El crimen de Santiago y el periodismo: un antes y un después
El genocidio perpetrado por la dictadura cívico-militar en Argentina marcó un antes y un después para muchas instituciones, entre ellas el periodismo y los medios de masas. Hoy, con el caso Maldonado como telón de fondo y como nunca desde 1983 para acá, muchas de las empresas periodísticas cómplices de aquellos criminales vuelven a ejercitar la componenda, la propaganda encubridora y la operación informativa. Ahora lo hacen en beneficio de los terratenientes de la Sociedad Rural y de su gobierno aliado. Aún a costa de volver a encubrir un crimen de Estado.
Por Daniel Satur para La Izquierda Diario
Inseguridades
«Este tipo es abogado de los derechos humanos de los ladrones, trabaja en asesorar a los ladrones. Quiero ver hoy, eh, a los organismos de derechos humanos, a ver quién le va a dar una abrazo a La Plata. Quiero ver la marcha que van a armar mañana por esa familia, por ese abuelo y por ese padre… Dale, dale…
Desde la mesa de “Polémica en el bar” (América), la noche del lunes 6 el conductor Mariano Iúdica hablaba como un especialista en sentidos comunes (reaccionarios). Sus interlocutores lo escuchaban en silencio. Apenas hubo un par de interrupciones que le ayudaron a tomar aire.
El “tipo”, al decir de Iúdica, es el juez José Villafañe, quien quedó en el ojo de la tormenta mediática por haberle otorgado en 2015 la libertad asistida a Pepito Echegaray, el hombre acusado de asesinar a sangre fría a la niña Abril Bogado, de 12 años, el último fin de semana en Ringuelet. Un crimen aberrante, por donde se lo mire.
“Soy padre de un nene de la misma edad de Abril y la verdad que no me da empacho en decir que yo lo mataría con mis propias manos (…) El ladrón que sale armado sale a matar, no tiene mayor misterio esto, querido”, fue otra definición de Iúdica.
Claramente no será sobre el humorista, actor, camarógrafo y conductor (en ese orden se presenta en Wikipedia) sobre quien se carguen las tintas. Sólo a modo de ejemplo se lo utiliza. Porque grafica bastante bien el “estado de situación” y la tónica discursiva actual de casi todas las empresas periodísticas. Pero la culpa no es de Iúdica, sino de quien le da de comer.
La bronca contra los organismos de derechos humanos (con lo que eso simboliza), la chicana hacia quienes son defendidos por esos organismos, el pedido de pena de muerte para quien mata y de que se pudra en la cárcel para quien “todavía no mató”, son algunas de las fórmulas de un aparato ideológico consustanciado con quienes detentan el poder (económico, político y armado) de esta sociedad de clases.
«Soy una ciudadana común, no sé de derecho (…) Pero hay una realidad que es lo que se vive todos los días. La inseguridad mata sin piedad y la vida tiene muy poco valor…»
Desde la butaca de “El diario de Mariana” (Canal 13), la tarde del martes 7 la conductora sinitonizaba con Iúdica. Fue mientras conversaba con el procurador de la Provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand, quien muy lejos estuvo de cuestionarle ese cúmulo de generalidades. Por el contrario, el hombre que estudió en el colegio militar en los 70, que escaló prestigio en el Opus Dei, que en los 90 fue un versátil funcionario menemista y que hoy ayuda a Vidal en la Provincia, completó cada pregunta de Fabbiani con las respuestas deseadas.
Tan a la derecha está la agenda mediática que hasta Chiche Gelbung se da el lujo de aparentar progresista. “Estos tipos laburan con la cana ¿Por qué te creés que lo agarraron en cinco horas? Porque laburan con la cana”, le dijo Gelblung a Iúdica mientras el otro despotricaba. El viejo cómplice de la dictadura trataba de explicarle al conductor de “Polémica en el bar” que la cosa es un poco más compleja.
Caras y secas
¿Qué tiene que ver todo eso con Santiago Maldonado?. Mucho. Porque los tratamientos de ambos temas por parte de los tanques mediáticos están inspirados en la misma matriz que estructura tanto el discurso securitario como la revictimización de Santiago Maldonado, su familia y quienes exigen justicia para ellos. Son discursos que se complementan y se organizan con patrones más o menos similares.
Un detalle lo muestra en su profundidad. Desde que la denuncia de la desaparición de Santiago se viralizó, a principios de agosto, medios como Clarín, La Nación, TN, América y otros comprometidos con el Gobierno de Macri acusaron a la familia del joven y a los organismos de derechos humanos de “politizar” el caso. Sin embargo, cada artículo de esos medios referido al tema no fue abordado por las secciones Policiales o Sociedad sino por periodistas y analistas de Política. Los perros se muerden la cola.
Nadie habló en el prime time ni en primera página de la “inseguridad” de Maldonado frente al ataque represivo de gendarmes desaforados con vía libre para hacer lo que quisieran. La preocupación por el destino del joven (que “algo habrá hecho”) no entró nunca en la agenda de los “ciudadanos comunes”, esos que por el contrario sí sufren día a día el acecho de un malón de marginales malvivientes dispuestos a aniquilar la dignidad y la paz de una sociedad que paga religiosamente sus impuestos y no jode a nadie.
Pese a alguna que otra reflexión al pasar de intelectuales como Gelblung, tampoco nadie se atreve a preguntarse cómo es posible que, habiéndose multiplicado exponencialmente en las últimas décadas los efectivos, las balas, la tecnología, los móviles, el punitivismo y la restricción a las libertades democráticas de la población, la tasa de criminalidad se mantiene constante con el correr de los años.
En esas usinas de sentidos comunes se habla de “fracaso de las políticas de seguridad”, pero nunca de las condiciones materiales, garantizadas por el Estado, para el desarrollo de suculentos negocios ilegales, que son en última instancia los que producen cada día nuevas muertes en la calle y a plena luz del día.
En su libro “Por qué preferimos no ver la inseguridad” (Siglo XXI, 2017) el especialista Marcelo Saín lo dice claramente: “El Estado y sus administradores (gobernantes, policías, jueces y fiscales) regulan parte del crimen en Argentina (…) El Estado no es ajeno a la delincuencia sino que, por el contrario, avala, cuida o forma parte de ciertos emprendimientos criminales, en función de sostener una forma de gobernabilidad”. Vale recordar que Saín fue el primer jefe de la Policía se Seguridad Aeroportuaria e integró el área de Seguridad del gabinete de Felipe Solá durante su gobernación bonaerense.
De ese Estado criminal, no de factores naturales, sobrenaturales o paranormales, fue víctima Santiago. Y quieren ocultarlo.
Operación Maldonado
Es inevitable dar cuenta del nivel de incidencia que tienen los discursos mediáticos en el “humor social”. Sin embargo, la ubicación del lado de los criminales por parte del “gran” periodismo no se reduce al campo de lo simbólico-discursivo, sino que trasciende y se ubica en el terreno de lo material. El caso de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, como pocas veces, sacó a la luz el real interés de clase que poseen las empresas periodísticas. Un interés que les sale por cada poro gráfico, radial, televisivo o digital.
La defensa incondicional de los intereses de los terratenientes de la Patagonia, entre los que están Luciano Benetton, Joe Lewis, Tinelli, la familia de Marcos Peña Braun y otros afiliados a la Sociedad Rural, llevó a Clarín, La Nación y otras corporaciones a invertir en recursos y logística para sumarse a la maquinaria de propaganda oficial ante un nuevo crimen de Estado.
Periodistas de investigación con dedicación full time, móviles prestos a recorrer miles de kilómetros tras algún rumor, búsquedas a contrarreloj de datos en expedientes a los que se accede con “exclusividad”, entrevistas compradas y testimonios alquilados. Nada nuevo. Pero todo concentrado y orquestado como hace tiempo no se veía.
Además de los enviados especiales a Esquel, las gerencias financiaron onerosos informes y coberturas, casi siempre con información falsa o amañada.
Quizás el mayor ejemplo de eso sea el programa “Periodismo Para Todos” del domingo 6 de agosto, que quedará en los anales de las operaciones. Allí Jorge Lanata se dedicó a relatar supuestos atentados cometidos por la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen (sin mostrar una prueba), enmarcados en la “amenaza mapuche” que “preocupa al Gobierno”. Una amenaza, se dijo, “que llegó desde Chile y se extiende por Río Negro, Neuquén y Chubut”. En ese programa la desaparición de Santiago Maldonado (ocurrida cinco días antes) fue minimizada por Lanata y sus discípulos, apenas mencionada al pasar.
Con Lanata y el pseudoperiodista de Clarín Claudio Andrade haciendo punta, desde hace cien días las operaciones mediáticas se suceden sin parar, buscando salvar el pellejo de la Gendarmería y de los funcionarios involucrados en el caso al tiempo de insistir en el terrorismo mapuche, en la “politización” del tema y, ahora, en el supuesto ahogo cuasinatural del joven.
La mecánica no es sofisticada, aunque pasa desapercibida. Funcionarios, gerentes y periodistas acuerdan qué decir y qué no decir. Luego se lanza una “versión” desde el Ministerio de Seguridad o desde el Juzgado de Esquel o desde la Fiscalía. Enseguida el bombardeo de titulares: “Estaría en Entre Ríos”, “Habría cruzado a Chile”, “Podría haber sido asesinado diez días antes por un puestero”, “Lo habrían levantado en la ruta 40 cuando estaba haciendo dedo”. Y allí se envían cronistas y camarógrafos. La pista era falsa. Pocos días después pasa al olvido. Mientras tanto la verdad y la justicia no llegan.
Hasta se organizaron coberturas en vivo y en directo de puestas en escena plantadas por el Gobierno. La más brutal (de una larga lista) se produjo al finalizar la marcha del 1° de septiembre en Plaza de Mayo, cuando una treintena de personas sufrió detenciones ilegales por parte de la Policía macrista en medio de un show montado por los servicios de inteligencia.
En el colmo de la indignidad, se buscó despistar durante unos días con la “noticia” de que un colaborador del ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo estaba “también desaparecido”. A Oscar Alvarenga al final lo encontraron un sábado a la noche en la sala de juegos del Casino de Palermo.
Paralelamente a esos montajes, las empresas periodísticas se pegaron como la mugre a la Casa Rosada, no dando ni un paso sin el aval de Macri, Peña, Bullrich y Garavano. Cada palabra dicha por Sergio Maldonado o Andrea Antico, por la abogada Verónica Heredia, por la APDH de Esquel, por alguna Madre de Plaza de Mayo o por otros organismos de derechos humanos es revisada con lupa para descubrir supuestas fisuras o contradicciones.
Para no hablar del escarnio público y sistemático contra los únicos testigos que hasta el momento han sostenido un relato coherente y ajustado a las pruebas existentes en la causa: los miembros de la Pu Lof de Cushamen, los amigos de Santiago y los referentes de la APDH de la comarca andina.
En este último punto, es central el papel jugado por el ejército de trolls conducido desde la Jefatura de Gabinete. Como bien lo analizó el sitio Lavaca, las “granjas de trolls” de Marcos Peña actúan sistemáticamente “en la zona más oscura, con argumentos más arteros, sin el bozal de la corrección política ni profesional que, aún en apariencia, deben representar los medios corporativos”.
Botones de muestra de esa campaña antimaldonado: el lunes 9 de octubre el hashtag #SergioDondeEstaTuHermano se transformó en trending topic de Twitter. Fue después de que TN lanzó la mentira de que el hermano de Santiago se había guardado una mochila y un celular del joven desaparecido durante más de dos meses. Veinte días después una campaña en las redes llamaba a quebrar la empresa familiar de Sergio Maldonado, dedicada a la producción de té artesanal en Bariloche.
Ese maltrato se contrapone con el inexistente cuestionamiento, por mínimo que sea, a los funcionarios. Esos medios tan preocupados por la primicia nunca entrevistaron a Pablo Noceti, el jefe de Gabinete de Patricia Bullrich que comandó de principio a fin el operativo en el que se vio por última vez vivo a Santiago. Y cuando hablan con la ministra u otro funcionario, jamás les hacen las preguntas, simples y directas, que cientos de miles de personas gritan en las plazas del país y de las que la familia sigue esperando respuestas.
Ante cada nuevo dato que incomoda al Gobierno y a sus fuerzas represivas, salen en su auxilio de la forma que sea. Y necesitan como el agua que surjan nuevos hechos para desviar la atención. Sin dudas los crímenes individuales y cotidianos, cuanto más aberrantes, son una forma de lograrlo. Como el de la niña Abril Bogado, que hoy les sirve de excusa a los mercenarios de la palabra y la imagen para pegarle de refilón a quienes exigen saber en serio qué pasó con Santiago.
No son la dictadura…
Pero cómo la homenajean. El genocidio perpetrado por la dictadura cívico-militar en Argentina marcó un antes y un después para el periodismo y los medios de masas. Hubo quienes no pudieron “volver” de aquel compromiso con los criminales y terminaron sus carreras en el ostracismo. Pero también hubo quienes lograron reacomodarse en “democracia”, sin abandonar la cúspide mediática y se convirtieron en “referentes” del periodismo.
A estos últimos ni siquiera los amilanó la denuncia judicial por su complicidad con los genocidas. Ahí está, por ejemplo, la plana mayor de la Editorial Atlántida de aquella época. Sus miembros fueron denunciados por Alejandrina Barry como cómplices directos de los desaparecedores de sus padres. Sin embargo ellos nunca dejaron las redacciones y los estudios. Los que murieron lo hicieron impunes.
Y quienes siguen vivas y coleando son las empresas. Clarín, La Nación, La Nueva Provincia, El Día, La Gaceta, La Capital, La Voz, Los Andes y otros tantos diarios hoy integran multimedios y sociedades que hegemonizan la agenda pública. Ni siquiera pidieron disculpas por haber participado del sostenimiento de un régimen de exterminio. Y algunos hasta se beneficiaron económicamente con ese régimen, como con la apropiación de Papel Prensa por parte de la Nación y Clarín mediante un pase de manos arrancado en mesas de tortura.
Hoy son esos mismos medios (con algunos de aquellos mismos periodistas y muchos de sus herederos) los que volvieron a ejercitar la componenda, la propaganda encubridora, la operación informativa, la inteligencia mediática. Componenda con el Estado criminal. Propaganda en favor de los gerentes de ese Estado. Operación para las audiencias. Inteligencia contra las víctimas.
Videla, Massera, Viola, Harguindeguy, Martínez de Hoz y sus secuaces contaron desde el principio con los favores de Clarín, La Nación y otros “colegas”. Esas mismas corporaciones hoy bancan hasta la muerte a Macri, Bullrich y Noceti. Hasta la muerte ajena, se entiende.
El periodismo no es eso. Y lo demuetra el hecho de que las mentiras y operaciones de las corporaciones no fueron la única versión de los hechos que se conoce. La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Lavaca, las radios de la Patagonia como Alas de El Bolsón y Kalewche de Esquel, la revista Cítrica y el portal Cadena del Sur, son algunos ejemplos de medios que desde el principio se han posicionado del lado de las víctimas (la familia Maldonado, la comunidad mapuche de Cushamen, los organismos de derechos humanos perseguidos, los testigos que comprometen a Gendarmería).
Incluso hay periodistas que trabajan en grandes multimedios, como en C5N o Página|12, que no dudaron ni un minuto en tomar partido frente a este nuevo crimen de Estado y han aportado mucho, tanto para saber la verdad como para desenmascarar a quienes mienten.
El crimen de Santiago marcará un antes y un después para el periodismo. Sin dudas. De un lado quedarán quienes hicieron de la mentira, la calumnia, la censura y la genuflexión un apostolado en pos de bancarle la parada al Gobierno de Macri y a sus fuerzas criminales. Del otro lado, quienes bancan en serio la memoria, la verdad y la justicia. Es muy difícil que, a esta altura, de alguno de esos dos lados se vuelva. El periodismo está en disputa.
*Por Daniel Satur para La Izquierda Diario
