Venezuela: tensiones de las organizaciones populares impulsadas desde el estado
Recientemente Edgardo Lander ha difundido un extenso artículo titulado “Venezuela: la experiencia bolivariana en lucha por trascender el capitalismo”. Mucho se ha dicho sobre la vitalidad del proceso bolivariano, entendemos que el aporte de Lander colabora a conocer tensiones, contradicciones, cierres y aperturas, útil para comprender la situación actual.
Por Edgardo Lander para ZUR
Venezuela antes del proceso bolivariano se caracterizaba por ser una sociedad con un débil tejido social, consecuencia fundamentalmente de la fuerte presencia del Estado y el peso de los partidos políticos como principales vías de canalización de las aspiraciones y demandas de la sociedad. Esta extendida presencia o control partidista se daba no solo en las organizaciones sindicales y gremiales, sino igualmente en las organizaciones estudiantiles, vecinales y culturales. Era limitada la existencia de organizaciones sociales autónomas fuera de esta red Estado/partido.
Desde el inicio del gobierno de Chávez se dieron amplias y vigorosas dinámicas organizativas y participativas en el mundo popular que involucraron a millones de personas: Mesas Técnicas y Consejos Comunitarios de Agua, Comités de Salud, Comités de Tierras Urbanas, Consejos Comunales, Comunas… Esta dinámica organizativa fue el resultado tanto de los desplazamientos políticos e ideológicos que ocurrían en el país, como de políticas públicas expresamente orientadas a promover estos procesos. Algunas de las políticas sociales fueron conceptualizadas de tal manera que para llevarse a cabo fuese necesaria la organización popular de base. Hay en esto un claro contraste con las experiencias de Ecuador y Bolivia donde las políticas públicas condujeron a la división y el debilitamiento de las organizaciones populares preexistente.
Las políticas públicas de fomento y financiamiento de diversas modalidades de organizaciones de base, en especial de los Consejos Comunales y las Comunas, han producido consecuencias contradictorias. Por un lado ha impulsado niveles de organización popular desconocidos en la historia del país y ha transferido enormes cantidades de recursos a comunidades para abordar la solución de sus problemas: vialidad, vivienda, algunas actividades productivas, etc., contribuyendo igualmente al fortalecimiento del tejido social de las comunidades.
Sin embargo, la tendencia dominante ha sido que, como resultado de la reafirmación de la histórica lógica estatista centralizadora de la economía petrolera rentista, en la medida en que las organizaciones populares tienden a depender directamente de transferencias de recursos del Estado, se han bloqueado las posibilidades de consolidación y autonomía de estas modalidades comunitarias de base como alternativa a la estructura del Estado, como espacios de experimentación de otras formas de hacer y gestionar las cosas. Las formas múltiples de organización de la sociedad no pueden ejercer control e influencia sobre la orientación de las políticas públicas a menos que cuenten con un grado significativo de autonomía. La profundización de la cultura rentista y del patrón productivo extractivista operó en contra la autosuficiencia y alimentó una concepción consumista de la calidad de vida. Adicionalmente, la corrupción asociada a las pugnas por el reparto de la renta ha llegado por esta vía también a la base de la sociedad.
Las contradicciones entre autonomía y control vertical desde el Estado se acentúan a partir de los años 2005-2007 con la definición de la revolución bolivariana como socialista.
A partir de esa época se profundiza no solo el control vertical desde el Estado, sino que se busca reducir la rica pluralidad de formas organizativas que había para transformarlas en modalidades organizativas estandarizadas. Se aprueban un conjunto e nuevas leyes y se crean nuevas instituciones destinadas a promover lo que se denominó el Poder Popular. Finalmente en el año 2009 se crea el Ministerio del Poder Popular para las Comunas. Estas leyes e instituciones, lejos de promover al poder popular en términos de autonomía y capacidades de autogestión, parecen haber sido expresamente diseñadas para incrementar el control estatal sobre estas organizaciones. En lugar de incrementar la transparencia, todos los niveles de la administración pública se hicieron más opacos.
Las leyes de los Consejos Comunales y de las Comunas especifican con gran detalle el propósito de estas organizaciones, cómo deben estar estructuradas y las atribuciones específicas de cada parte de la organización. Estas normas detalladas sugieren que estas organizaciones son concebidas como parte de la estructura del Estado. Esta ambigüedad está reflejada en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 que se refiere al poder popular tanto como si fuese una rama del Estado que se tiene que relacionar con otras ramas del Estado, y como algo externo al Estado que tiene que preservar una relación de equilibrio con el Estado.
Como consecuencia de este nuevo andamiaje institucional y de las concepciones políticas que lo orientan, se produce una reducción de la rica diversidad de formas organizativas que se habían creado en los años anteriores, en la medida en que fueron presionadas para adaptarse a las nuevas modalidades organizativas estandarizadas iguales para todos. Con esto termina de consolidar la primacía de la mirada normalizadora desde el Estado sobre la multiplicidad de la experimentación social.
Dada la plena primacía de la lógica redistributiva sobre la lógica productiva, predominaron las relaciones clientelares entre Estado y organizaciones populares. En la transferencia de recursos del Estado a las comunidades el énfasis ha sido mayoritariamente en la solución de problemas inmediatos de la población, no en la producción ni en cambios estructurales. Esto tiene como implicación el que, sobre todo en el ámbito urbano no se incorporasen, en la mayor parte de las experiencias, las cuestiones referidas a otras modalidades de producción y consumo.
En consecuencia, no se cuestiona el modelo de desarrollo petrolero dependiente ni la lógica rentista, ya que es precisamente ese modelo el que hace posible que ese tipo de relación entre Estado y organización popular pueda mantenerse. El peso de la llamada economía social sigue siendo insignificante.
A pesar de los millones de personas involucradas en estos procesos organizativos, el tejido solidario de la sociedad, dada su dependencia de los recursos del Estado, en su conjunto terminó teniendo mucha fragilidad. En un proceso político que reivindicó durante años los valores de la solidaridad y la promoción de múltiples forma de organización popular de base extendidas por todo el país, podría haberse esperado que la respuesta a la crisis hubiese sido una de solidaridad, de creación colectiva ante la nueva situación. Este no ha sido el caso. Las respuestas que han dominado han sido de carácter pragmático individualista y competitivo. Las significativas transformaciones en la cultura política popular de años anteriores, los sentidos de dignidad, las subjetividades caracterizadas por la auto confianza y el entusiasmo con relación a sentirse parte de la construcción de un mundo mejor, con la crisis, entran en dinámicas regresivas, expresión del severo proceso de erosión que han sufrido el tejido social solidario y los valores éticos en esta sociedad en los años de crisis.
Buena parte de las organizaciones sociales de base creadas durante estos años se han debilitado, tanto por la carencia de los recursos estatales de los cuales se habían hecho dependientes, como por el creciente deterioro de la confianza en el gobierno y en el futuro del país. Como caso extremo, algunos de los llamados colectivos en Caracas que habían surgido como grupos en defensa del proceso bolivariano se han convertido directamente en grupos armados delincuenciales que controlan territorios y están involucrados en el tráfico de drogas y alimentos. Otras organizaciones populares debaten sobre cómo continuar operando en este nuevo contexto.
A pesar de las dificultades y obstáculos, existen, en estos tiempos de profunda crisis, muchas experiencias de base, que si bien son minoritarias, se han nutrido de la politización y activismo que ha atravesado a la sociedad venezolana en estos años, para llevar a cabo procesos comunitarios de una extraordinaria riqueza y autonomía. Son, en este sentido, ejemplos vivientes de lo posible hoy en el campo popular.
Después de casi cuatro lustros del proceso bolivariano, la organización social popular autónoma más importante del país sigue siendo la red de cooperativas, Organismo de Integración Cooperativa CECOSESOLA, que tiene como centro de operaciones la ciudad de Barquisimeto. Se trata de una muy amplia red de cooperativas de ahorro, producción agrícola, servicios de salud y funerarios, y muy especialmente, realiza actividades de distribución de alimentos que articulan a productores y consumidores. Involucra a decenas de miles de personas como socios o beneficiarios. A lo largo de sus décadas de vida y con continuados procesos de reflexión, debate y experimentación, han logrado modalidades de organización y gestión genuinamente horizontales y democráticas con una muy limitada división del trabajo, los afiliados participan en la más amplia gama de responsabilidades. Todas las decisiones son tomadas en asamblea. Esta experiencia ha contado con un amplio reconocimiento internacional.1 Hay un contraste fundamental entre esta forma horizontal de organización construida a lo largo de cinco décadas de debates y experimentación, y múltiples organizaciones verticales creadas por decreto por el gobierno bolivariano.
A pesar de permanentes referencias genéricas a “los trabajadores” en el discurso bolivariano como sujeto activo, ni los trabajadores, ni los sindicatos han desempeñado un papel central en los procesos de organización popular de estos años. Esto tiene que ver, como se señaló arriba, con el hecho de que el proceso bolivariano se ha caracterizado más por sus políticas distributivas que por transformaciones productivas. Las organizaciones de base territorial han sido, de lejos, mucho más importantes que las organizaciones basadas en los centros de trabajo. El papel de los sindicatos ha sido bastante marginal, incluso han sido limitadas las negociaciones de los trabajadores públicos con el Estado. Los aumentos salariales han sido otorgados en la mayor parte de los casos por la vía de decisión gubernamental unilateral. En su conjunto, los sindicatos no solo se encuentran severamente debilitados, sino que, muchos casos, han pasado a operar más como mafias armadas, que como organizaciones en defensa de los intereses de los trabajadores. Este ha sido el caso en algunos sindicatos de la construcción y de la minería.
*Por Edgardo Lander para ZUR / Artículo completo en Rebelión.org.
1.Colectivo de autoras y autores de Cecosesola, “Venezuela: La red cooperativa Cecosesola Una experiencia de transformación cultural”, ¿Cómo transformar? Instituciones y cambio social en América Latina y Europa, Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, Fundación Rosa Luxemburg, Quito, 2015.
