Dique Chico: achicar el infierno, agrandar la lucha
Apenas a poco pasos de la resolución que prohibiría las fumigaciones a menos de 2000 metros de las viviendas, conversamos con habitantes de Dique Chico y recorremos la historia de este conflicto que cobró una dimensión inesperada gracias a los lobbystas de la agroindustria.
Por Débora Cerutti para La tinta
Pueblo fumigado
La ubicación geoespacial indica un pueblo en una de las arterias del corazón sojero cordobés. Cercano a las sierras, Dique Chico se localiza a 6 km de Anisacate, a 14 km de Alta Gracia y a 50 km de Córdoba capital. Su historia de zona de caserones de veraneo se empezó a transformar hace algunos años, cuando comenzó a crecer la población estable que hoy habita allí. Su historia de pueblo en pie de lucha ya está en boca de muchos.
El conflicto en Dique Chico inició en octubre del 2016 con las primeras fumigaciones que registraron los vecinos. Las últimas casas del pueblo, lindan con algunos campos donde se produce principalmente soja y maíz, cultivo a los que se les aplican agroquímicos.
Esto generó reclamos y movilización de los pobladores, que en 2016 armaron una nota firmada por más de 100 vecinos de la comuna (la mitad del padrón electoral), solicitándole al Jefe comunal Nilo Pérez que se analizara la situación y se revirtieran las fumigaciones. También planteaban la posibilidad de generar formas de producción agroecológicas, que no pongan en peligro la salud de los vecinos.
Todo ello, derivó en 2017 en el armado de una resolución para prohibir las fumigaciones en los campos cercanos a las viviendas, que plantea una zona de “resguardo ambiental” de 2000 metros para impedir cualquier tipo de aplicación, tanto aérea como terrestre.
No es sólo una cuestión de metros
La restricción de 2000 metros viene acompañada de una propuesta: generar políticas que ofrezcan la posibilidad de comenzar a realizar una agricultura sin la utilización de productos nocivos para la salud y el ambiente. Las prácticas agroecológicas existen y funcionan en diversos aspectos. Trabajo cooperativo, alimentos saludables, economías solidarias. Voluntad individual y patronal es lo que aquí estaría faltando para poder analizar estas prácticas como alternativas concretas.
En el 2017, el conflicto se reactivó cuando las y los vecinos tomaron conocimiento de que había varias “recetas” presentadas nuevamente para fumigar: “Pedimos esas recetas a la comuna, nos las brindaron y vimos qué cosas iban a poner. Tuvimos algunas reuniones con el jefe comunal. Nos pusimos en contacto con Darío Ávila, pensando en la posibilidad de presentar una resolución para generar una zona de resguardo hacia los vecinos de Dique Chico que contempla 2000 metros. Sabemos que incluso es insuficiente, ya que muchos de estos productos son altamente volátiles y pueden llegar hasta 4500 metros más allá de la zona de aplicación, pero será una medida muy importante en términos de prevención para quienes vivimos aquí”, nos cuenta Diana una de las vecinas miembro de la Asamblea de Vecinxs Autoconvocados.
Afirma la asambleísta que esta resolución ya se encuentra elaborada y en manos del jefe comunal y que cada día crece la expectativa de los vecinos y las organizaciones que han apoyado este proceso con este tema. Al respecto, nos dice que Nilo Pérez “está convencido de que es necesario abordar el tema y generar respuestas ante las demandas”.
Infierno grande preocupado
Un tractorazo, un acampe y un encadenamiento a la comuna fue realizado por productores rurales. La situación tomó estado público el 9 de octubre al ser difundido en medios provinciales y nacionales. La preocupación es por sus bolsillos y por el margen de ganancia que puedan obtener fumigando la soja transgénica de sus campos.
Los productores que se encadenaron junto al lobby sojero están llevando una serie de estrategias para evitar que salga la resolución que prohibiría las fumigaciones en Dique Chico. Por ello, una de sus principales tareas viene siendo deslegitimar a los sujetos que impulsan la ordenanza. Apelaron a la figura de “ecoterrorista” y le adjudicaron a las vecinas organizadas una militancia kirchnerista como descalificativo: “Hijos del modelo de CFK, devenidos ambientalistas -por negocio personal, porque de eso viven-, bancados por los impuestos que paga el trabajo rural”.
Estas son las palabras que se pueden leer en la cuenta personal de Twitter de Gustavo Mathieu, actual Prosecretario de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Trabaja en Radio Mitre, fue director y propietario de Bien de Campo y Director de Comunicación Institucional en la Facultad De Ciencias Agropecuarias de la UNC.
Mathieu estuvo “tete a tete” con los productores que se encadenaron al municipio, conversando e insultando a aquellos vecinos y vecinas que piden que no se fumiguen más sus casas, su escuela, sus patios. Las palabras agresivas del prosecretario, los calificativos peyorativos con que nombró a las vecinas y la asociación de estos con el kirchnerismo, demuestran una sola cosa: la falta de argumentos ante un conflicto que desde hace más de una década está siendo visibilizado y puesto en el tapete de lo público por gran cantidad de organizaciones sociales y pueblos fumigados.
Los efectos nefastos de los agroquímicos sobre los cuerpos y los territorios ya no pueden ser negados. Desde las fotografías de Piovanno, pasando por el juicio histórico de 2012 que condenó a un aeroaplicador y a un productor a tres años de prisión no efectiva por poner en riesgo la salud de los vecinos de Ituzaingó Anexo, hasta las investigaciones realizadas por Andrés Carrasco, por citar sólo algunos antecedentes que demuestran el daño en la vida humana y no humana de los agroquímicos.
El diálogo y el bla bla bla
Desde la gestión comunal, armaron el año pasado una serie de encuentros donde se hicieron presentes miembros del Ministerio de Agricultura y algunos especialistas para hablar del tema. «En esas reuniones se dio un diálogo con los productores también. Siempre negaron que había un conflicto con los agroquímicos, para ellos no reviste ninguna peligrosidad”, afirma Diana.
El “diálogo” se acabó cuando los productores se encadenaron y acamparon frente a la sede comunal de Dique Chico, en actitud amenazante ante la posibilidad de tener que dejar de fumigar. El “diálogo”, se intentó retomar cuando el jefe comunal, dijo que abriría nuevamente una mesa entre vecinos, autoridades, ministros y productores, sólo si levantaban el acampe. Desde aquel entonces, todo está siendo expectativa.
Visibilidad escasa, vientos fuertes
El viernes 20 de este mes, contrariamente al compromiso que habían asumido con las autoridades comunales, los productores fumigaron nuevamente los campos aledaños a las viviendas. Al respecto Enzo Dalmasso, productor de la zona, afirmó que el Área de fiscalización del Ministerio de Agricultura de la provincia se hizo presente. Según él, se encuentra amparado por la ley provincial 9164 de “Productos Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario”. Leyes hechas a la medida del modelo de desarrollo agroindustrial que hoy está en discusión.
Los sectores corporativos interpelan a las vecinas a que “demuestren” las consecuencias de las fumigaciones. Al respecto, la Asamblea de Vecinxs Autoconvocados afirmó: “No somos nosotros quienes debemos probar nada. Nosotros no utilizamos sustancias tóxicas en proximidades de ninguna persona. Hay sobradas muestras de las dificultades que genera el uso de agrotóxicos en la salud y la vida de pueblos como el nuestro”.
La lucha del pueblo chico está tomando dimensiones no esperadas por los productores agropecuarios. Ante este avance de justicia ambiental, el infierno que los acoge, se empieza a achicar.
*Por Débora Cerutti para La tinta / Imagen de tapa: Sub Coop
