Palestina: La ocupación del agua
El legado de 50 años de ocupación israelí de los territorios palestinos ha sido violaciones sistemáticas de derechos humanos en gran escala. Una de las consecuencias más devastadoras es el impacto de las políticas discriminatorias de Israel en el acceso de la población palestina a suministros adecuados de agua limpia y segura.
Poco después de la ocupación israelí de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza, en junio de 1967, las autoridades militares israelíes consolidaron el poder absoluto sobre todos los recursos hídricos y las infraestructuras relacionadas con el agua en los Territorios Palestinos Ocupados. Transcurridos 50 años, Israel sigue controlando y restringiendo el acceso de la población palestina al agua en los Territorios Palestinos Ocupados en un grado que no le permite satisfacer sus necesidades ni constituye una distribución equitativa de los recursos hídricos compartidos.
En noviembre 1967, las autoridades israelíes promulgaron la Orden Militar 158, que establecía que la población palestina no podía construir ninguna nueva instalación para el abastecimiento de agua sin obtener previamente el permiso de las fuerzas armadas israelíes. Desde entonces, la extracción de agua de cualquier nueva fuente o el desarrollo de cualquier nueva infraestructura hídrica requiere el permiso de Israel, cuya obtención es poco menos que imposible. La población palestina que vive bajo la ocupación militar israelí ha seguido sufriendo hasta nuestros días las devastadoras consecuencias de esta orden. No puede perforar nuevos pozos, instalar bombas ni ahondar pozos ya existentes, y además se le niega el acceso al río Jordán y a los manantiales de agua dulce. Israel controla incluso la acumulación de agua de lluvia en la mayor parte de Cisjordania, y es frecuente que el ejército israelí destruya las cisternas que para este fin poseen las comunidades palestinas. En consecuencia, unas 180 comunidades palestinas en zonas rurales de la Cisjordania ocupada no tienen acceso alguno a agua corriente, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH). Incluso en ciudades y pueblos conectados a la red de suministro de agua, a menudo las cañerías están secas.
Al tiempo que restringe el acceso de la población palestina al agua, Israel ha desarrollado de hecho sus propias infraestructuras hídricas y su red de abastecimiento de agua en Cisjordania para uso de sus propios ciudadanos en Israel y en los asentamientos, que son ilegales en virtud del derecho internacional. Mekorot, la empresa estatal israelí de abastecimiento de agua, ha perforado sistemáticamente pozos y ha explotado manantiales en la Cisjordania ocupada para abastecer de agua a su población, incluida la que vive en asentamientos ilegales, para uso doméstico, agrícola e industrial. Si bien Mekorot vende parte del agua a empresas de suministro de agua palestinas, son las autoridades israelíes las que deciden el volumen. Como consecuencia de las continuas restricciones, muchas comunidades palestinas de Cisjordania se ven obligadas a comprar agua que se transporta en camiones a precios mucho más elevados, entre 4 y 10 dólares de EE. UU. por metro cúbico. En algunas de las comunidades más pobres, el gasto en agua puede representar en ocasiones la mitad de los ingresos mensuales de una familia.
Las autoridades israelíes también limitan el acceso de la población palestina al agua impidiendo o restringiendo su acceso a extensas zonas de Cisjordania. Muchas partes de Cisjordania han sido declaradas “zonas militares cerradas”, donde los palestinos no pueden entrar, por estar cerca de asentamientos israelíes, por discurrir en sus proximidades carreteras utilizadas por colonos israelíes, por utilizarse para la instrucción de las fuerzas armadas israelíes, o por ser reservas naturales protegidas.
Los colonos israelíes que viven junto a palestinos en Cisjordania —en algunos casos, separados por sólo unos cientos de metros— no sufren esas restricciones ni escasez de agua, y pueden gozar y sacar provecho de explotaciones agrícolas bien regadas y piscinas.
En Gaza, entre el 90% y el 95%, aproximadamente, del suministro de agua está contaminado y no es apto para el consumo humano. Israel no permite el traslado de agua de Cisjordania a Gaza, y el único recurso de agua dulce de Gaza, el acuífero costero, es insuficiente para satisfacer las necesidades de la población y se está agotando gradualmente debido a la extracción excesiva y está contaminado por aguas residuales y por la infiltración de agua del mar.
La desigualdad resultante en el acceso al agua entre israelíes y palestinos es realmente asombrosa. El consumo de agua de los israelíes es al menos cuatro veces mayor que el de los palestinos que viven en los Territorios Palestinos Ocupados. La población palestina consume por término medio 73 litros de agua al día por persona, cantidad muy inferior al mínimo diario de 100 litros per cápita recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En muchas comunidades ganaderas de Cisjordania, el consumo de agua es de sólo 20 litros por persona y día para miles de palestinos, según la OCAH. En cambio, cada israelí consume un promedio de 300 litros de agua al día, aproximadamente.
Cuando han pasado 50 años, es hora de que las autoridades israelíes pongan fin a las políticas y prácticas que discriminan a la población palestina en los Territorios Palestinos Ocupados y aborden su acuciante necesidad de seguridad hídrica. Las autoridades israelíes deben levantar las restricciones actualmente en vigor, que niegan a millones de palestinos el acceso a agua suficiente para satisfacer sus necesidades personales y domésticas y para disfrutar de su derecho al agua, a la alimentación, a la salud y a un nivel de vida adecuado.
Efectos devastadores para las comunidades del valle del Jordán
En septiembre de 2017, un equipo de investigación de Amnistía Internacional se entrevistó con personas residentes en el valle del Jordán y fue testigo directo del catastrófico impacto que las restricciones de agua tienen en la vida diaria de la gente.
Ihab Saleh, cultivador de calabazas y pepinos que vive en Ein al Beida, población palestina de unos 1.600 habitantes situada en la parte septentrional de Cisjordania, es uno de los cientos de miles de personas cuya vida y medios de sustento han sido destruidos por las restricciones de agua israelíes. En los últimos 25 años, Ihab ha visto cómo se secaba gradualmente el manantial local tras perforar la empresa israelí Mekorot dos pozos cerca de la vecina comunidad palestina de Bardala, para abastecer al asentamiento israelí de Mehola. El volumen de agua que las autoridades israelíes asignan al pueblo ha ido disminuyendo con los años, dice, y en numerosas ocasiones se ha cortado totalmente el suministro. A pesar de un acuerdo para compensar a las poblaciones palestinas de Bardala y Ein al Beida, desde mediados de la década de 1970 Israel ha reducido de forma considerable el volumen de agua disponible para estas dos comunidades.
Ihab Saleh relató al personal de investigación de Amnistía Internacional cómo, a principios de septiembre de 2017, las autoridades israelíes cortaron el suministro de agua al pueblo durante cinco días afirmando que los residentes habían tomado por medios no autorizados un volumen de agua mayor que el asignado. Las cosechas de Ihab se perdieron debido a este corte, y los daños causados a su negocio ascendieron a unos 10.000 nuevos siclos (unos 2.820 dólares de EE. UU.). Ihab dice que no se avisó con antelación del corte y que no había potable agua para ninguno de los residentes, que tuvieron que desplazarse hasta una población vecina, a 5 kilómetros, para llevar agua en camiones. “En este pueblo queremos la paz, diga lo que diga la Autoridad Palestina, la queremos. Diga lo que diga el ejército israelí, la queremos. […] Lo único que queremos es labrar nuestra tierra”, dijo a Amnistía Internacional.
Además de los pueblos agrícolas, muchas comunidades beduinas del valle del Jordán hacen frente a graves restricciones como consecuencia del control israelí de los recursos hídricos naturales palestinos. En muchos casos, la tierra en la que viven está clasificada por Israel como “zona militar cerrada”. No sólo se limita su acceso al agua, sino que también viven bajo la amenaza constante de desalojo forzoso en aplicación de órdenes de demolición de sus viviendas y propiedades.
A dos familias que vivían al borde de la carretera 90, cerca del pueblo de Ein al Beida, les han destruido sus casas y propiedades dos veces en los últimos dos años. En la ocasión más reciente, en diciembre de 2016, el ejército israelí destruyó dos viviendas y todos los depósitos de agua pertenecientes a las familias.
Como las autoridades israelíes no reconocen el derecho de muchas comunidades palestinas a vivir en la Zona C y se niegan a permitirles las infraestructuras necesarias, estas familias no tienen acceso a agua corriente aunque una conducción de Mekorot discurre al borde de la carretera, a menos de 100 metros de su tierra. Para abastecerse de agua deben ir dos veces al día al punto local de suministro de agua gestionado por la empresa Mekorot.
En Al Auja, pueblo de unos 5.200 habitantes situado 10 kilómetros al norte de Jericó, en el valle del Jordán, la situación es muy parecida. En 1972, Mekorot perforó un pozo y construyó una estación de bombeo, cerca del manantial de Wadi Auja. Según los residentes, el manantial proporcionaba un abundante suministro de agua para el pueblo y para las tierras agrícolas circundantes mediante una red de canales de riego.
Los canales de riego están ahora vacíos. Un residente muestra a un investigador una fotografía del manantial antes de que se secara. Explica cómo, a principios de la década de 1990, había agua durante todo el año que nutría a una próspera comunidad agrícola, una de las primeras zonas frutícolas del valle del Jordán.
Issa Nijoum es un antiguo cultivador de cítricos de Al Auja que ahora sólo cultiva plantas que requieren menos agua, como la calabaza y el pepino. En 2017 sólo tuvo acceso al agua durante 40 días en la temporada de cultivo, que suele ir de febrero a marzo, y la cosecha de calabazas se arruinó. Issa explicó que normalmente sus cultivos necesitan 120 días de agua al año.
“Ni siquiera la Autoridad Palestina entiende que esto era un centro de la agricultura. […] A la gente no le quedan opciones. En 1967, cuando [las autoridades israelíes] comenzaron a llevarse el agua, fue como una enfermedad en un cuerpo. […] Poco a poco la tierra se secó”.
Debido a la escasez de agua, los agricultores de Al Auja se vieron obligados a diversificar sus medios de sustento tradicionales, y ahora cultivan plantas que requieren menos agua pero también son menos rentables. Aunque antes cultivaban sobre todo cítricos y tenían capacidad para exportar, ahora dependen de cultivos de plantas que requieren menos agua como el calabacín, el pepino y la calabaza, que pueden tener un periodo de cultivo de tres a cuatro meses durante la estación invernal. Muchos residentes en Al Auja también se han visto obligados a buscar trabajo en explotaciones agrícolas situadas en tres asentamientos israelíes vecinos, que tienen acceso sin restricciones al agua.
Un miembro del consejo local del pueblo de Al Auja sostiene una lima, que no se ha desarrollado totalmente. Explica que, desde mediados se la década de 1990, los limeros producen frutas y cosechas cada vez más pequeñas a causa de la falta de agua.
Acceso de los asentamientos israelíes al agua
Piscina en Ma’ale Adumim, con un suministro de agua unas cuatro veces mayor que el que llega a las comunidades palestinas, los asentamientos israelíes como Ma’ale Adumim contrastan claramente con sus vecinos palestinos.
Vegetación exuberante en el asentamiento israelí de Ma’ale Adumim. Con 37.670 habitantes, este asentamiento es uno de los más poblados de los Territorios Palestinos Ocupados.
Recolección de uvas en al asentamiento israelí de Psagot, julio de 2017. La bodega de Psagot se fundó en 2003 y, según su sitio web oficial, produce unas 350.000 botellas de vino al año, el 70% de las cuales se exportan a mercados internacionales. El cultivo de uvas tiene gran valor y necesita mucha agua.
Plantación de dátiles de un asentamiento israelí cerca del pueblo de Al Auja, en el valle del Jordán, 21 de septiembre de 2017. Cada años se exportan a mercados internacionales artículos por valor de cientos de millones de dólares producidos en asentamientos israelíes construidos en tierras palestinas ocupadas, a pesar de que la inmensa mayoría de Estados han condenado oficialmente los asentamientos por ser ilegales en virtud del derecho internacional.
Punto de abastecimiento de agua a las afueras del pueblo de Al Auja, en el valle del Jordán. Para la población palestina que no tiene acceso a agua corriente, la situación es grave. Para satisfacer sus necesidades básicas, la gente se ve obligada a comprar agua adicional de camiones cisterna, generalmente dos veces al día. El agua es a menudo de calidad dudosa y es más cara que la suministrada a través de la red de abastecimiento de agua.
Qais Nasaran, propietario de una tienda en el pueblo de Al Jiftlik, con una población estimada de unos 4.700 habitantes, situado en el norte del valle del Jordán, cultivaba una pequeña parcela de tierra. Cuando su pozo se secó, se vio obligado a buscar una nueva forma de ganarse el sustento. Ahora regenta una tienda de comestibles.
La tienda está situada en una antigua estación de bombeo de un pozo que se perforó en 1966 con permiso de las autoridades jordanas, que controlaban Cisjordania en esa época. Un año después, tras la ocupación por Israel de los territorios palestinos, las autoridades israelíes impidieron que la familia de Qais Nasaran lo utilizara. El pozo tuvo agua hasta 2014, cuando finalmente se secó. Qais explicó que, cada año, cuando el pozo se llenaba, las fuerzas armadas israelíes lo controlaban para comprobar si alguien lo utilizaba.
Qais sigue teniendo una cisterna en su tierra, pero no siempre puede permitirse llenarla porque cuesta unos 8.000 nuevos siclos (aproximadamente, 2.278 dólares de EE. UU.). Compra el agua a un hacendado en el valle del Jordán.
Para Mustafa al Farawi, cultivador de dátiles de Al Jiftlik, la situación es semejante. La cantidad de agua disponible del pozo en su tierra ha disminuido sin cesar a lo largo de los años.
Mustafa explica que, en la década de 1980, el pozo proporcionaba agua suficiente para regar una superficie de 400 hectáreas, y suministraba agua para los animales, además de abastecer a la familia. Ahora ha de comprar la mayor parte del agua que utiliza para su explotación datilera y transportarla con un depósito desde un manantial situado a 7 kilómetros, que es el único manantial al que todavía pueden acceder los palestinos.
“No tenemos agua suficiente ni control sobre ella. La táctica de las autoridades israelíes es disminuir poco a poco el agua para que tengamos que dejar la tierra”. Mustafa al Farawi, Al Jiftlik
Hace pocos años, Mustafa quiso abrir un nuevo pozo en un lugar distinto que garantizase más agua. Dice que un ingeniero hizo comprobaciones y determinó que había agua más cerca de la superficie en otra parte del terreno de la explotación. Solicitó los derechos de perforación pero las autoridades israelíes denegaron la solicitud. Finalmente decidió perforar el pozo de todos modos, sin permiso, pero el ejército israelí se presentó en el lugar y se lo impidió. Le dijeron que perforar el pozo era contrario a las órdenes militares israelíes y la construcción se detuvo.
El pueblo de Furush Beit Dajan, en el norte de Cisjordania, con unos 930 habitantes, producía cítricos. Desde mediados de la década de 1990, los agricultores han tenido que diversificar sus cultivos debido al insuficiente suministro de agua.
Los residentes dicen que antes tenían agua en abundancia pero en los últimos años los pozos suministran cada vez menos. Algunos vecinos del pueblo dijeron que el acuífero se está agotando por los pozos israelíes que se utilizan para el abastecimiento de los vecinos asentamientos israelíes de Hamra y Mehora. Según Azim Mifleh, agricultor del pueblo, los pozos israelíes comenzaron a bombear en las inmediaciones del pueblo en la década de 1970 y poco a poco los pozos locales perdieron su eficiencia. Desde los Acuerdos de Oslo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) firmados en 1995, Israel extrae del acuífero oriental un volumen de agua muy superior al acordado.
Azim Mifleh, agricultor y coordinador de la Asociación para el Desarrollo Agrícola (PARC) de Furush Bei Dajan, dice que antes tenía 800 árboles en su tierra, la mayoría limoneros y pomelos. Ahora sólo le quedan tres árboles al lado de su casa.
Azim Mifleh tuvo que diversificar y cultivar en invernaderos. La mayoría de los cultivos que ahora produce, como pepinos, tomates y calabazas, sólo pueden cultivarse en invierno y primavera. 
“La tierra está ocupada y los ocupantes [israelíes] deberían cuidar de la gente. […] Israel debería hacer lo que se supone que ha de hacer; tiene que pagar el precio por ocupar, y actuar en el interés superior de la población ocupada”. Azim Mifleh, Furush Beit Dajan
En las inmediaciones del pueblo de Furush Beit Dajan hay cinco pozos: todos son propiedad privada de palestinos. Según residentes en el pueblo, su producción de agua ha sufrido drásticas reducciones debido a los pozos israelíes que se perforan en la zona para abastecer al asentamiento de Hamra, que cultiva una extensa superficie de tierra. El asentamiento de Hamra tiene una plantación datilera de 40 hectáreas y también explota otros cultivos que requieren mucha agua, como bananas y cítricos.
Turistas palestinos de Nablús rezan en un centro turístico abandonado cerca del Mar Muerto, en el valle del Jordán. Desde 1967, las autoridades israelíes niegan a los palestinos el acceso al río Jordán a lo largo de todo su curso a través de Cisjordania. El nivel del agua en el Mar Muerto ha descendido drásticamente en los últimos 50 años debido a la desviación del río Jordán aguas arriba por Israel y por Jordania y Siria. El Mar Muerto está ahora a unos 500 metros del centro turístico cuando antes lo rodeaba.
El derecho al agua
“El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente”. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 15, párr. 1.
Se ha reconocido que el derecho al agua se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado y, por tanto, está implícitamente contenido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en otros instrumentos. El derecho al agua incluye la disponibilidad de agua suficiente para uso personal y doméstico, el acceso físico en cada hogar o sus inmediaciones, la accesibilidad económica, y una calidad adecuada del agua.
Los Estados, como parte de sus obligaciones inmediatas, deben dar prioridad al acceso de todas las personas a la cantidad mínima esencial de agua suficiente y no contaminada para uso personal y doméstico, con el fin de prevenir enfermedades. Además, deben adoptar las medidas necesarias para la plena realización del derecho al agua, lo cual incluye tomar medidas positivas para ayudar a las personas y las comunidades a disfrutar de este derecho.
En virtud del derecho internacional, Israel, como potencia ocupante en los Territorios Palestinos Ocupados, tiene la responsabilidad bien definida de respetar el derecho humano al agua de la población palestina. No sólo debe abstenerse de emprender acciones que violen este derecho o menoscaben la oportunidad de la población palestina de realizar el derecho, sino también proteger a la población palestina de injerencias de terceros en su disfrute del derecho al agua, y debe tomar medidas deliberadas, concretas y selectivas para garantizar el cumplimiento y la realización plenos de este derecho.
*Por Resumen Medio Oriente / Fotografías: Amnistía Internacional.
