Córdoba: coimas y connivencia entre empresa contratista y gobierno municipal
En cordobés a las grandes coimas a funcionarios se las llama “aforos”. Así lo puso de manifiesto un divorcio y reclamo por desapoderamiento matrimonial, que derivó en una denuncia sobre hechos de corrupción y cohecho. En esta se apunta la connivencia de la empresa contratista Ciar S.A. con altos funcionarios municipales del gobierno de Cambiemos, que encabeza el intendente Ramón Mestre. La ex esposa de uno de los dueños, Luciano Merino, señaló además que hay cobertura judicial para no investigar el caso. Por ello denunció al fiscal anticorrupción de Córdoba ante el jury de enjuiciamiento. Por su parte, La Voz del Interior del grupo Clarín aportó blindaje mediático, al negarse a cubrir esas causas judiciales, aduciendo que podría parecer una “operación política” antes de las elecciones.
Por Guillermo Posada para Striptease del Poder
En mayo pasado se presentó en tribunales de Córdoba una denuncia generada desde las entrañas de una de las principales contratistas de la obra pública en la ciudad, afirmando que funcionarios de la Municipalidad de Córdoba habrían cobrado coimas por el 20% del valor de la construcción del “Nexo cloacal de la avenida Duarte Quirós”, la ampliación de la red de cloacas en barrio Alberdi, financiada con fondos nacionales.
La denuncia se originó a partir de una controversia familiar por un presunto desapoderamiento de bienes, en el marco del divorcio entre Carina Cravero y Luciano Merino, hijo de Carlos Merino, dueño de la constructora cordobesa Ciar S.A.
Cravero se presentó en Tribunales, patrocinada por el abogado Marcelo Touriño, para reclamar que las empresas, donde figuraba Luciano Merino como propietario, habían transferido sus bienes a otras empresas creadas a tal efecto y dirigidas por testaferros, con el fin de no dividir la mitad de los bienes gananciales de la sociedad conyugal. Y aseguró, en ese marco, que los Merino comentaban habitualmente en la mesa familiar el alto costo de las coimas que cobran los funcionarios municipales para que la firma Ciar acceda como contratista a la obra.
Touriño es un abogado prestigiado en el foro local, doctor en Derecho Internacional y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, que ha llevado adelante resonantes casos de corrupción política y judicial, entre ellas la causa por enriquecimiento ilícito del ex gobernador Eduardo César Angeloz.
Ciar es una de las empresas contratistas de obra pública que más despliegue está mostrando en la ciudad, surfeando la cresta de la ola de obra pública macrista, que el intendente Ramón Mestre anunció para esta campaña electoral, maremoto constructivo que el diario La Voz del Interior (Clarín) calculó en diciembre pasado, en 5 mil millones de pesos.
Carlos Merino, jefe del clan familiar, conduce la empresa junto a sus hijos Luciano y Sebastián, que no limita su ámbito de acción a la capital provincial, sino que también anuncia obras públicas en las ciudades del interior Río Cuarto, Villa María, Villa Carlos Paz, La Calera o Embalse Río Tercero. Con histórica presencia en las comisiones directivas del Club Atlético Talleres, Merino también acredita la ejecución de refacciones en el estadio “La Boutique” que el club tiene en Barrio Jardín.
En su presentación a la Justicia provincial cordobesa, Cravero, madre de dos hijos de Luciano Merino, denuncia que éste y su padre “han procedido a efectuar un vasto conjunto de maniobras destinadas, por una parte, a desapoderar al patrimonio de la sociedad conyugal (…) en perjuicio directo tanto de la denunciante como de sus dos hijos menores, y por la otra, a defraudar a las administraciones públicas tanto de la provincia cuanto del Municipio de Córdoba”. Los hechos fueron ratificados por Cravero ante Striptease del Poder.
La denuncia recayó por sorteo en la fiscalía cordobesa de Distrito 3 Turno 6, a cargo de Carlos Matheu, que dio curso a la investigación preliminar y posteriormente resolvió partir la causa en dos ámbitos diferenciados: el desapoderamiento pasó a la Fiscalía de Asuntos Complejos, a cargo de Enrique Gavier, y la investigación sobre las coimas, bajo la figura de cohecho, a la Fiscalía Anticorrupción de Córdoba, que conduce Hugo Amayusco.
Coimas, corrupción y estafa al Estado
Cravero apuntó a un alto funcionario de la Secretaria de Economía Municipalidad, de apellido Romero, como el que habría recibido las coimas para que Ciar resultara contratista de la obra para realizar el aliviador cloacal, en una zona de la ciudad donde los vecinos sufren desde hace años las inclemencias de los desbordes permanentes de las cloacas. La obra se adjudicó en 18 millones de pesos.
A la postre, el funcionario sería identificado por el fiscal Matheu como Hugo Romero, secretario de Economía y Finanzas de Mestre, imputado bajo el cargo de ‘cohecho agravado’. Funcionario de estrecha confianza del intendente Mestre.
La denunciante aseguró a Striptease del Poder que “yo escuchaba en las conversaciones familiares que ellos pagaban coimas a funcionarios importantes de la municipalidad, pero llamándolas bajo el eufemismo de ‘aforos’. Recuerdo concretamente la obra del ‘Nexo cloacal de la calle Duarte Quiros’, cuando escuché a mi ex suegro hablando con su hijos de lo caro que le salía este aforo. Ubicaban en un 20% el pago del aforo, o sea de la coima”.
Para ello adjuntó las planillas de simulación de pago “que los Merino utilizan en los sistemas contables internos de todo el grupo”, donde figura el ítem ‘aforo’ constituyendo un 20 % del valor de la obra. La denuncia comparó la utilización del concepto ‘aforo’ que utiliza Ciar con la sigla DGI, que identificaban los pagos de coimas de la empresa Odebrecht, según confesaron dueños, gerentes y funcionarios de la corporación brasilera a la justicia norteamericana.
A su vez, la presentación judicial incluye la denuncia de una “mecánica defraudatoria” de parte del clan Merino, que funciona de manera binaria: por un lado lo hacen mediante sobreprecios en acuerdo con los funcionarios municipales; por el otro, lo hacen omitiendo cumplimentar con la totalidad de la obra licitada.
De esta forma, la denuncia habla de “groseros sobreprecios licitados y facturados al Estado Municipal por parte de CIAR. S.A. y consentidos por aquel”, donde el grosor de las capas de cemento no son los exigidos en los pliegos de licitación, o la producción de las cuadrillas de obreros supone un rendimiento bajísimo para los estándares de la construcción, duplicando el tiempo de la obra y aumentando al menos un 50% el costo final.
A su vez, se afirma que los costos de los materiales para el llamado ‘Nexo cloacal de Alberdi’ tienen sobreprecios del 47%. En definitiva, los Merino “solían manifestar entre ellos cómo ‘inflaban’ los volúmenes de rubros (vale decir que al ‘sobreprecio’ le suman una ‘sobremedición’), todo con el concurso criminal de funcionarios infieles de la Municipalidad de Córdoba”.
En aras de defender su patrimonio, ante lo que califica como un desapoderamiento “para dejar a sus hijos sin nada”, Cravero describe en su denuncia, con aporte documental específico para cada acusación, “las manifiestas anomalías contables y dinerarias destacadas” que elevan el precio de licitación “en un 50 % por arriba de lo que un buen administrador debería haber aceptado como económicamente real y legalmente válido”.
Sobre este punto, la denuncia concluye describiendo la conducta del grupo Merino como “idéntica con las cometidas por Lázaro Báez, las cuales, al socaire de la incestuosa relación política entre empresarios de la construcción y los administradores del Erario Público, establecen licitaciones amañadas y cartelizadas; ello a los fines de enriquecer las arcas de malos empresarios y políticos deshonestos mediante sobre precios y exagerados sobrecostos”.
Al referirse a la cartelización, Cravero sostiene que la licitación de la obra de barrio Alberdi jamás debió ser concedida “atento a que la ‘competidora’ de CIAR, la empresa Pablo Augusto Federico, ha integrado e integra UTE (…) con su aquí ‘competidora’ CIAR S.A. para la realización de la obra ‘Desagüe de la calle Bunge’, de desastrosos resultado tal cual aquí acredito y que tuviera repercusión mediática atento a la pésima ejecución de la construcción”.
Por último, la denunciante reclama a la Justicia que investigue esa obra “atento a que respecto de la misma, oí idénticas conversaciones entre Luciano Merino, su hermano Sebastián y su padre, Carlos Merino y este Sr. Federico, el cual estuviera privado de su libertad a principios de este año por evadir los timbrados y gabelas municipales, en lo que en estricta verdad fue un ‘llamado de atención’ que el poder político efectuó a sus ‘proveedores de gastos de campaña’ para aquietarlos y domeñarlos (someterlos)”.
A consecuencia de la denuncia y del testimonio de Cravero, Striptease del Poder intentó que los Merino dieran su propia versión de los hechos, pero distintos contactos con la empresa y con uno de sus abogados no lograron un resultado positivo.
Fiscalía Anticorrupción: un pozo ciego para las denuncias
A principios de mayo, la causa de ‘cohecho agravado’ llegó a manos de la fiscalía Anticorrupción, que concentra todas las causas por corrupción en el Estado para que profundice la investigación que Matheu había iniciado, con imputaciones y pesquisas que determinaron, por ejemplo, cómo Ciar S.A. movía su documentación interna entre distintos domicilios.
El abogado Touriño reclamó que se realicen rápidamente, varios allanamientos a las sedes de Ciar S.A. para rescatar documentación de la firma. Pero el fiscal Hugo Amayusco paralizó la acción, mientras requería mediante oficio a la Municipalidad de Córdoba el expediente de la obra ‘Nexo cloacal de Duarte Quiros’. Atento a que la denuncia acusa de connivencia a la empresa presuntamente corruptora con funcionarios corruptos, esta medida del fiscal sólo sirvió según el letrado, para poner en aviso a los Merino de la investigación en ciernes, permitiendo que hicieran desaparecer la documentación esencial para probar el cohecho.
Recién un mes y medio después, y ante los sucesivos pedidos de acción, Amayusco realizó uno solo de los allanamientos, donde obviamente no encontró prueba alguna. Como resultado de ello, el abogado Touriño presentó a principios de agosto un pedido de jury del fiscal Anticorrupción ante la Comisión de Enjuiciamiento de la Legislatura, argumentando que la falta de acción en tiempo y forma del fiscal hace imposible que se efectúe la investigación con un final acorde al pedido de justicia.
“El no-proceder del fiscal Amayusco supuso múltiples y reiterados pedidos verbales de este letrado a los fines que aquellas imprescindibles medidas probatorias fueran llevadas a cabo con la mayor premura posible, máxime cuando el fiscal ya había, objetivamente, alertado a los denunciados al solicitar el expediente principal en donde constan las maniobras de una licitación amañada y con groseras tasas de sobrefacturación sin disponer los allanamientos que sabía, desde su experiencia, correspondían conforme estricto derecho”, describió Touriño en su escrito acusatorio.
De esta manera, entre una firma que ganaría licitaciones amañadas, funcionarios que no cumplirían sus obligaciones de cuidar las arcas públicas ni controlar que las obras se ejecuten según los pliegos licitatorios, y una justicia anticorrupción que no actúa a posteriori, el caso da cuenta de un círculo perfecto de enriquecimiento y corrupción que debería poner en alerta a todos aquellos que dicen luchar por la decencia y contra el saqueo de las arcas públicas.
No obstante La Voz del Interior del grupo Clarín, se negó a dar trascendencia pública al caso, aduciendo según Touriño, que podía parecer una operación politica previa a las elecciones. Consideración que en sus ediciones evidencia no tener en manera alguna, en relación con otras fuerzas políticas con las que está enfrentado.
Por eso, la acusación sostiene que Amayusco en “su inacción deliberada ha impedido colectar la prueba necesaria para establecer la verdad real respecto de los hechos denunciados. Nunca podremos saber la magnitud e importancia de la prueba que debió ser habida de inmediato, tal la celeridad que exigen, particularmente, las causas por delitos económicos en las cuales el poder de los involucrados (poder político, económico, judicial, de prensa, etc.) es de tal envergadura que la rapidez y la diligencia con que se actúen, significa a menudo la diferencia entre que los delincuentes vayan presos o permanezcan lozanos en su tranquila y obscena impunidad”.
Al mismo tiempo que presentaba la denuncia en la Legislatura, Touriño pidió el apartamiento de Amayusco de la causa, mientras prepara otra denuncia sobre la corrupción en la obra pública municipal.
*Por Guillermo Posada para Striptease del Poder / Foto de portada: Colectivo Manifiesto.
