Traslasierra: intentan construir loteo en zona protegida de San Javier
Con una audiencia pública a espaldas del pueblo, el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de San Javier pretendían autorizar un loteo a medida del legislador Oscár González. El emprendimiento inmobiliario se construiría en una zona protegida por la Ley de Bosques. La protesta de los y las vecinas logró que la audiencia programada para el viernes quede sin efecto.
Por Tomás Astelarra para La tinta
El fin de semana, vecinos y miembros de la Coordinadora Ambiental de Traslasierra (CAT) se enteraron que la Secretaría de Ambiente de la Provincia convocó a través del Boletín Oficial a una audiencia pública el próximo 3 de noviembre a las 11 en la Posada del Pucará, con el fin de que los vecinos de esta localidad del departamento San Javier analicen las consecuencias que tendrá para la zona el nuevo «Loteo Yacanto».
Se trata de un loteo de 18 hectáreas, de las cuales 14 estarían en zona amarilla protegida por la Ley de Bosques vigente, que no habilita a realizar este tipo de proyectos urbanísticos. Las imágenes satelitales muestran que el loteo coincide con Categoría Amarillo según el mapa de la Ley Nº 9814 que vectorizó la Secretaría de Ambiente entre 2015 y 2016.
El art. 10 de la Ley de Bosques expresa: “Deberán ser conservados los bosques nativos de la provincia que se encuentren en la zona perteneciente a la Categoría de Conservación I (rojo) y a la Categoría de Conservación II (amarillo), y no se permitirá cambio de uso del suelo ni desmonte, con la excepción establecida en el artículo 14 de la presente Ley.” Ningún loteo privado se encuentra en las excepciones establecidas en el art. 14 de la ley 9814. Por consiguiente, no está permitido el cambio de uso del suelo establecido para bosque nativo.
“Es un loteo que están tratando de cumplimentar de manera irregular. La trampa está hecha en esta convocatoria, que la hicieron de forma secreta, no le han dado la difusión que corresponde. Si bien se publicó en el Boletín Oficial, tiene que estar publicado en los medios masivos de comunicación tanto provinciales como locales. Al enterarnos, un grupo de vecinos nos hemos organizado para asistir a la audiencia», expuso Luis “Hueso” Jimenez, parte de la Coordinadora y ex asesor de la legislatura en temas ambientales.
Los y las integrantes de la CAT acusan que detrás del proyecto se encuentra Oscár González, hombre fuerte de Unión por Córdoba (UPC) y legislador del departamento de San Javier vinculado a numerosos proyectos inmobiliarios en la zona.
«Estamos ante un aparato político que impulsa negocios inmobiliarios. Atrás de todo esto está nuestro legislador, el señor Oscar González. La apoderada legal de este emprendimiento es su esposa, Norma Beatriz Sensei, y las hijas de Jorge David César, representante legal e íntimo amigo de González. No es difícil atar cabos”, precisó Jiménez.
A la vista, no se trata de una dinámica diferente a lo que ya ha sucedido en diferentes localidades del territorio provincial: negociados políticos, estudios de impacto ambiental truchos y audiencias públicas a escondidas. Tan escondida estaba la audiencia que cuando los vecinos se acercaron a la Municipalidad para consultar, en Mesa de entrada y el propio intendente Roberto Altamirano dijeron desconocer la audiencia.
Mayor fue la sorpresa cuando este lunes se acercaron al Consejo Deliberante, donde el presidente del mismo, Adan Dávila -dueño de la Posada Pucará donde debería realizarse la audiencia- dijo desconocer la misma y negó su realización en dicho establecimiento.
“Nosotros no somos autoridad de aplicación de la Ley de Bosque. Hay una autoridad que aplica la ley que es la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. El loteo fue aprobado en febrero del 2015 acá en el Concejo técnicamente. Nosotros no tenemos conocimiento ni gente idónea para hacer el estudio ambiental por eso se lo enviamos a Córdoba. Ahora llaman a Audiencia Pública para que la gente vaya y se exprese, pero nosotros no nos enteramos. Yo que soy dueño del Pucará ya dije que no. No tengo lugar para hacerlo. No se dónde lo harán. Fue publicado en el Boletín Oficial el 12 de octubre, pero como no leemos el Boletin Oficial todos los días nos enteramos por la publicación que hizo esta ONG”, aclaró Dávila, presidente del Consejo Deliberante de San Javier, a los vecinos e integrantes de la CAT.
Jiménez tuvo que aclarar que los Municipios y Concejos Deliberantes también son autoridad de aplicación y hasta se ofreció a pasarles una copia de la Ley 10.208 de Política Ambiental, reglamentada en octubre de 2014.
“Puede que ustedes no lo sepan, pero no los exime de la responsabilidad. Según un reciente informe de la Universidad Nacional de Córdoba, Traslasierra es una de las zonas que más está siendo desvastada por proyectos inmobiliarios. Ya hay jurisprudencia de ordenanzas que se caen. La situación nos resulta preocupante y queríamos ver de qué forma tratan ustedes estos temas. Podemos aplicar todos los criterios que queramos, pero estamos yendo sobre la ley. Si el Estado es el que infringe la ley ¿qué podemos pedir al resto de la sociedad?”, le aclaró el experto a los ediles.
“Ustedes no se pueden lavar las manos como Municipio. Tienen que ver si son zonas rojas o amarillas y no permitir que se construya”, opinó Vicky, una de las vecinas.
Davila aclaró: “Si fuera por zona amarilla o roja no podríamos construir en todo Yacanto”. A lo cual Jiménez tuvo que volver a aclarar que el derecho a la vivienda es un derecho constitucional y que construir una casa en zonas rojas o amarillas no está prohibido por la ley. “El error es permitir la urbanización”, aclaró.
“Un Consejo Deliberante no puede estar ajeno a las leyes. Si aprueban una ordenanza de un loteo en zona amarilla están contra las leyes. Con la oposición de la opinión pública, los responsables quedarán escrachados. Lo digo para que tomen conciencia del lugar que ocupan y se atengan a la leyes vigentes”, agregó el ex asesor de la legislatura en temas ambientales.
El concejal de Cambiemos, Rodrigo Murúa, aclaró que en su momento (cuando Alejandro Bustos era intendente) varios concejales se opusieron a la aprobación del loteo debido a que “era evidente un negociado”. En vez del 10% del loteo que se debería haber cedido para el espacio público (17.000 metros cuadrados), sólo se entregaron 900 metros cuadrados en La Población para la realización de una planta de gas que finalmente no se pudo construir por un problema en la distancia con las napas, por lo que el terreno hoy se encuentra inutilizado.
Terminada la reunión, lxs vecinxs se declararon indignados por la falta de competencia de sus representantes en este y otros casos de ordenamiento territorial como los loteos a gran escala y la provisión de agua para los mismos que desde hace algunos años se permiten con perforaciones. Reunidos en asamblea, decidieron mantener la convocatoria para la audiencia del próximo viernes y además presentar un recurso colectivo de amparo para pedir la nulidad de la audiencia con el argumento jurídico que ese loteo está asentado sobre zona amarilla de Bosque Nativo.
Finalmente, ante la organización y movilización de los habitantes de San Javier y Yacanto, la Secretaría de Ambiente de la Provincia resolvió este martes por la tarde dejar sin efecto el llamado a Audiencia Pública Ambiental «con el objeto de consultar el Estudio de Impacto Ambiental del Loteo Yacanto, cuyo expediente tramita con el N° 0517-022525/2017”.
* Por Tomás Astelarra para La tinta.
