Datos y mitos tras 40 años de reformas laborales
El universo laboral de la Argentina se mueve en sintonía con los ciclos históricos. Desde que en 1974 nació la Ley de Contrato de Trabajo, hubo avances y retrocesos por decenas. Los procesos económicos, mientras tanto, explican a veces más que las normas.
Por Federico Dalponte para Notas
El recorte de 1976
El primer gran cimbronazo se produjo de la mano del golpe cívico-militar de 1976. Aquel año, en mayo, a menos de dos meses del arribo dictatorial, el gobierno de Jorge Rafael Videla eliminó de un plumazo 25 artículos y modificó otros 98 de la reciente ley.
Se trató de un cambio profundo en la concepción original de la normativa laboral en desmedro de los trabajadores. “Preservar el nivel de los salarios en la medida adecuada a la productividad de la economía”, había anunciado días antes, a modo de proclama, el ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz.
Pero nada de eso ocurrió. Ni siquiera el hecho de preservar el nivel de los salarios. Los desajustes macroeconómicos llevaron a una profunda pérdida del poder adquisitivo, con congelamiento de los salarios, prohibición de la actividad sindical y aumento de precios. En 1975, la participación de los asalariados en el ingreso nacional era del 43%; en 1982 ese índice pisaba el 22%.
La flexibilización de 1991
Durante la transición democrática (1983-1989) se recuperó la actividad sindical, con negociación colectiva y derecho a huelga. Pero los derechos individuales quedaron sujetos al modelo impuesto por la dictadura.
Hacia 1990, el gobierno de Carlos Menem montó así su ola flexibilizadora sobre una normativa que ya llevaba quince años de recortes. Contratos basura, pagos con tickets, eliminación de la negociación colectiva, reducción de contribuciones patronales, limitación de la huelga, período de prueba, polivalencia.
Con leyes y decretos variopintos, la flexibilización se instauró de modo salvaje. El menemismo llegó al poder con un índice de desocupación de 7 puntos. Hacia fines de 1999 esa cifra ya se había duplicado, con un pico de 18 puntos en mayo de 1995.
En el mismo sentido, hacia finales del segundo mandato menemista, sólo el 11% de los empleos creados con posterioridad a las leyes flexibilizadoras y a la reducción de las contribuciones patronales tenían garantizados una indemnización en caso de despido. El resto eran contrataciones precarias.
Ni siquiera los viejos puestos «en negro», pese a todas las facilidades, se habían volcado a la registración. El 30% de trabajo no registrado que había hacia fines de 1991, cuando entró en vigor la Ley Nacional de Empleo, llegó al 37% a la salida de Carlos Menem.
La Banelco del 2000
El paso de Fernando De la Rúa por la presidencia fue fugaz, pero dejó su marca. Curiosidades de la historia: a la reforma laboral del año 2000 se la recuerda más por su corrupción que por sus implicancias sociales.
Lo cierto es que la ley 25.250 amplió el período de prueba, descentralizó la negociación colectiva, derogó la ultraactividad de los convenios y hasta limitó el ejercicio de la huelga.
La ley de «estímulo al empleo estable», como se la tituló de manera oficial, hizo todo al revés. En el primer año de su vigencia, hasta el final del gobierno de la Alianza, habían crecido tanto el desempleo como la informalidad. Ni siquiera la ley 25.323, que incrementó las indemnizaciones ante el trabajo «en negro», pudo contrarrestar la degradación general.
El modelo económico confirmaba así una premisa básica: ningún empleo decente se genera en un país derruido.
El reordenamiento de 2004
La posconvertibilidad significó hacia 2002 una reactivación económica de duración incierta. Y en esa transición se impuso la duplicación de la indemnización por despido. Fue toda una novedad para la época. Era el anuncio tácito del fin de la flexibilización.
En los años siguientes se profundizaría ese rumbo. La primera gran reforma se sintetizó a través de la sanción de la ley 25.877 de «ordenamiento laboral». Fue derogada la ley «Banelco», se reestableció el cálculo original de la indemnización por despido, se redujo el período de prueba y se eliminaron normas flexibilizadoras introducidas en la década anterior mediante las leyes 24.467 y 25.013.
La nueva rigidez no espantó la creación de empleo. La desocupación bajó de 18 puntos a 7,5 en apenas cuatro años. Nadie se atrevió a decir que la normativa dificultaba el crecimiento.
El trabajo no registrado, mientras tanto, iniciaba en 2003 una tendencia decreciente de más de 15 puntos hasta su estancamiento actual. Allí también medió un blanqueo amplio y generoso. Uno en 2008 y otro en 2014.
Pero la imagen engaña. El ritmo de caída de la informalidad fue cuatro veces mayor entre 2003 y 2008 que en el lustro siguiente, justo después de la crisis financiera global. El blanqueo nunca gravitó.
Al parecer, como en los ciclos anteriores, las decisiones de política económica explicaron más el éxito en material laboral que las propias reformas o el manoseo de derechos.
*Por Federico Dalponte para Notas / Foto de portada: Desocupados, pintura de Antonio Berni.
