Senadores de Cambiemos y el Peronismo dieron media sanción a la Reforma Jubilatoria
Mientras una multitud se manifestaba en contra de los proyectos impulsados por el presidente Macri, la Cámara de Senadores de la Nación aprobó el proyecto oficial de Reforma Previsional. Fue con 43 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones. También fue aprobada la reforma fiscal. Ambos proyectos pasan ahora a la Cámara Baja.
Por Redacción La tinta
La Cámara de Senadores de la Nación aprobó este miércoles por la noche el proyecto de Ley de Reforma Previsional promovido desde el Ejecutivo. La propuesta se aprobó con 43 votos afirmativos, compuestos por senadores de Cambiemos y del Partido Justicialista, mientras afuera del recinto se llevaba a cabo una multitudinaria movilización.
Cambiemos consiguió el apoyo del grueso del bloque mayoritario, que conduce Miguel Pichetto, para avanzar con el cambio en el cálculo del haber jubilatorio.
Con el proyecto aprobado este miércoles, las jubilaciones se calcularán en un 70% en base al índice inflacionario, y un 30% según el nivel de variación salarial (RIPTE). El texto original contemplaba sólo el factor de la suba de precios y un plus por PBI, que el peronismo consideró insuficiente.
“Esta es una fórmula que, a nuestro criterio, va a permitir la protección de una movilidad adecuada en relación a los sueldos de los trabajadores en actividad, y también en relación a lo que se puede perder en poder adquisitivo”, sostuvo Laura Rodríguez Machado (Pro) como miembro informante.
En el texto se establece una garantía adicional para los haberes que estén por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, equivalente al 82%, y a su vez se abre la posibilidad a trabajadores del sector privado de optar por jubilarse a los 70 años -tanto hombres como mujeres-.
Pérdida real del salario de jubilados y pensionados
Como explica la periodista Débora Ascencio para el portal Nuestras Voces, el proyecto aprobado consiste en una actualización de las jubilaciones a través de la inflación, modificando la Ley de Movilidad de 2009, que establece una fórmula de actualización bianual, en línea con las sugerencias de los organismos internacionales de crédito.
La nueva fórmula se compondría, entre otras variables, de la evolución de la recaudación, por lo que ante una caída de los ingresos tributarios frente a la inflación, los haberes de los jubilados se ven afectados en el mismo sentido. Inversamente, cuando la inflación se desacelera, la recaudación tiende a hacerlo de manera más lenta, por lo que se produciría el efecto contrario en los haberes previsionales reales. Es decir, hay una suerte de “efecto atraso” en el índice de movilidad. La propuesta del gobierno tiene que ver con “hacer uso” de ese atraso en detrimento de los jubilados y a favor de la recaudación del Estado, modificando la actualización en el momento en que la recaudación empieza a recuperarse.
En este contexto, el ajuste por inflación, es la clave del proyecto para reducir el déficit. El Centro de Economía Política (CEPA) realiza un cálculo de lo que representa en términos de ahorro fiscal el “ajuste por inflación” aplicado a jubilaciones, AUH y Asignaciones Familiares (dado que la propuesta pretende aplicarse también a los planes sociales). Para 2018, la diferencia entre las erogaciones realizadas con el índice de movilidad (sistema previo a la reforma), y las realizadas con actualización según IPC, sería de 112 mil millones de pesos. Además, el informe calcula que, hacia fines de 2018, la diferencia de la jubilación promedio con uno u otro mecanismo alcanzaría los $1481 pesos, es decir, casi un 9% de la misma. Para el caso de la jubilación mínima, la reducción sería de casi $900 pesos.
El informe de CEPA detalla la distribución del gasto público en el Presupuesto 2018 y se identifica que la porción más grande (69%) se dirige a servicios sociales. De esa porción, el 75% está compuesto por el Gasto en Seguridad Social, demostrando la centralidad que ocupa el gasto previsional. En síntesis, la modificación de la Ley de Movilidad, responde a la necesidad de reducir el déficit, sin tocar la recaudación.
Pacto fiscal
El cambio en el cálculo del haber jubilatorio es la contracara que decidió aplicar el Gobierno Nacional para ejecutar las modificaciones acordadas con gobernadores sobre distintos impuestos.
La proclamada ley de «acuerdo fiscal» que el Gobierno logró acordar con los gobernadores fue aprobada ayer con 52 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones. Además, se aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal, con 53 votos positivos, 14 negativos y 2 abstenciones. Las iniciativas pasarán ahora a la Cámara de Diputados, donde se calcula que también tendrán vía libre.
En cuanto a esta reforma, el informe de CEPA advierte que hay algunas transformaciones en materia fiscal que vienen operando previamente en la economía argentina, con un fuerte sesgo regresivo del sistema tributario: la quita de retenciones a mineras, agro y grandes industrias operada en diciembre de 2018, y la reducción progresiva de Bienes Personales, junto al blanqueo de bienes, constituyen los dos grandes hitos.
CEPA estima el impacto en términos de recaudación de estas medidas estructurales, que van más allá de la “nueva reforma fiscal”. Para la quita de retenciones al sector agropecuario, industrial y minero, existió una transferencia desde el Estado hacia los exportadores de 69.609 millones de pesos durante 2016. Para el caso de la reducción de las retenciones a la soja, (que comenzará a regir desde el 30 de enero de 2018) el cálculo del impacto fiscal, (considerando una liquidación similar a la de 2017) es de casi 10 mil millones de pesos. En cuanto a Bienes Personales, tanto la decisión de reducir progresivamente la alícuota de tributación, como la de eximir del impuesto a los contribuyentes que hayan ratificado la DDJJ los últimos dos años, tiene su impacto en la recaudación del impuesto para 2017: en 2016 la reducción ya es del 19%, y en los primeros seis meses de 2017 con respecto a igual período de 2015, la reducción es de casi el 58%.
