucional que recibe en su despacho a un policía acusado de “homicidio por exceso de la legítima defensa”. En aquella ocasión bendijo al suboficial Luis Chocobar con las siguientes palabras: “Quiero reconocer tu valentía y ofrecerte mi apoyo”. El aludido se sonrojó. Patricia Bullrich lo observaba con una expresión entre cariñosa y comprensiva. Ella sabía que el asunto causaría el beneplácito de un notable segmento del espíritu público. Y que las palabras del mandatario eran un mensaje para el juez Enrique Velázquez, quien había procesado al matador.
Un duro golpe para las pulsiones punitivas de Macri fue que la Sala IV de la Cámara del Crimen –integrada por Rodolfo Pociello Argerich, Mariano González Palazzo y Marcelo Lucini– dispusieran un cambio en la calificación legal: el efectivo quedó procesado por “homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento del deber”. Algo atónito, el Presidente entonces sólo dijo: “Como ciudadano, no entiendo cómo la Justicia dice que se excedió”.
A esa altura Bullrich ya había instalado el tema de la “nueva doctrina”, un eufemismo que alude a la licencia policial para matar.
Y fue nada menos que el dirigente radical –y miembro de Cambiemos–, Ricardo Gil Lavedra, quien salió al cruce de tan peligrosos disparates: “Hay que tener en claro que una mayor represión no trae seguridad sino violencia e inseguridad el conjunto de la gente”. Esa fue la opinión que vertió en varias entrevistas radiales y en una columna publicada por el diario La Nación.
El asunto también mereció críticas por parte de columnistas orgánicos del macrismo, como Marcos Novaro y Pablo Duggan.
De modo que la “insubordinación” de los mencionados integrantes de la Cámara del Crimen –quienes no se caracterizan por sus fallos “garantistas”– y la opinión de Gil Lavedra, junto a los cuestionamientos de ambos periodistas, iniciaron la corriente de disidencias conceptuales en una estructura partidaria hasta entonces asentada en el verticalismo impuesto por su líder.
Los pasos perdidos
A partir de entonces las fricciones internas comenzaron a sucederse con una inusitada frecuencia. Uno de sus ejes fue el bochornoso pedido de absolución de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, además del ex comisario Jorge “Fino” Palacios, en el alegato del abogado José Console, que representaba al Poder Ejecutivo en el juicio por encubrimiento al atentado a la AMIA.
Este salvataje –ordenado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, por deseo de Macri y la supervisión de la vicepresidente Gabriela Michetti– se explica por la cercanía de dicho trío con el PRO, al punto de que, por ejemplo –según reveló Horacio Verbitsky en su portal El Cohete a la Luna–, la señora Silvina Rivarola O’Connor, casada con Barbaccia, es una íntima colaboradora de Garavano en el organigrama ministerial.
Los efectos del asunto ya están a la vista. Por un lado, los miembros del tribunal apartaron a Console del juicio ya que él –quien por instrucción de Garavano reemplazó a última hora al doctor Enrique Ventos en la tarea de pronunciar el alegato– habría incurrido en una incompatibilidad debido a su condición paralela de asesor del Consejo de la Magistratura. Y por otro lado, la maniobra en sí ofuscó de sobremanera a la diputada Elisa Carrió –quien ya amenaza al ministro con el juicio político–, lo que podría derivar en una guerra abierta entre ellos y en un escándalo judicial sin precedentes.
A este escenario de beligerancia interna se le suma el caso del ahora ex subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, cuya cuentita off shore de un millón doscientos mil dólares en Andorra quedó al descubierto por un artículo del diario español El País. Y la ofensiva gubernamental contra el actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Raúl Zaffaroni, por sus opiniones sobre la actual gestión.
En el primer caso, luego de que el presunto lavador fuera defendido por Macri, por el ministro coordinador Marcos Peña y por el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, entre otros altos dignatarios del PRO, al final se produjo su “paso al costado” a raíz de presiones articuladas desde la UCR y la Coalición Cívica. Tanto es así que personajes como el diputado Mario Negri –jefe del interbloque de Cambiemos– y Elisa Carrió, al igual que su adlátere, el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, se pronunciaron en tal sentido.
En el segundo caso, una denuncia contra Zaffaroni por “apología del delito e intimidación pública” –presentada por el abogado Santiago Dupuy, un acusador serial que actúa por cuenta del oficialismo– acaba de merecer el rechazo del fiscal Ramiro González. Otra rebelión en la granja judicial.
Un aire enrarecido corre entre los globos amarillos.
*Por Ricardo Ragendorfer para Revista Zoom
