¿Córdoba sin manicomios en el 2020? La dignidad es la tarea
Por Jaschele Burijovich para La tinta
La inclusión del enfoque de derechos humanos en la atención de la Salud Mental implicó una transformación radical: se restituyeron derechos a personas cuyas vidas habían sido arrasadas a partir de su reclusión en hospitales psiquiátricos.
Los derechos humanos son la expresión jurídica para proteger, respetar y garantizar una vida digna, entendida como el derecho que tiene cada ciudadano a ser valorado como sujeto, en igualdad de circunstancias, con sus características y condiciones particulares por el solo hecho de ser personas. Se oponen a la dignidad humana los tratos crueles, humillantes y degradantes, así como la desigualdad y la discriminación. Es en los manicomios, donde la dignidad es avasallada impidiendo el derecho fundamental de realizar un proyecto de vida, de vivir en forma independiente.
Las leyes de Salud Mental (Ley nacional 26657 y Ley provincial 9848) aprobadas en el año 2010 significaron manifestaciones legales para impedir cualquier vulneración de derechos y la garantía de trato digno para todos/as los sujetos con padecimiento subjetivo que deben ser especialmente protegidos por el Estado.
Sin embargo, a casi 7 años de su aprobación, persisten en la provincia de Córdoba obstáculos institucionales que no han sido removidos y políticas de salud mental cuyas acciones contrarían el objetivo de igualdad, autonomía y protagonismo para los/as usuarios/as de salud mental.
Uno de los límites más importantes es la ausencia de un Órgano de Revisión Local (ORL). A nivel nacional, ha sido creado un Órgano de Revisión en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa que tiene por objetivo proteger los derechos humanos de los usuarios/as y controlar la aplicación de la ley. Está habilitado para inspeccionar instituciones públicas o privadas de internación, evaluar las internaciones involuntarias, controlar derivaciones fuera del ámbito comunitario, denunciar ante la justicia y proteger a las personas cuando se encuentran en proceso de cuestionamiento de su capacidad jurídica. La inexistencia de un ORL que monitoree la implementación de la ley es uno de los déficit institucionales más serios en Córdoba.
La concepción con la que se sostienen las reformas en salud mental es otra de las barreras que impiden la efectiva vigencia de derechos. A nivel provincial, hegemoniza la idea de que su transformación sólo consiste en una reestructuración de los servicios de salud. Esto se ve plasmado en la redacción de algunos de los artículos de la Ley 9848 que hablan de readecuación de los hospitales monovalentes y no de su sustitución definitiva. Por otro lado, si bien expresamente se prohíbe la apertura de nuevos manicomios, en la reglamentación establece excepciones que son contradictorias con el horizonte del fin de los manicomios. Se expresa así un pensamiento más tecnocrático y menos orientado a una reforma integral ligada a la ampliación y restitución de derechos.
Si bien se observan algunos avances en las políticas de salud mental tales como la ampliación de su presupuesto, el traspaso de la atención de los consumos problemáticos al Ministerio de Salud y el aumento del rango institucional de la autoridad responsable de la aplicación de la ley (de dirección a secretaría), persisten acciones que sostienen la lógica manicomial. Entre otras, el anuncio de un nuevo complejo de salud mental que reemplazaría al Hospital Neuropsiquiátrico Provincial, graves vulneraciones de los derechos de las personas internadas en el Hospital Emilio Vidal Abal, dificultades para sostener los procesos iniciados hace una década en el Hospital de Santa María y la existencia de prácticas carcelarias en los Centros Psicoasistenciales de Córdoba y de Cruz del Eje.
Para su aplicación, los nuevos marcos normativos requieren de una red integral e integrada a los servicios de salud y un conjunto de dispositivos que den respuestas a las distintas necesidades de los usuarios/as. En relación a la red, desde el proceso de descentralización que concluyó en el año 1986, la provincia se ha desentendido del primer nivel de atención y los municipios no cuentan con los fondos suficientes como para sostener los equipos interdisciplinarios que se requieren.
Es posible constatar la escasez de dispositivos de salud mental en los territorios que permitan el ejercicio pleno del derecho a una inclusión comunitaria. Los mismos son frágiles institucionalmente y sus trabajadores/as, en la mayoría de los casos, se encuentran precarizados.
En el año 2010, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) convocó la Conferencia Regional de Salud Mental en la Ciudad de Panamá. La Declaración que allí se consensuó es conocida como el Consenso de Panamá y el aspecto más relevante de la misma fue la erradicación del sistema manicomial en la próxima década que se expresa en la frase: “La década del salto hacia la comunidad: por un continente sin manicomios en el 2020”.
A casi dos años del 2020, un análisis de las condiciones políticas e institucionales no nos permite tener una visión muy optimista. Es por esto que, desde hace cuatro años, un colectivo conformado por usuarios/as, familiares, trabajadores, estudiantes, profesionales, se manifiesta a través de la Marcha por el Derecho a la Salud Mental para seguir visibilizando cuestiones que no deben ser olvidadas, porque eso implica personas olvidadas. Este colectivo ha tomado la dignidad como tarea y, por la misma, sigue luchando.
* Por Jaschele Burijovich, integrante del Colectivo por el Derecho a la Salud Mental, para La tinta / Imágenes: Colectivo Manifiesto
