Ley de Salud Mental: una reforma de corte biologicista y sin perspectiva de DDHH
El último viernes se dio a conocer un proyecto del gobierno nacional para modificar la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 sancionada en 2010. Distintos profesionales y usuarios cuestionaron la medida por reinstaurar una “perspectiva biologicista”.
Por Notas
La iniciativa fue impulsada por la Dirección Nacional de Salud Mental a cargo del polémico Andy Blake, que cuenta con un fuerte vínculo con el sector privado: en su currículum figura el haber trabajado para las dos prepagas más importantes del país: OSDE y Swiss Medical.
Además, el funcionario ocupó el mismo cargo en la Ciudad de Buenos Aires cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno. Bajo su gestión se llevó a cabo la recordada represión en el Hospital Borda con el objetivo de usar esos terrenos para el desarrollo inmobiliario.
Retroceso en la concepción de la salud mental
El decreto que aún espera la firma del presidente, supone -según explicó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)- un retroceso respecto a la perspectiva actual de la ley que ve a la salud mental como un “proceso multideterminado por componentes históricos, socio económicos, culturales, biológicos y psicológicos”.
En su lugar “reinstala el modelo médico hegemónico de perspectiva biologicista que resultó insuficiente para un tratamiento integral de los padecimientos mentales”.
Esta concepción atenta contra la mirada multidisciplinaria y los aportes que se pueden hacer desde “la terapia ocupacional, la musicoterapia, el arte, la enfermería, la psicología, los acompañamientos terapéuticos y el trabajo social”.
Asimismo, en sentido totalmente opuesto a la legislación vigente, el decreto plantea una vuelta al modelo de manicomios, llamados eufemísticamente “hospitales especializados en psiquiatría y salud mental”, poniendo al usuario en el rol de persona “enferma” y habilitando la “internación o tratamiento que motive el aislamiento de las personas con trastornos mentales y/o del comportamiento”.
Una reforma sin consenso
Ángel Barraco, asesor permanente de la Comisión de Salud de la Legislatura y miembro del Consejo Consultivo de la ley, dialogó al respecto con el programa “Llevalo Puesto” de FM La Tribu 88.7 y denunció el carácter inconsulto de esta propuesta.
Desde su perspectiva “hay un sustento ideológico que es evitar todo tipo de participación”. En ese sentido subrayó que el Consejo Consultivo Honorario de la Ley Nacional “que es una instancia creada por la misma norma” no fue convocado en estos dos años. “Se trata de un órgano que si bien es no vinculante fue creado para asesorar”, explicó.
“Tuvimos que presionar nosotros para tener en total tres reuniones en las que nunca nos informaron de esto, lo cual desnaturaliza la ley que además fue sancionada por unanimidad, con la participación de todos los sectores”, añadió. Es decir que el gobierno “está contra un proceso que ellos mismos votaron cuando eran oposición”.
Barraco analizó que “la responsabilidad” de esta propuesta que va “contra la ley”, no es sólo “del gobierno macrista”. “El área de Salud está co-gobernada por la corporación médica”, sentenció. Y recordó los casos del doctor Jorge Lemus “que fue secretario de Salud de la Ciudad y después fue nombrado por Macri en Nación”. “Lo mismo el director nacional de Salud Mental, el doctor Andy Blake estaba en la capital y pasó a Nación. Hay una recurrencia en este modelo”, concluyó.
*Por Notas / Fotografías: Cooperativa de Fotógrafos Sub
– Modifica la concepción de la salud mental como un proceso multideterminado por componentes históricos, socio económicos, culturales, biológicos y psicológicos, y reinstala el modelo médico hegemónico de perspectiva biologicista que resultó insuficiente para un tratamiento integral de los padecimientos mentales. Esta mirada habilita exclusivamente las “prácticas fundadas en evidencia científica” y excluye los aportes de disciplinas imprescindibles para la rehabilitación del padecimiento mental, como la terapia ocupacional, la musicoterapia, el arte, la enfermería, la psicología, los acompañamientos terapéuticos y el trabajo social, entre otras.
– Reinstala el manicomio bajo el nombre de “hospitales especializados en psiquiatría y salud mental” y admite el aislamiento pleno de personas a quienes vuelve a considerar “enfermos” como un tratamiento regido por el “arte médico”. De igual modo, habilita tratamientos en comunidades cerradas para las personas con consumo de drogas. En la misma línea, a la hora de determinar una internación compulsiva, sustituye el requisito de inminencia del daño para sí o para terceros y reinstala el concepto de peligrosidad ya que permite una evaluación basada en riesgos potenciales.
– Lesiona y desnaturaliza el derecho a una defensa técnica de las personas usuarias, y establece que los abogados defensores deben ponderar la opinión del equipo tratante para no inmiscuirse en el esquema terapéutico, circunstancia que desoye la voz y los intereses de la persona usuaria. Además, establece que el juez designará al defensor oficial impidiendo la actuación de oficio de acuerdo a la ley del Ministerio Público de la Defensa.
– Reinstala la lógica del modelo tutelar de sustitución de la voluntad, al reconocer expresamente que una persona puede ser declarada completamente incapaz en franca contradicción con las disposiciones del reciente Código Civil y Comercial de la Nación y normas de superior jerarquía.
– Quita de la competencia del Ministerio Público de la Defensa la designación de la máxima autoridad del Órgano de Revisión de la Ley y se la adjudica al Ministerio de Salud de la Nación. De esta forma la Autoridad de Aplicación de la ley será quien designe al responsable de ejercer las funciones de control sobre sí misma. A su vez, impone una nueva conformación plenaria que desequilibra la pluralidad de sectores y favorece mayorías médico hegemónicas.
Fuente: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
