Acusan de sedición al jefe de la policía catalana
La justicia española abrió una causa contra al director de los Mossos d’Esquadra por no haber actuado contra los catalanes que resistieron al intento de la Guardia Civil de impedir el referéndum independentista. La misma acusación pesa contra referentes de varias organizaciones catalanas
Por Página/12
La Audiencia Nacional de España citó a declarar al jefe de la Policía Catalana, Josep Lluis Trapero, por el presunto delito de “sedición” por no haber actuado durante una manifestación en que miles de catalanes rodearon a un grupo de integrantes de la Guardia Civil Española, que se registraban para impedir del referéndum independentista del domingo.
El hecho por el que se lo acusó al titular de los denominados Mossos d’Esquadra no ocurrió el domingo pasado, cuando las fuerzas federales españolas reprimieron y saquearon urnas en los centros de votación de distintas ciudades catalanas, sino el 20 de septiembre pasado, una multitud rodeó la Conserjería de Economía mientras la Guardia Civil la estaba registrando en el marco de las resoluciones de la Justicia central que declararon “ilegal” al comicio independentista.
Durante esa protesta, varios agentes federales quedaron retenidos durante horas. Las autoridades de la Guardia Civil aseguraron ante la jueza Carmen Lamena que ese día hubo 24 solicitudes de apoyo a los Mossos d’Esquadra, diez de las cuales eran de carácter urgente. Sin embargo, las respuestas fueron “escuetas”, indicaron.
Junto con Trapero también fueron citados a declarar los líderes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente. Según la acusación de la Guardia Civil, Sánchez y Cuixart demostraron capacidad para coordinar la protesta pero no la disolvieron.
La cuarta persona citada es la intendenta de los Mossos en el barrio barcelonés del Eixample, Teresa Laplana, quien estaba a cargo en el área donde sucedieron los hechos investigados y en el que hubo 14 detenidos. Según la resolución de la magistrada, las conductas de los manifestantes podían encajar en el delito penal de «alzamiento tumultuario», un delito que prevé una pena de hasta 15 años de prisión.
La actuación de los Mossos, al mando de Trapero, también fue cuestionada durante la celebración del referéndum del domingo pasado, ya que tenían la misión de desalojar los colegios designados por el Gobierno catalán para la votación pero se limitaron a comunicar esa orden a las personas allí concentradas. No las habrían obligado a acatar la orden.
Con los locales llenos, a lo largo de la mañana del día 1 de octubre hubo numerosas cargas policiales, por parte de la Guardia Civil y de la Policía española para desalojar los centros e impedir la votación, lo que provocó más de 800 heridos, según el Gobierno catalán, y una fuerte contestación social.
*Por Página/12.
