Las presiones de entidades ambientalistas y las denuncias que llegaron por parte de las comunidades originarias y criollos por la continuidad de las deforestaciones generaron en la provincia la obligación de responder sobre la continuidad del desmonte que se autorizó a Alejandro Jaime Braun Peña (quien se encuentra en más de una empresa del grupo Macri, además de ser primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña Braun) y Gastón Larran en nueve mil hectáreas de Finca Cuchuy, ubicada en la jurisdicción de Ballivián.
“Los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (…) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”, dice el comunicado oficial publicado por el gobierno provincial ante las denuncias por este desmonte que al día de hoy continúa.
Además de cuestiones técnicas que hacen a la Ley de Bosques Nativos y de Ordenamiento Territorial (OT) -en la cual hay un mapa que indica en donde se puede o no desmontar-, en 2010 la provincia emitió el decreto 2211. En una interpretación que al menos es cuestionable y pasa por encima de las leyes nacional y provincial, se indicaba que el mapa de OT era orientativo y por lo tanto, un estudio más detallado podía transformar los colores rojos y amarillos (en donde no se podía desmontar) en verdes (que permitían el paso de las topadoras). Fue en ese marco que, indicó la provincia, desde 2012 se autorizaron desmontes varios. Entre ellos se encuentran no solo Cuchuy, sino también la Moraleja, en Anta.
Los desmontes autorizados se hacían “de a módulos”, o sea, parte por parte y por eso la provincia aduce que el de Cuchuy sigue hasta el día de hoy. Ello pese a que, tras los reclamos de palmaria ilegalidad del decreto 2211/10, decidió derogar la norma. Pero, como dice el comunicado, en la derogación no se impulsó en ningún momento la posibilidad de detener los desmontes que por ese tiempo habían sido autorizados bajo un viso de legalidad que luego resultó ser, al menos, ilegítimo.
Un acuerdo desigual
La provincia reconoce además haber avalado un acuerdo entre Braun Peña y Larrán por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, “en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural”. O sea, otorgar tierras que por obligación debían mantener como reserva para poder desmontar. Lo que no dice la provincia, es que el acuerdo se hizo después de la audiencia pública (convocada un 23 de diciembre de 2013, y moderada por el actual secretario de Ambiente, José Cornejo Coll), y que por la expresa intención de relocalizar a las comunidades, una de las profesionales que hizo el Estudio de Impacto Social y Ambiental (EIAS) de la empresa, no solo se opuso a esta determinación, sino que además renunció.
La provincia indicó a las comunidades que para detener el desmonte deben recurrir a la Justicia. Una vía a la que desde el principio las topadoras le ganan. Mientras, no es menos importante decir que desmontes como el de la Moraleja SA, que fue autorizado por la provincia en Anta gracias al derogado decreto, perdieron una certificación internacional de “Agricultura Sostenible”, por haber desmontado en donde no se debía. Sobre eso, la provincia continúa en prudente silencio.
*Por Vové.
