El fin del principio
La acción y reacción producida frente al Congreso con motivo del debate de la Reforma Previsional están indicando un punto de quiebre en el hasta ahora relativamente confortable decurso del gobierno de Cambiemos. El idilio se ha acabado, y el gobierno está empezando a morder hueso.
Por Enrique Lacolla para Perspectivas
Desde el comienzo del gobierno de Mauricio Macri una frase fue repetida incansablemente y con tono agorero: este modelo no cierra sin represión . Lo vivido el pasado jueves nos brinda un anticipo del cumplimiento de ese vaticinio: un enorme despliegue policial, que reunió a todas las fuerzas de seguridad e incluso apeló a la policía aeronáutica, fue empleado para reprimir la protesta suscitada por el intento de sancionar la nueva ley de jubilaciones y la reforma tributaria. La desmesura del procedimiento represivo aplicado remite claramente a la figura de la “violencia innecesaria”, con que la Unión Europea previno al gobierno de Mariano Rajoy por su aplicación excesiva de la fuerza en ocasión de la convocatoria ilegal a elecciones en Cataluña. Pero los disturbios de Barcelona son un juego de niños si se los compara con la brutalidad puesta en escena en las calles de Buenos Aires.
Dentro de la cronología política de nuestra democracia, lo sucedido con la represión del jueves, engarzado a la violencia explayada por la Gendarmería en los acontecimientos en la Patagonia, representa un hito. Un acto regresivo que viene a confirmar lo dicho al principio: el modelo económico lanzado por el gobierno de Cambiemos no puede terminar bien. No puede terminar bien una experiencia que atiende casi exclusivamente a los intereses de las fortunas concentradas, beneficiando a apenas el uno por ciento de la población.
La barrera mediática, el batifondo del periodismo corporativo, las campañas de desprestigio contra la gestión anterior y la excitación de la moralina pequeño burguesa a través de la inflación de los hechos de corrupción que pueden haberse producido en el pasado inmediato, tienen una carrera corta. El dato central es que, tras casi dos años de gobierno, la economía, lejos de mejorar, se está precipitando en una crisis cada vez más grave.
Los izquierdismos de América latina que habían arribado al gobierno al despuntar el siglo habían logrado, en mayor o menor medida, hacer funcionar al mercado. Economías deprimidas o estancadas se hicieron dinámicas y proveyeron a la subsistencia y al desarrollo de millones de personas en Ecuador, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Brasil y Argentina, aunque faltara mucho para tocar el cielo con las manos. Una combinación de errores propios, golpes institucionales y campañas mediáticas, sumada al desgaste del ejercicio del poder, abrieron el espacio para una contraofensiva neoconservadora que se hizo sentir en todos lados, pero que ha tenido una incidencia mayor en las dos potencias de la región: Brasil y Argentina.
Es en la Argentina donde se da el fenómeno más difícil de comprender. Lo de Brasil se trató, en suma, de un golpe parlamentario que venía abonado por la conducta hesitante del gobierno de Dilma Rousseff y su virtual rendición a las fuerzas del mercado, que le quitó apoyos que hubieran sido decisivos. En nuestro país se trató más bien de un acto de estulticia de parte de un partido oficialista incapaz de elaborar sus contradicciones internas para formar un bloque compacto frente al avance de la reacción sistémica corporizada en Cambiemos. El desconcierto de la opinión pública, incluidos importantes sectores populares, hizo el resto.
El gobierno de Cambiemos puso en práctica de inmediato una reforma drástica de los parámetros de la economía. Aplicando el apotegma de que “al hierro hay que batirlo mientras está caliente”, arrancó su gestión con una fuerte quita en las retenciones al campo y con la exención de impuestos a la minería extranjera, combinando estos dos pasos con la libre flotación del dólar, la apertura del “cepo” y en consecuencia la libre migración de divisas. La acelerada apertura de las importaciones impactó de lleno a la industria nacional, en especial al sector de las Pymes, gran proveedor de empleo. Las consecuencias de la salida de las condiciones macroeconómicas vigentes desde el 2003 pronto se hicieron sentir: la pobreza en Argentina, que había descendido del 50 al 30 por ciento durante las gestiones Kirchner, volvió a ascender: ahora roza el 32 por ciento con el millón y medio de nuevos pobres que se han generado en los últimos tiempos. El déficit fiscal originado por la reducción o exención impositiva al campo y a la minería, determinó, como era lógico, la toma de deuda externa para atender a las obligaciones del estado. Cosa que solo fue posible gracias a la inexistencia de ella, pues había sido enjugada en su volumen más crítico, el correspondiente al FMI, por el gobierno anterior. No fue, por lo tanto, el peso de la “herencia recibida” sino más bien la liviandad de esta, el factor que ha permitido al gobierno de Cambiemos salir a buscar crédito de manera desorbitada en el lapso que lleva al frente del país. En vez de aprovechar la base económica razonablemente sana de que disponía para profundizar el desarrollo y corregir algunas insuficiencias, prefirió abocarse a beneficiar a los menos en detrimento de las mayorías nacionales, mientras contraía y contrae una deuda que ya reviste características de impagable y que vuelve a poner a Argentina frente al único cepo que siempre la ha amenazado: el de una deuda eterna que la obliga a doblar la cerviz y a abdicar cualquier sueño de desarrollo propio en aras del servicio de los intereses de la deuda. Una deuda que, aparte de la porción destinada a solventar los gastos que el gobierno hubiera debido cubrir con fondos propios, pero que prefirió regalar a sus amigos, es en su mayor parte el fruto de una bicicleta financiera que en cualquier momento volverá a poner al país frente a una corrida bancaria que nos devolverá a los peores momentos del 2001.
Este es el trasfondo de los disturbios de la semana pasada. Pedirle al gobierno de Macri que cambie de orientación es un poco ingenuo: está determinado por esa misma orientación, dirigida a “insertar a la Argentina en el mundo”. Es decir a encajarla en el esquema de globalización asimétrica y de concentración capitalista ejercido y disfrutado por los núcleos abroquelados en las grandes plazas financieras. Siguiendo esa vía en algún momento la copa de los beneficios de los privilegiados se derramaría y su contenido empezaría a derramarse sobre los que menos tienen…
Es evidente que en el ejecutivo coexisten “halcones” decididos a todo y otros funcionarios -no digamos palomas pero sí individuos provistos de al menos un poco de tino político-, que pueden intentar negociar una salida al brete en que se han metido. Sin embargo es poco probable que esta segunda variante se verifique; la pauta internacional que el país ha aceptado no tolera dilaciones y ella es la que explica en gran medida la balumba de palos que las fuerzas de seguridad capitaneadas por la ministra Bullrich han prodigado sobre los manifestantes frente al Congreso. Disciplinar es la consigna.
Ahora bien, ¿hasta dónde se puede llegar con este tipo de procederes en un país que si bien es olvidadizo tiene vivo en la piel el recuerdo de tantas represiones? ¿Y hasta dónde el organismo que mal que bien encuadra al movimiento obrero puede seguir tolerando que sus interlocutores gubernamentales lo charlen mientras le pasan por encima con ajustes y reformas previsionales, tributarias y laborales que excitan la bronca de quienes integran sus filas?
La dirigencia de la CGT da la sensación a veces de que la conservación de sus propios intereses pasa por delante de los intereses de sus representados, pero esta puede ser una percepción engañosa: junto a la preservación de los privilegios personales y el temor a las carpetas judiciales, el conservatismo y la cautela que despliegan Hugo Moyano y sus adláteres pasa también por la preservación de las estructuras y los fondos sociales que han podido conservar a pesar de la catarata de ofensivas en su contra que padece la CGT desde 1955. Este instinto de supervivencia también dota a sus representantes más inteligentes de un olfato fino para negociar o golpear según perciban cuál es el cuadrante por donde viene la ola. El sismógrafo cegetista no puede dejar de registrar que lo que se viene es el desguace de toda posibilidad de configurar una estructura productiva orientada al desarrollo industrial y tecnológico y que las primeras víctimas de esta tendencia son y serán los trabajadores y los jubilados. En la medida que el gobierno podía imponer sus modificaciones macroeconómicas en un marco de relativa aceptación de parte del público, la tendencia a negociar y a sacar tajada, poniendo al mal tiempo buena cara, fue la política del triunvirato cegetista, que por su misma composición tripartita está expresando la existencia de tendencias muy diferenciadas dentro del movimiento obrero de raigambre más inequívocamente peronista. Esto está en vías de cambiar aunque sea en parte, a través de una probable reconfiguración de la cúpula de la entidad sindical que posiblemente volvería a concentrar más poder en el núcleo moyanista, según anticipan algunas informaciones de prensa.
La reciente victoria de Cambiemos en las elecciones legislativas ensoberbeció al gobierno y le hizo creer que tenía el camino expedito para la aplicación de unas reformas que le venían siendo exigidas por los organismos internacionales de crédito para no cortar el flujo de dinero. En el apuro –una vez más “al hierro hay que batirlo mientras está caliente”- se lanzó a una triple reforma, previsional, laboral y tributaria, dirigida a satisfacer a los mandamases de la Citi y del FMI. Pero se encontró esta vez con una tumultuosa reacción callejera y, en su estela, con una reacción de la CGT que por primera vez dictó el mandato de lanzar una medida de fuerza directa si se imponía por decreto de necesidad y urgencia la reforma jubilatoria. Esto frenó al DNU sobre la rampa de lanzamiento.
Ahora todo está ad referéndum de la reunión de Diputados prevista para este lunes. El apriete a los gobernadores peronistas para que fuercen a los representantes de las provincias a votar a favor de la ley, a menos que quieran perder los fondos que necesitan para sustentar sus economías, es la baza con que cuenta el gobierno. Con la honorable excepción de Rodríguez Saá en San Luis, los mandatarios provinciales de momento son proclives a ceder frente al Ejecutivo Nacional. Pero habrá que ver si todos sus diputados los siguen. De cualquier modo, al cierre de esta nota la CGT estaba comunicando un paro general para el lunes a partir de mediodía, si se trataba la reforma previsional en el Congreso, mientras que las otras dos centrales sindicales y los movimientos alternativos que giran en su órbita anunciaban marchas sobre el palacio legislativo para protestar por el tratamiento de la ley.
Esto probablemente no es sino el principio de una larga batalla. Pero parece indudable que lo sucedido a partir del miércoles y el jueves de la pasada semana está marcando un quiebre en el proceso iniciado en diciembre de 2015. El fin de un principio. El idilio se ha acabado, y el gobierno está empezando a morder hueso.
* Por Enrique Lacolla para Perspectivas / Imágenes: Sub Cooperativa de fotógrafos
