Candonga: vecinos serán querellantes contra ex funcionarios de Ambiente
El Tribunal Superior de Justicia aceptó el recurso presentado por la Asamblea de Vecinos del Chavascate, organización que nuclea a habitantes de las localidades de Agua de Oro, Cerro Azul y El Manzano del Departamento Colón, de la Provincia de Córdoba. Acusan que el ex Secretario de Ambiente, Raúl Costa, y dos funcionarios más autorizaron indebidamente a la firma Ticupil S.A. a realizar un country en una zona protegida por la Ley de Bosques 9814.
Por Redacción La tinta
Colón es un departamento de la provincia de Córdoba, ubicado al norte de la capital. Allí sus habitantes luchan desde hace muchos años para proteger uno de los principales recursos, el agua.
Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia resolvió el 15 de septiembre, hacer lugar a la Casación presentada por los vecinos y aceptarlos como querellantes particulares en la denuncia que realizaron contra el ex Secretario de Ambiente Raúl Costa y dos de los integrantes de la Comisión Técnica Interdisciplinaria de dicho organismo, los señores Anuzis y Ferrari.
Hay que recordar que a raíz de esta denuncia, dichos funcionarios se encuentran imputados en una causa por dictar la Resolución 1200/10 que autorizó un anteproyecto presentado por la empresa Ticupil S.A. para llevar adelante este emprendimiento inmobiliario, violando las leyes ambientales vigentes en el país y la provincia. Dicha causa se encuentra en etapa de Investigación Penal Preparatoria.
Asimismo, la Asamblea de Vecinos del Chavascate presentó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Primera Nominación, un Amparo Ambiental por dos obras de energía que aprobó el ERSEP (Ente Regulador de Servicios Públicos de Córdoba). Este ente ignoró la normativa Ambiental vigente y autorizó a las empresas Ticupil S.A. y Junta de los Ríos S.A. a realizar obras de energía en esa misma zona roja y en la cercanía de la Capilla de Candonga, también.
Los vecinos y vecinas se oponen a estos emprendimientos porque vulneran no sólo la normativa vigente ambiental, sino que pone en riesgo la provisión y calidad del agua potable para las tres localidades antes mencionadas.
En el año 2013 iniciaron la lucha con un amparo en contra de esta Resolución 1200, solicitando al Juez Sartori que la declare caduca por no cumplir la ley. Esta causa se encuentra paralizada y la lucha de los habitantes del Chavascate lleva más de diez años. “Peleando contra el desmonte y cinco años caminando los pasillos legales administrativos, para intentar poner freno a este atropello que vulnerando y desconociendo las leyes, quieren desconocer las graves consecuencias para los habitantes de Agua de Oro, El Manzano y Cerro azul y el gravísimo impacto ambiental social y sanitario que implicaría la radicación de estos emprendimientos”, explican los vecinos en un comunicado.
Pero también reconocen: “En estos 10 años de lucha hemos conseguido avanzar en lo legal, afianzar el trabajo en el territorio, consolidar un hermoso y diverso grupo de trabajo, y lo más importante, tener la legitimidad que nos da el reconocimiento de los habitantes de nuestras tres localidades y poblaciones aledañas».
*Por Redacción La tinta.
