Juicio a los magistrados: la «justicia» en el banquillo de los acusados
La palabra «justicia» no se deja escribir cerca de los cómplices de la sagrada familia cordobesa. Es la primera vez que en la provincia de Córdoba se juzga a un sector civil por la complicidad en la comisión de delitos de lesa humanidad.
Carolina Vaca Narvaja vuelve al momento de detención de su padre. En las escalinatas de Tribunales Federales llevaba un amparo para Miguel Angel Mozé (detenido en ese momento en la Unidad Penitenciaria N° 1): “Él era abogado defensor de varios presos y presas políticas, lo quieren secuestrar. Él grita su nombre ¡Miguel Hugo Vaca Narvaja!, por lo cual se hace la denuncia, lo llevan a la D2 y luego lo ‘blanquean’ en la penitenciaria de San Martín. Pero jamás se arma la causa en su contra, por lo tanto dependía del Poder Ejecutivo Nacional. El 12 de agosto es ‘trasladado’ y asesinado en las inmediaciones del Chateau Carreras”.
A horas de la sentencia y tras años de lucha, Luis Miguel “Vitín” Baronetto, querellante en la causa y ex detenido de la UP1, entiende que: “El juicio culminó la larga etapa de búsqueda de justicia de la complicidad civil con el terrorismo de estado. En este caso, la que padecimos en carne propia de parte de la justicia federal de Córdoba. Por eso fue un juicio difícil, lleno de complicidades actuales y durante estos cuarenta años. Más difícil que el juicio a los genocidas, militares y policías, porque en estos casos está enraizada una condena social. Los funcionarios judiciales imputados gozan de relaciones y “prestigio” social en una parte de la sociedad que se considera intocable en sus privilegios. Esto se extiende a gran parte de la sagrada familia judicial de hoy”.
En esta dirección, Patricia Chalub, abogada de la querella, recuerda a los primeros abogados que comenzaron a actuar: María Elba Martínez y Rubén Arroyo. Este último bautizó el proceso como la causa maldita: “A raíz de apartamiento y recusaciones de funcionarios judiciales, que no querían intervenir, ya sea por amistad o en algunos casos debido a vínculos familiares con acusados”. Como reflejo de esto, los miembros del tribunal actual no pertenecen a la “Docta”. Repasemos: Fabián Falcucci, (presidente), José Camilo Quiroga Uriburu (de La Rioja) y Jorge Gallino (de Concepción del Uruguay).
A Carlos Otero Álvarez (ex secretario del Juzgado Federal N°1), Antonio Cornejo (ex fiscal federal) ,Miguel Ángel Puga (el ex juez federal N°2) , Ricardo Haro (ex defensor oficial) se les imputa la comisión de 119 hechos: incumplimiento de la obligación de promover acción penal y de los deberes de funcionarios públicos, abuso de autoridad, encubrimiento por infracción del deber de denunciar los delitos: secuestros, torturas y los homicidios de los 30 presos políticos de la cárcel de San Martín que estaban bajo su jurisdicción. Los 30 asesinatos fueron juzgados en 2010 en la causa UP1, donde los genocidas Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez recibieron condenas a prisión perpetua.
Desde la Comisión Homenaje UP1 afirman que se evidenció la complicidad de la Justicia Federal de Córdoba con el terrorismo de estado. Los magistrados conocían los crímenes, torturas y violaciones, su actitud es parte del engranaje del horror.
Carolina vaca Narvaja indica que los ex presos y presas políticas “manifiestan haber declarado, frente a los secretarios, frente a los jueces, frente a sus defensores públicos y nunca se hizo nada al respecto, anunciando muertes, de las cuales la justicia no se hizo cargo”. Mientras que, documentos con las firmas de los acusados colman la causa, como los señala Vitín Baronetto: “Las pruebas fundamentales han sido las documentales de los expedientes, donde las omisiones funcionales o encubrimientos están refrendados con la firma de los propios imputados. Y estas complicidades fueron las que ratificaron los 27 testigos en las audiencias. Por eso esperamos que las leyes encarnadas en los jueces del Tribunal hagan justicia. A eso apostamos”.
El rol que cumplió el poder judicial se cristaliza junto a la función de las cárceles: “Las víctimas estaban detenidas “legalmente” y a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en la Unidad Penitenciaria Número 1 (…) Estos asesinatos configuran una forma singular de “masacre planificada” en contra de detenidos por razones políticas alojados en la UP1. Todas estas personas habían sido encarceladas antes del 24 de marzo de 1976”. **
En la apertura del periodo democrático, los funcionarios “tuvieron la oportunidad, de denunciar y sacar de los cajones la cantidad de amparos y denuncias que se realizaron y a las cuales no se le dieron vistas» según describe Carolina dejando en claro como la impunidad aún persiste, y agrega que fue un juicio protegido por los funcionarios judiciales, en el que los acusados continúan cosechando “saludos”. Se escucha: “¿cómo le va Doctor?”, esto deja ver el margen de impunidad y de protección de la propia familia judicial.
En el mismo sentifo, Vitín recuerda que: “No ignoran las limitaciones políticas de la situación actual, a la que en forma triunfadora hicieron alusión algunos defensores de los imputados. Y más aún los condicionamientos que padecimos durante el juicio, donde tanto imputados como defensores se encargaron de hacernos ver que estaban en su propia casa. Incluso algún defensor, en las dúplicas finales, presionó en forma escandalosa anticipando fallo favorable a los funcionarios judiciales juzgados”, y señala que: “Si los jueces logran desembarazarse de estas presiones y actúan con imparcialidad, la sociedad habrá ganado una enorme cuota de credibilidad a uno de los poderes institucionales de la democracia, más desprestigiados. Esa es nuestra esperanza.
*Por Mucho Palo Noticias / Foto de portada: Colectivo Manifiesto
**Dossier Derecho a la Verdad / Derecho a la Justicia-Recorrido histórico Causas UP 1 o Alsina-Gontero
