Salud Mental y un pedido de dignidad: inclusión laboral, social y comunitaria
Este viernes se realizará en Córdoba la 4º Marcha por el Derecho a la Salud Mental, una movilización que exige la la plena implementación de las leyes vigentes y demanda políticas públicas integrales que garanticen el derecho a la salud mental. Se da en un contexto de retrocesos y políticas regresivas en el campo de la Salud Mental y con una pregunta de fondo que resuena incluso en el Comité Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU: ¿Cómo va a hacer Argentina para cumplir con la meta de desmanicomialización para el año 2020?
Por Martín Passini para La tinta
Este año las políticas en materia de salud mental están signadas por un marcado retroceso en los derechos de las personas usuarias de Salud Mental. Muy lejos están las metas de desmanicomialización, de transformación del sistema de atención a la salud, pasando del modelo biologicista a la construcción de un sistema de atención interdisciplinaria, comunitario e inclusivo y el desarrollo de programas integrales que promuevan inclusión social, laboral y cultural.
La sanción de las leyes Nacional y Provincial de Salud Mental (2010) implicaron un viraje en las políticas públicas en la materia y se plasmó en la meta de sustituir los hospitales psiquiátricos monovalentes para el año 2020. El Estado Provincial se encuentra lejos de esa meta, y por el contrario, se ha tendido a reforzar la política de institucionalización manicomial.
El mandato de la Convención
Además, tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Provincial, están obligados a seguir el mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), que en materia de Salud Mental entre otras políticas exige la transformación del sistema de atención (pasando del modelo manicomial a un modelo inclusivo, integral y comunitario), la no discriminación e igualdad ante la ley, la consulta y participación de las personas usuarias de servicios de salud mental en la formulación de las políticas públicas y el sostenimiento de un abanico de políticas transversales que promueva el derecho al trabajo, la educación y la vida independiente en este colectivo.
A partir de la ratificación por parte de la Argentina de la Convención en el año 2008, se establece el compromiso de parte del Estado Argentino (así como las distintas jurisdicciones) de diseñar políticas y medidas que garanticen el cumplimiento de los mandatos de la CDPCD en todo el territorio nacional, lo que significa el reconocimiento, garantía y promoción del ejercicio pleno de los derechos humanos por parte de las Personas con Discapacidad y su inclusión plena en la sociedad.
Este año una coalición de 28 organizaciones de la sociedad civil del país, organizaciones sociales y Universidades Nacionales desarrolló el Segundo Informe Alternativo que da cuenta de la situación de los derechos de las personas con discapacidad desde el 2013 a la fecha.
En el marco de este informe, las organizaciones sociales de la provincia de Córdoba denunciaron que en contradicción con este tratado de derechos humanos y de la ley nacional de salud mental, la internación involuntaria continúa prevaleciendo como respuesta terapéutica, y hasta un medio para evitar que la persona quede en situación de calle, siendo ésta la conclusión en muchos procesos de externación.
Además el informe profundiza en otras deudas, como la ausencia en el ámbito provincial del Órgano de Revisión Local (ORL), que como su par nacional -consagrado por la Ley Nacional de Salud Mental- monitoree el cumplimiento de la ley y el respeto a la dignidad de las personas usuarias. También la falta de espacios de participación reales de las personas usuarias en la formulación de políticas públicas, el paso en la práctica del modelo tutelar en la toma de decisiones a uno que garantiza la igualdad ante la ley y reconoce la capacidad jurídica (presente en el nuevo Código Civil pero con profundas falencias en la práctica) y el involucramiento de políticas transversales de inclusión laboral, social y comunitaria a través de la articulación entre las áreas de salud, desarrollo social, trabajo y educación.
A partir de este informe, el 8 de septiembre pasado el Comité de la ONU emitió el documento con preguntas al Estado Argentino y las provincias. Allí solicita se informe sobre «los recursos financieros, técnicos destinados al cierre de manicomios previsto en la Ley Nacional de Salud Mental, y proporcionen información desagregada sobre los avances realizados en el proceso de desmanicomialización».
La brecha existente entre los derechos consagrados y su materialización en la cotidianeidad se traduce de manera inexorable en barreras para que las personas puedan vivir una vida digna y autónoma, sin discriminación y en condiciones de igualdad con las demás. Por eso este viernes volveremos a movilizarnos para sostener, desde las voces silenciadas de las propias personas con padecimientos mentales, esta pregunta que es una demanda, una exigencia, un derecho: ¿cuándo el Estado va a cumplir sus obligaciones de brindar un sistema de atención a la salud mental respetuoso de la dignidad de las personas? Una respuesta que el Estado le debe no sólo a la sociedad, sino también al órgano máximo de Naciones Unidas en el monitoreo de la plena vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
* Por Martín Passini, integrante del Colectivo por el Derecho a la Salud Mental, para La tinta
