El procurador interino impulsa una estructura legal contra el «terrorismo»
Para acompañar la construcción del enemigo interno que está llevando adelante el gobierno, Eduardo Casal -Procurador General de la Nación interino- está creando una estructura judicial “contra el extremismo violento y el terrorismo internacional”, orden impartida desde los Estados Unidos. El objetivo principal: criminalizar la protesta social.
Por Ari Lijalad para Nuestras Voces
La salida de Alejandra Gils Carbó tiene sus primeros síntomas. El procurador interino Eduardo Casal dio la orden de crear una estructura “contra el extremismo violento y el terrorismo internacional” que le brinde al sistema judicial “aquellas herramientas necesarias para abordar de manera integral ese fenómeno delictivo de extrema complejidad y actualidad”. La traducción es clara. Por un lado, jerarquiza la agenda importada de Estados Unidos del terrorismo internacional. Por el otro, al referirse al “extremismo violento” como un fenómeno de actualidad no hace falta mucha imaginación. La decisión se toma en medio de la campaña del gobierno por agigantar un enemigo interno inexistente bajo lo que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich denominó como “el concepto del RAM”. Y muestra el cambio de rumbo que empieza a tomar el Ministerio Público Fiscal.
La resolución tiene fecha del 1 de diciembre pero se conoció ayer, el mismo día que el procurador interino Casal participó en la apertura de un curso sobre “Investigación y Enjuiciamiento de Delitos de Terrorismo, Financiamiento de Terrorismo y Lavado de Activos” organizado por el Departamento de Estado norteamericano y la Embajada de Estados Unidos. La actividad se desarrolló en el Hotel Emperador. Según consignó el portal Fiscales, hubo funcionarios judiciales de Estados Unidos y estuvo Gonzalo Cané, el secretario de Coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación. Cané fue el enviado del gobierno para entorpecer la investigación por la muerte de Santiago Maldonado, tal como informaron en Nuestras Voces los periodistas Juan Alonso y Ricardo Ragendorfer.
“Cuando en 2016 se trató ley de reforma del Ministerio Público Fiscal querían crear una Subprocuración contra el terrorismo. Lo denunciamos como una orden de EEUU y su llamada ‘política antiterrorista’. Aún no consiguieron la ley y avanzan con resolución del Procurador interino”, recordó Myriam Bregman en su cuenta de Twitter.
Con esta resolución, el interino Casal se alinea al discurso Made In USA del gobierno en materia de seguridad. Gran parte de la resolución gira en torno al concepto de terrorismo internacional, los convenios firmados por el país y la leyes que se sancionaron en ese sentido, como parte de la cooperación que la Argentina puede aportar en las investigaciones. Sin embargo, hacia el final de los fundamentos, plantea: “Asimismo, el análisis colectivo e integral del fenómeno del extremismo violento y del terrorismo internacional permitirá establecer herramientas técnico-jurídicas adecuadas para el desarrollo y la implementación de estrategias tanto de prevención como de persecución criminal efectivas y útiles a los respectivos organismos jurisdiccionales encargados por ley de su aplicación”. El “extremismo violento”, sin una definición clara, en el que pueden incluir claramente las reivindicaciones de pueblos originarios que, para el gobierno, son violentas y extremas per se.
“Quieren crear una nueva estructura dedicada al ‘terrorismo’ en el Ministerio Público Fiscal. Sabemos contra quien la van a utilizar, ¡Basta de criminalizar la protesta social!”, advirtieron desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). El interino Casal le encomienda a su ladero, Juan Manuel Olima Espel, que “elabore, dentro del plazo de noventa días, un programa para avanzar” en el desarrollo de esta estructura.
La decisión se funda en que “la grave amenaza que el terrorismo internacional representa para la paz y la seguridad de las naciones ha sufrido un notorio incremento en los últimos años, a partir de la comisión de diversos atentados de una violencia y magnitud sin precedentes”.
El procurador interino Casal no es ajeno a las cuestiones vinculadas al terrorismo. Como procurador ante la Corte Suprema intervino en la investigación por el atentado a la Embajada de Israel en 1992. En la resolución da cuenta en primera persona de este hito en su carrera. Lo que no menciona es que el derrotero de esa causa es casi idéntico al del atentado perpretado dos años más tarde en la AMIA. Nunca se dilucidó y generó uno de los mayores papelones de la historia judicial argentina cuando, en la apertura del año judicial de 2015, el supremo Ricardo Lorenzetti aseguró erróneamente que era “cosa juzgada”.
La resolución del interino Casal cita un documento de Naciones Unidas del año pasado que refleja un aumento de “incidentes terroristas” en los últimos años, pasando de 2.729 en 2006 a 16.818 en 2014. Lo que no aclara es cómo esos números influyen en Argentina, donde hubo dos atentados pero, a partir de 1994, no se registran “incidentes terroristas” ni nada semejante. Salvo, claro, que se considere terroristas a los pueblos originarios que reclaman, ni más ni menos, que se respete lo que establece la Constitución: su preexistencia y su derecho a “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
La Resolución completa:
[scribd id=366359025 key=key-d8QyH7iYiVQo60M59PI0 mode=scroll]*Por Ari Lijalad para Nuestras Voces / Foto de portada: Fiscales.gob.ar
