La Patagonia argentina se rebela contra los residuos petroleros
El depósito de residuos petroleros de Comarsa, en la suroccidental provincia de Neuquén, en Argentina, provocó un conflicto social por su impacto ambiental, que forzó la promesa de su cierre. El que se quiere instalar en el municipio de Catriel, en la vecina provincia de Río Negro, sería casi 20 veces mayor.
Por Daniel Gutman para IPS
El proyecto para instalar un enorme depósito de residuos de la actividad petrolera provocó una crisis en el norte de la Patagonia argentina y volvió a poner en primer plano en el país el debate sobre el impacto ambiental de las industrias extractivas.
La ciudad de Catriel, en la provincia de Río Negro y a unos 1.000 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires, era un reducido poblado hasta que en 1959 se descubrió allí un yacimiento petrolero. Desde entonces experimentó un gran crecimiento demográfico, con inmigración de todo el país, y hoy su población ronda los 30.000 habitantes.
El conflicto comenzó en 2016, cuando el municipio anunció la intención de instalar un “depósito de residuos especiales”, sobre una superficie de 300 hectáreas, para dar destino final a los restos inservibles de la actividad petrolera en el área.
Esto generó división social y resistencias que culminaron en noviembre pasado, cuando los opositores al proyecto lograron una modificación a la Carta Orgánica Municipal (la norma suprema a nivel local), que declaró a Catriel “zona protegida” y prohibió ese tipo de instalaciones, consideradas contaminantes. El intendente calificó entonces de “bochornosa” la actuación de quienes reformaron la Carta Orgánica -elegidos en una votación popular especial en abril– y pidió a la justicia que retrotraiga la situación al estado anterior, con el argumento de que quienes redactaron el nuevo texto se excedieron en sus atribuciones. Se está a la espera ahora la decisión judicial.
“En todo momento nos fue prácticamente imposible acceder a información. Cuando fuimos a preguntar, el municipio nos dio un documento que tenía un mapa de donde se quiere ubicar la planta y prácticamente nada más”, dijo Natalia Castillo, una empleada administrativa que integra la Asamblea Socio Ambiental de Catriel.
“Estamos muy preocupados por el impacto que puede tener la planta y estamos intentando concientizar a la gente. El problema es que muchos acá trabajan en la industria petrolera y prefieren no meterse con este tema”, afirmó a IPS la participante en la asamblea de corte vecinal surgida para luchar contra el proyecto.
El intendente Carlos Johnston ratificó su posición: “Tenemos pasivos ambientales desde 1959. Es nuestra obligación, como Estado, tratarlos. Mucho peor sería no hacerlo”. Y agregó: “La autorización ambiental corrió por cuenta de las autoridades provinciales. Puede ser que nos haya faltado hasta ahora dar una mayor información a la sociedad. Pero valoramos el trabajo de las organizaciones ambientales y estamos dispuestos a dialogar porque este proyecto es necesario”.
Johnston aseguró que los residuos que se aceptarán en la planta serán los de Catriel y otros municipios de la provincia de Río Negro. Sin embargo, organizaciones ambientalistas sospechan, debido al gran tamaño que se proyecta para el depósito, que este podría recibir residuos de la actividad petrolera de toda la zona y no solo del municipio.
Sucede que Catriel está ubicado en la llamada Cuenca Neuquina, la principal área hidrocarburífera del país, y es muy cercano a Vaca Muerta, el depósito de petróleo y gas no convencional en la colindante provincia de Neuquén, con el cual Argentina sueña con convertirse en una potencia en materia de combustibles fósiles.
La Administración de Información Energética de Estados Unidos estimó las reservas recuperables en los 30.000 kilómetros cuadrados de Vaca Muerta en nada menos que 27.000 millones de barriles de petróleo y 802 billones de pies cúbicos de gas.
El gobierno argentino también pone en ese yacimiento sus esperanzas para recuperar su producción hidrocarburífera, que es declinante desde hace 20 años y obliga al país a importar el déficit de combustibles.
“El problema es que el ‘fracking (fractura hidráulica)’, que se utiliza para extraer los hidrocarburos no convencionales, genera residuos a una escala muy superior que la explotación convencional”, afirmó Martín Álvarez, investigador del no gubernamental e interdisciplinario Observatorio Petrolero Sur (OPSur). Detalló que con la tecnología que perfora rocas a grandes profundidades mediante grandes inyecciones de agua y aditivos, “no solo vuelven a la superficie las sustancias químicas utilizadas para realizar la perforación y la fractura hidráulica, sino también materiales radiactivos de origen natural que están en el subsuelo”.
“Hay una saturación de residuos petroleros en la Cuenca Neuquina a partir del fracking, que es una técnica sucia. Entonces surgió este nuevo negocio, el acopio de residuos, que tiene un impacto ambiental enorme porque los contaminantes pueden filtrarse en las aguas subterráneas”, agregó el experto.
Junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Greenpeace Argentina, que son dos de las organizaciones ambientalistas más influyentes del país, el OPSur realizó un pedido de acceso a la información a distintos organismos provinciales de Río Negro. Además, emitió un documento crítico, en el que llamó la atención sobre las dimensiones del proyecto. Con sus 300 hectáreas dijo que superaría en casi 10 veces a la que es actualmente la mayor planta sudamericana de este tipo, que tiene 34 hectáreas.
El documento se refiere a Comarsa, un depósito de residuos petroleros que está a solo 135 kilómetros de Catriel, ya en Neuquén y cerca de su capital. La instalación es cuestionada desde hace años por los vecinos, lo que obligó a las autoridades locales a prometer su cierre definitivo para noviembre pasado, aunque ello no se concretó aún.
Las organizaciones ambientales consideraron además que, durante la audiencia pública en la que se discutió el proyecto, el 31 de marzo de 2017, muchas preguntas y objeciones de los participantes no fueron respondidas. También cuestionaron la aprobación de la evaluación de impacto ambiental que realizó la Secretaría de Ambiente de Río Negro, “a pesar del rechazo de distintos sectores de la comunidad catrielense”.
Sin licencia social y prohibido por Carta Orgánica
En el medio de este conflicto, Catriel debió reformar su Carta Orgánica, una labor establecida para realizarse cada 25 años. Con el tema la planta en el centro del debate, el local partido gobernante, Juntos Somos Río Negro, ganó las elecciones con 35 por ciento de los votos y obtuvo seis bancas en la comisión reformadora. Pero las otras nueve bancas fueron para distintos partidos de la oposición, que unieron sus fuerzas contra los residuos contaminantes.
“Queda prohibida la radicación o instalación de centrales nucleares, reservorios, basureros, repositorio de disposición final o transitoria de material contaminado proveniente de la industria petrolera, nuclear, química o de cualquier actividad contaminante”, dice el artículo 94 de la nueva norma, que entró en vigencia el 1 de enero.
Pero el intendente asegura que debe ser revisada porque “es inviable”. Johnston rechazó además la posibilidad de convocar a un referéndum acerca de la autorización para instalar la planta, como le pidió la Asamblea Socio Ambiental de Catriel.
Esa instancia se preguntó en un comunicado: “¿Qué va a pasar cuando las patologías se visibilicen en las personas que habitamos Catriel, debido a la contaminación ambiental del basurero petrolero?”
Un dato que no pasa inadvertido es que la empresa que instalaría la planta de tratamiento es Crexell Soluciones Ambientales, con fuertes vinculaciones políticas al punto que su presidente, Nicolás Crexell, es hermano de una senadora nacional por Neuquén y sobrino de quien gobernó esa provincia hasta 2015.
* Por Daniel Gutman para IPS. Editado por Estrella Gutiérrez.
